A poco más de un año de
haber entrado en vigencia la nueva ley estatutaria de salud en Colombia, puede
verse que el ´paciente´ no ha mejorado nada y en el mejor de los casos todo
sigue igual, o sea, muy mal; si no es que se ha que ha empeorado. Es decir, el
paciente ya salió de su fase crítica, pero no porque mejoró, sino porque entró
a la fase terminal.
Este año de vigencia de la ley[1] ha
demostrado que la fiebre del paciente no estaba en las sábanas y que la nueva ley -que pretendía mejorar el acceso a
los servicios de salud de los colombianos y que consagra la salud como un
derecho fundamental- se quedó en pañitos de agua tibia que no solucionaron el
problema de fondo.
No hace falta que una ley declare la
salud como derecho fundamental -eso lo dice la Constitución Política de
Colombia-, lo que se precisa es que la realidad se corresponda con esa
declaración de principios, o sea, que el sistema esté estructurado para la
atención al derecho fundamental a la salud y no para prestar un servicio que se
brinda mejor a quien más posibilidades económicas tiene.
En otras palabras, se precisa que el
sistema vea al ser humano como a un paciente al que hay que darle atención
digna en correspondencia con su derecho fundamental a la salud, y no como un
cliente que está pagando por un servicio. Es
decir, es necesario un cambio de enfoque en el sistema de salud en Colombia,
aparejado con un cambio estructural, que no propició la ley estatutaria 1751 de
2015.
Se supone que dicha ley facilitaría el mejoramiento en el
acceso a los servicios de salud, cosa que no ha ocurrido en estos 14 meses de
vigencia. Igualmente, con la entrada en vigencia de la ley se eliminarían las
autorizaciones para las atenciones de urgencias, pero simultáneamente se
estandarizó en cinco niveles el procedimiento del Triage, que es el sistema de
selección y clasificación de pacientes en urgencias.
También con la ley se buscaba fortalecer el control de
precios a los medicamentos, al confirmar la atribución del Estado para ejercer
inspección, vigilancia y control al sector farmacéutico, y a decir verdad, en
ese sentido algo se ha hecho. Sin embargo,
la calidad de los medicamentos no solamente depende de criterios científicos y
del control gubernamental, sino también de la ética empresarial, generalmente ausente
en las multinacionales farmacéuticas movidas por un desmedido ánimo de lucro. De
ahí la importancia de que en este tema haya una permanente vigilancia ciudadana
y de la opinión pública.
Igualmente consigna la ley, la autonomía médica, es
decir, pide a los profesionales de la salud que hagan su trabajo con
autorregulación, ética, racionalidad y evidencia científica. Sin embargo, en la
práctica siguen constreñidos a dar una atención ´integral´ al paciente en tan
sólo 10 minutos, a recetar con criterios economicistas de ahorro para la EPS y
no buscando lo mejor para el paciente, y a remitir a los especialistas y mandar
exámenes costosos sólo en casos extremos.
En resumidas cuentas, la Ley Estatutaria de Salud implica el reconocimiento
social de un derecho esencial para garantizar la dignidad humana y la igualdad
de oportunidades de los ciudadanos, pero es algo que se queda en el papel,
mientras sigue la crisis de las instituciones prestadoras de los servicios de
salud, IPS.
Desde la semana pasada la Clínica León
XIII -otrora emblemática institución del Seguro Social en Medellín y hoy propiedad
de la IPS Universitaria- solo atienda urgencias
vitales porque la IPS Universitaria tiene problemas de
flujo de caja y altos
niveles de cartera vencida[2].
Se déficit mensual es estima en unos $22.000
millones de pesos y por la falta de flujo de caja no se ha pagado a proveedores
y se requieren $9.000 millones para pagar el recurso humano (A los empleados se
les adeuda el mes de febrero).
En un comunicado informaron que “en enero la IPS
Universitaria facturó servicios por valor de $42.030 millones de pesos y
recibió pagos por $26.055 millones de pesos. En febrero la facturación ascendió
a $47.244 millones de pesos y las entidades responsables de pago giraron tan
sólo $27.224 millones de pesos”.
La situación financiera de la Clínica León XIII es
el reflejo de lo que viven las clínicas y hospitales del país, debido a que las
entidades que administran los ´clientes´ (pacientes) no les pagan por la
atención que les brindan y por eso estas instituciones están al borde del
cierre o dejan de prestar servicos esenciales para los usuarios, que siempre
terminan pagando ´los platos rotos´.
De acuerdo con un estudio sobre la cartera hospitalaria aplicado a 140
Instituciones Prestadoras de Salud, y elaborado por la Asociación Colombiana de Hospitales y Clínicas,
ACHC, la deuda que a junio de 2015 tenían las
EPS del régimen contributivo y subsidiado, los entes territoriales,
el Fosyga y otras entidades del Estado, con las IPS era de $5.8 billones de pesos, con
un incremento del 10.1% con respecto a la deuda del semestre anterior.
La edición 34 del estudio de cartera hospitalaria señala que las EPS del régimen contributivo son las que
concentran la mayor responsabilidad con un 38% de la deuda general hacia
las instituciones hospitalarias ($2.1 billones), seguidas por las EPS del
régimen subsidiado con un 32.9% y El Estado, incluidos los entes territoriales
y el Fosyga con el 9.3%. Esta cifras quieren decir solamente una cosa, las IPS
atienden a los pacientes lo mejor que pueden con sus menguados recursos, pero
nadie les paga.
La cuestión de fondo, como bien lo ha advertido en reiteradas ocasiones
el senador por el Polo Democrático Alternativo, Jorge Robledo, es que el
sistema de salud en Colombia fue privatizado al acoger el modelo neoliberal del
Consenso de Washington Los gobiernos de turno desde Gaviria, se dedicaron a entregarle
a los privados, entidades y empresas estatales (Telecom, Flota Mercante
Grancolombiana, Bancafé, el Seguro Social y más recientemente Isagén).
Dice Robledo que bajo esta óptica, para privatizar la salud, el Seguro Social fue calculadamente destruido, le
dejaron los pensionados y los cotizantes pasaron a los fondos privados de
pensiones. Y en el caso de la salud fue lo mismo, dice el senador Robledo: “Las
EPS le raponearon al Seguro los pacientes menos problemáticos, digamos, y le
dejaron los pacientes de alto costo, los más viejos, las enfermedades
catastróficas. El propósito era arruinar al Seguro Social y lo arruinaron. Y no
solo lo arruinaron, sino que después le arrebataron las clínicas, compradas
todas a menos precio”[3].
En consecuencia, para acabar con el desangre
financiero de clínicas y hospitales es preciso revertir el modelo y que el
Estado atienda su mandato constitucional de velar por el derecho a la salud de
los colombianos -asociado al derecho fundamental a la vida- y no lo delegue en
empresas privadas que aplican un criterio mercantil y de negocio, por lo tanto
lo que buscan es maximizar beneficios económicos, por encima de cualquier
consideración, incluso la vida de seres humanos.
[1]El presidente Santos le dio vida
con su firma el 16 de febrero de 2015.
[2]
se suspendieron los procedimientos
quirúrgicos electivos, ayudas diagnósticas, traslado interno de
pacientes y radiología, entre otros.
[3] Intervención del
senador Jorge Enrique Robledo en el debate al ministro de la Protección Social,
Mauricio Santa María, sobre el sistema de salud, 3 de mayo de 2011. Disponible
en: http://www.moir.org.co/La-Ley-100-no-es-para-la-salud.html
Muy buen art´ciulo
ResponderEliminarEste es un asunto mi apreciado colega Jaime Alberto, con tantos enredos medianamente explicados por cada quien desde su óptica (no siempre con sana visiòn) que, siguiendo tu analogía, podrìa decirse que es un paciente terminal con fallas severas en todos sus órganos vitales.
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