miércoles, 20 de abril de 2016

Tibias acciones gubernamentales e institucionales para el cuidado del ambiente

En medio de la secuelas de los recientes terremotos de Ecuador y Japón, que se suman a los registrados durante este año -de menor intensidad- en Taiwán y Andalucía (España), así como fuertes inundaciones por lluvias en otros países, se celebra este viernes el ya tradicional Día de la Tierra[1], que es un día para rendir homenaje a nuestro planeta, reconocerlo como nuestra madre (Gaia)  y como nuestro hogar, así como lo han expresado distintas culturas a lo largo de la historia, demostrando la interdependencia entre los distintos ecosistemas de la tierra y los seres vivos que la habitamos.

Terremoto Ecuador. Cortesía.

Desde el punto de vista doctrinario, mucho se ha avanzado en materia ambiental en estos 46 años, desde que se celebró el primer Día de la Tierra (el 22 de abril de 1970), especialmente a partir de la década del 90. Por ejemplo, en 1991, el programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), el Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF) y la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN) elaboraron una estrategia llamada 'Cuidando el planeta Tierra' y proyectaron una estrategia global fundada en el cuidado ambiental.

Para ello se formularon nueve principios de sostentabilidad, que son:
1.                  Construir una sociedad sustentable.
2.                  Respetar y cuidar la comunidad de los seres vivos.
3.                  Mejorar la calidad de la vida humana.
4.                  Conservar la vitalidad y la diversidad del planeta Tierra.
5.                  Permanecer dentro de los límites de la capacidad de soporte del planeta.
6.                  Modificar actitudes y prácticas personales.
7.                  Permitir que las comunidades cuiden de su propio medio ambiente.
8.                  Generar una estructura nacional para integrar desarrollo y conservación.
9.                  Constituir una alianza global.

El sexto principio (Modificar actitudes y prácticas personales) se ve reflejado en la toma de conciencia por parte de muchas personas en el mundo que han modificado hábitos y costumbres. Hoy utilizamos bombillos ahorradores (Alógeno), pues consumen 80% menos de energía que un incandescente; estamos pendientes de los escapes de agua, usamos pilas o baterías recargables en todos los aparatos que las requieran, evitamos comprar aerosoles o spray en cuya composición haya gases clorofluorcarbonados que afectan la capa de ozono, utilizamos estufas a gas en vez de eléctricas, no dejamos la llave del lavamanos abierta mientras no cepillamos los dientes.

Todo ello es importante y está en concordancia con el cuidado que todos debemos tener por nuestro hogar, el planeta Tierra. Sin embargo, las acciones de los gobiernos  y organismos multilaterales, no van a la misma velocidad y en últimas pareciera que importaran más las ganancias de las grandes multinacionales -cuyo accionar sobre el ambiente es más devastador- que lograr el equilibrio ambiental y climático del planeta.

Prueba de ello es el llamado acuerdo de París de diciembre del año pasado, que aunque logró por primera vez el compromiso de todos los países del mundo de reducir la emisiones de gases contaminantes y fortalecer las acciones de recuperación del clima, fue el fruto no solo de dos semanas de intensas reuniones, sino de cuatro años de negociaciones globales entre funcionarios de los 195 países firmante del acuerdo.

Si bien el acuerdo de diciembre fue calificado como histórico por el secretario general de Naciones Unidas, Ban Ki-moon - y lo es-, es un poco tardío si se tiene en cuenta que desde 2009 las naciones desarrolladas habían prometido movilizar US$100.000 millones anuales hasta el año 2020, desde fuentes tanto públicas como privadas, para ayudar a los países en desarrollo a limitar sus emisiones de gases de efecto invernadero y adaptarse a inundaciones, olas de calor y al aumento del nivel del mar.

Como si fuera poco, desde el 2010, en la Cumbre del Clima de la ONU realizada en México, se adoptó como objetivo limitar el aumento del promedio de las temperaturas a menos de dos grados Celsius sobre las de la época preindustrial, un nivel que a juicio de científicos podría ser un punto de inflexión para el clima. Sin embargo, muchas naciones vulnerables dicen que un aumento de 2 grados Celsius pondría en peligro su propia existencia si los niveles del mar se elevan y han presionado para establecer una meta de 1,5 grados, como quedó finalmente en el acuerdo de París.

Mucho antes de que se iniciaran las conversaciones de París, estaba claro que las promesas hechas por 186 naciones para frenar las emisiones de gases de efecto invernadero más allá de 2020 (la columna vertebral del acuerdo de París), eran demasiado débiles.

Como si fuera poco el compromiso del acuerdo de París, se puede quedar en buenas intenciones plasmadas en un papel, pues, sus decisiones no son vinculantes. Sin embargo, es un avance indiscutible -por lo menos en el papel- que el texto de 31 páginas vincule la suerte de las grandes potencias emisoras de gases de efecto invernadero, como Estados Unidos y China, a la de las pequeñas islas del Pacífico amenazadas por la subida del nivel de los océanos[2].

El Acuerdo de París reemplazará a partir del 2020 al Protocolo de Kioto y debe sentar las bases para la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero, lo que hace soñar con un mundo sin combustibles fósiles. Además, plantea enormes retos para el sector energético, pero al mismo tiempo grandes oportunidades para los que apuesten por las energías limpias.

Terremoto Ecuador. Cortesía

¿Qué es el cambio climático y por qué importa?
El cambio climático es una alteración radical y brusca de los equilibrios medioambientales producto de la interacción entre el hombre y la naturaleza. Desde la revolución industrial empezó a aumentar la temperatura del planeta, debido a la quema de combustibles fósiles (petróleo, gas y carbón), cuyas emisiones se quedan atrapadas en la atmósfera y generan un efecto invernadero. Según WWF (World Wildlife Fund for Nature; en español, 'Fondo Mundial para la Naturaleza')[1], el aumento en la temperatura del planeta es grave, porque altera las condiciones climáticas óptimas que necesitamos para vivir. Se estima que en un escenario de aumento de la temperatura del planeta de 4ºC la vida humana sería muy difícil.

Explica la WWF[2] que con el aumento de la temperatura, se están derritiendo los polos, el nivel del mar aumenta y las poblaciones  costeras se ven afectadas. Además, la agricultura va a sufrir y podría haber una crisis alimentaria, al tiempo que se incrementarán los  riesgos a la salud por la propagación de algunas enfermedades. 

Según la ONU, Colombia es el tercer país del mundo más vulnerable al cambio climático. Su agricultura, sus ecosistemas, su seguridad alimentaria, sus fuentes de agua, sus ciudades van a enfrentar cambios críticos.

El cambio climático tiene efectos tanto directos (sequías, inundaciones, temperaturas extremas, etc.) como indirectos que influyen en las dinámicas sociales y culturales de las poblaciones. Estos traen como consecuencia impactos altamente negativos en la salud ambiental global.

Los efectos indirectos, tales como el aumento de la frecuencia de temperaturas extremas, los cambios en la ecología de vectores (como la malaria, zika, dengue, chikungunya, etc.), el acceso a una buena calidad de agua y alimentos, así como la degradación de ecosistemas, son los responsables del mayor número de casos de afección a la salud en países latinoamericanos, dijo recientemente la ONU.


[1] Por  iniciativa del senador  estadounidense Gaylord Nelson, su promotor, el Día de la Tierra se celebra desde 1970, cada 22 de abril.
[2] China es el primer emisor de gases de efecto invernadero del mundo; Estados Unidos, el segundo; la Unión Europea, el tercero; India, el cuarto.
[3] WWF es una de las mayores organizaciones internacionales de conservación de la naturaleza. Fue creada el 29 de abril de 1961. Su sede central está en Gland, Suiza, y cuenta con oficinas en más de 80 países del mundo.

miércoles, 13 de abril de 2016

Superindustria en Colombia, un ente de vigilancia y control que quiere más dientes

Con el fin de poner al país a la altura del estándar internacional en la materia, la Superintendencia de Industria y Comercio propuso para aumentar la proporción de multas por atentar contra la libre competencia.  La iniciativa, que desde agosto de 2015 hace trámite en el Congreso de la República, pretende que en Colombia se aplique el modelo internacional que establece sanciones sobre porcentaje de utilidades, ventas o patrimonio para las empresas que atenten contra la libre competencia y abusen del consumidor[1].

La libre competencia, uno de los principios pilares del capitalismo, se puede entender como el conjunto de esfuerzos que desarrollan las empresas (agentes económicos) que, actuando  independientemente, rivalizan buscando la participación efectiva de sus bienes y servicios en un mercado determinado. La Constitución Nacional establece el principio de libre competencia como un derecho radicado en cabeza de todos los ciudadanos que supone responsabilidades y está sometido a los límites que establezca la ley.

El artículo 333 de la Constitución Nacional establece los principios de libertad de empresa, libre competencia y libertad económica. "La actividad económica y la iniciativa privada son libres, dentro de los límites del bien común. Nadie podrá exigir permisos previos ni requisitos, sin autorización de la ley. La libre competencia es un derecho de todos que supone responsabilidades. La empresa, como base del desarrollo, tiene una función social que implica obligaciones. El Estado fortalecerá las organizaciones solidarias y estimulará el desarrollo empresarial. El Estado, por mandato de la ley, impedirá que se obstruya o se restrinja la libertad económica y evitará o controlará cualquier abuso que personas o empresas hagan de su posición dominante en el mercado nacional”. Agrega que "la ley delimitará el alcance de la libertad económica cuando así lo exijan el interés social, el ambiente y el patrimonio cultural de la nación."

Es plausible esta iniciativa para endurecer las multas, que desde hace algunos años -hay que reconocerlo- son cuantiosas en Colombia. Es decir, la Superintendencia de Industria y Comercio ya tiene dientes, pero este ente de vigilancia y control quiere más dientes.

Casos recientes como con los del papel higiénico, los cuadernos y el azúcar -por mencionar algunos- en los que se ven involucradas grandes compañías que parecieran intocables, solo son producto del cumplimiento de la misión de la entidad y del acatamiento de lo estipulado en la Constitución Política de Colombia y la nueva normatividad existente en el país para proteger al consumidor[2].



Pablo Felipe Robledo del Castillo[3] entendió que la Constitución es aplicable a todos y que la ley no es solamente ´para los de ruana´. Por eso, como en ninguna otra época, la superintendencia ha sido protagonista, al adelantar investigaciones impensadas en otros tiempos. Dichas investigaciones ponen en entredicho a grandes empresas -incluyendo a poderosas multinacionales que antes eran intocables- pues, más allá de lo que arrojen las pesquisas sobre su culpabilidad o no, podrían verse afectadas en su imagen corporativa por el sólo hecho del anuncio de la apertura de las investigaciones.

Azúcar, cuadernos y papel higiénico
La gestión de Robledo no solo será recordada por la multa de $320.000 millones que, en primera instancia, le impuso a 12 ingenios azucareros, sino por haberle puesto la lupa a los acuerdos anticompetitivos y a la cartelización en el sector empresarial, como es el caso de los  productores de papel higiénico y los fabricantes de cuadernos.

En el caso del papel higiénico, durante más de 14 años cinco empresas manipularon los precios de este producto básico de la canasta familiar[4]. La Superintendencia de Industria y Comercio imputó pliego de cargos a las reconocidas empresas Productos Familia, Kimberly, Papeles Nacionales, Drypers y Papeles de Risaralda. Si una de esas empresas resulta culpable tendrá que pagar hasta $60.000 millones, mientras que las personas responsables deberán cancelar de su bolsillo unos $1.200 millones.

Entre tanto, el cartel de los fabricantes de cuadernos operó  desde 2001 hasta 2014, e involucraba a marcas como Norma, Scribe y Kiut, de la colombiana Carvajal y las extranjeras Kimberly y Scribe. Sólo Carvajal y Scribe acaparan el 61,7% del mercado de cuadernos en el país, según la SIC, y facturaban a 2014 más de $1.4 billones de pesos al año.

Las multas para las empresas, en caso de encontrarlas responsables, pueden ascender hasta los $68.945 millones (100.000 salarios mínimos) y, a su vez, las personas naturales podrán ser multadas en su conjunto con hasta $1.379  millones (2.000 salarios mínimos). Actualmente corren los 20 días hábiles para que los investigados presenten sus descargos. Luego, se convocará al Consejo Asesor de Competencia que emitirá su recomendación al superintendente, quien tomará la última decisión. 

Millonarias multas
De concretarse esas millonarias sanciones, elevarían la cifra récord de la entidad en este aspecto. Y es que la Superintendencia de Industria y Comercio, en sólo sanciones económicas ha impuesto cerca de $200.000 millones, la más alta cifra en la historia de la entidad.

Son muchas las empresas, nacionales y extranjeras objeto de onerosas multas por incumplimiento de la normatividad vigente en Colombia. Sobre Comcel recayó una multa de $87.750 millones por abuso de posición dominante; al Grupo Nule una de $32.420 millones por acuerdo indebido en contratación pública; y la Empresa de Energía de Boyacá -también por abuso de posición dominante- fue sancionada con $4.754 millones, para sólo mencionar los casos más notorios.

Además al multimillonario mejicano Carlos Slim (y su empresa Telmex), por incumplir condiciones fijadas en la autorización de una integración empresarial, le ha tocado pagar $10.767 millones. Igualmente, la SIC intervino en el caso de la constructora antioqueña CDO -del ex gobernador Alvaro Villegas Moreno- y en sentencia judicial ordena a la sociedad Alsacia (integrante del Grupo Empresarial CDO), reembolsar a 64 propietarios de apartamentos del edificio Continental Towers de Medellín, más de $13.380 millones equivalentes al 100% del valor global pagado por los inmuebles más la indexación correspondiente.

Todas estas acciones dan cuenta de la muy buena labor de la Superintendencia no solo para proteger la libre competencia, sino también para poner en vigor todo  el desarrollo normativo existente en Colombia para proteger al consumidor y que regula las relaciones de consumo que nacen en la cadena de comercialización de bienes y servicios entre productores, proveedores y expendedores. Aquí se incluyen, entre otros aspectos  el manejo de información personal (Habeas Data), fallas en un producto o de baja calidad, problemas en la prestación de un servicio, información engañosa, incumplimiento de incentivos ofrecidos, financiación de compras e inconvenientes con el precio de un producto o el pago de un servicio[5]. Dichas acciones ponen de relieve también que con un superintendente como Pablo Felipe Robledo, los colombianos sienten alivio de que por fin alguien ha salido en su defensa de una manera seria y contundente.




[1] En la mayoría de los países europeos las multas alcanzan el 10% sobre ingresos o ganancias de las empresas.
[2] Desde el 12 de abril de 2012, la Ley 1480 por la cual se expide el Estatuto del Consumidor, se ha convertido en la principal ´arma´ de miles de colombianos insatisfechos frente a la adquisición de bienes y servicios. 
[3]Abogado pereirano, especialista en Derecho Procesal Civil. Fue asesor del Congreso de la República, director encargado de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado. Asumió como viceministro de Justicia en el año 2010 ante el Ministro de Justicia de aquel entonces Germán Vargas Leras. Desde el 2 de octubre de 2012 fue designado como Superintendente de Industria y Comercio por el Presidente Santos.
[4] El negocio de los papeles de aseo supera el billón de pesos al año, de los cuales el 74% es para el papel higiénico, 11% para las servilletas, 10% para pañuelos para cara y manos, y  el 5% para papel de cocina.
[5] Otras áreas de la protección al consumidor son la Metrología legal y los reglamentos técnicos.

miércoles, 6 de abril de 2016

Facebook, Twitter e Instagram: Redes virtuales para la socialización y no redes sociales

Hoy en día, muchos hombres y mujeres, no conciben su vida sin los diferentes aditamentos que proporcionan los avances en tecnologías digitales de información y comunicación (TIC), y que les permiten estar ´conectados´ prácticamente a cada momento. 

Ello es posible gracias al mismo desarrollo de la tecnología, pues internet ha evolucionado en los últimos 15 ó 20 años. De la llamada  web 1.0 que ofrecía un entorno estático, con páginas en estructura htlm[1], a la llamada web 2.0[2], que incluye aplicaciones que permiten la colaboración entre usuarios y nuevas herramientas o servicios para ordenar y procesar la información disponible.

Es lo que se conoce popularmente como como redes sociales (Facebook, Twitter e Instagram, entre otras) pero que más correctamente deberían denominarse redes virtuales,  o mejor  -para mi gusto- redes socio-técnicas, acogiendo la terminología de Manuel Castells[3].

Por qué redes virtuales y no sociales
Aunque frecuentemente se utiliza el término redes sociales para aludir a las conexiones y contactos que se establecen aprovechando la red internet y los desarrollos de las TIC, la denominación no se circunscribe solamente a este ámbito, ya que las redes sociales han existido desde antes del desarrollo de la informática y la virtualidad.

Desde el punto de vista sociológico se pueden definir las redes sociales como “(…) un conjunto bien delimitado de actores -individuos, grupos, organizaciones, comunidades, sociedades globales, etc- vinculados unos con otros a través de una relación o un conjunto de relaciones  sociales” (Lozares, 1996, p. 108)[4] y que son trascendentales en la conformación de la estructura social.

Bajo esta concepción, los actores sociales (individuos, empresas, grupos o colectivos sociales) establecen vínculos o lazos relacionales, que pueden ser personales -amistad, respeto, consejo-, de transferencias de recursos -bienes, dinero, información-, conexiones físicas, relaciones formales u organizacionales. Esas relaciones pueden ser en forma de diada (relación específica entre dos actores), de triada (conjunto de tres actores y sus relaciones),  subgrupo (extensión de los dos anteriores), o de grupos (relaciones entre sistemas de actores).

Esto en lo que toca a la vida cotidiana de los seres humanos, que se estructura tanto en el espacio como en el tiempo, y en la cual la experiencia más importante entre los individuos se produce en situaciones ‘cara a cara’, considerada por los sociólogos como el prototipo de la interacción social y del que se derivan los demás:



Sin embargo, los desarrollos tecnológicos han dado lugar a otros tipos de socialización humana, en las que es prácticamente imposible ese contacto ‘cara a cara’ pese a que algunas aplicaciones permitan por ejemplo, las video-llamadas. No obstante, no se puede desconocer que la virtualidad y las TIC, no solamente producen nuevas formas de construcción de comunidades sociales, con un espectro más amplio, sino también de elaboración de la cultura, como bien lo resalta Ana Sacristán[5].

Es por ello, que la esfera pública trascendió el espacio físico y se instaló en ese espacio virtual del que nos habla Alejandro Monsiváis[6], un espacio que es posible gracias al desarrollo de internet y las TIC, que posibilita la interacción de personas que no necesitan concurrir a un lugar físico, sino confluir en la red virtual a través de diferentes dispositivos y herramientas como las redes socio-técnicas o redes virtuales.

Se puede decir que así como no hay una separación tajante entre la vida privada y la vida pública[7], para los ciudadanos de hoy no es clara tampoco esa separación entre la realidad física o material y la realidad virtual. Las dos están en relación constante y se influyen mutuamente. Es decir, el servicio de la web 2.0 se basa en el traspaso a la red de unas relaciones que existen en la vida real.

Qué son  y que posibilitan las redes virtuales
Las redes virtuales o socio-técnicas las podemos definir de manera sencilla como sitios web que permiten crear una ficha con nuestros datos personales y/o profesionales, y posibilitan entrar en contacto con otros usuarios, a su vez interesados en establecer contacto con nosotros.

A través de ellas, o estando en ellas, se  pueden establecer relaciones de todo tipo. Estar vinculado a una de estas redes le abre la posibilidad a la persona de encontrar a otros con los mismos intereses, necesidades, preocupaciones, gustos e incluso orientaciones políticas.

Los ´beneficios´ individuales que perciben quienes participan de las redes socio-técnicas, son entre otros, el entrar a formar parte de una comunidad con la que se identifican y con la que tienen intereses comunes, compartir experiencias vitales, comunicarse y hacer o renovar amistades, colaborar y compartir conocimientos, buscar trabajo, e incluso manifestar sus orientaciones políticas. Al respecto, García, Del Hoyo y Seco (2013), precisan que “su carácter abierto, su falta de sujeción a las fronteras, el bajo coste económico y esfuerzo subjetivo así como el ingente volumen de información que circula permiten que la movilización y participación juvenil y adolescente se multiplique” (p 97)[8].

Estas redes socio-técnicas, se fundamentan en una filosofía denominada de seis grados (popularizada por el sociólogo Duncan Watts en 1967) y que básicamente consiste en considerar que cualquier persona en el planeta puede estar conectada a través de una cadena de conocidos que no tiene más de cinco intermediarios, es decir, conectados con solo seis enlaces.

Entre las redes socio-técnicas existentes Facebook es la  más usada en el mundo, es la  más popular entre los jóvenes y tiene unas características particulares frente a las demás, pues permite a sus miembros establecer un espacio público, entendido como aquel lugar que permite el debate, el diálogo y la construcción de opinión pública.

Algunas cifras dan cuenta del impacto de Facebook, especialmente entre la población joven. Según Facebakers.com[9] en octubre de 2012, Facebook llegó a los 1.000 millones de usuarios, de los cuáles más de 600 millones eran usuarios móviles. Brasil, India, Indonesia, México y Estados Unidos figuraban como los países con más usuarios.

De acuerdo con el Latinobarómetro del año 2103 en América Latina el uso de Facebook se duplicó en los últimos tres años, al pasar en promedio del 19% en 2010 al 38% en 2013. Colombia aparece con una penetración[10] promedio del 41%.

Según cifras del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, Mintic, Colombia ocupa el lugar número 14 a nivel mundial con 15.799.320, siendo así el cuarto país latinoamericano con mayor número de usuarios en Facebook, superado solo por Brasil (35.1 millones), México (30.9 millones) y Argentina (17.5 millones).

La firma consultora SEO Colombia[11], que analiza el posicionamiento de las compañías en la web, precisa que la mayoría de usuarios registrados en Facebook en el país está entre los 18 y los 24 años (34% del total de usuarios registrados), sigue el rango etario de 25 a 34 años (26%) y finalmente usuarios entre 16 a 17 años de edad (13%) para un total del 73% de los usuarios de entre 16 y 35 años. La minoría está representada por usuarios que se encuentran entre 13 a 15 años (10%), 35 a 44 años (9%), 45 a 54 años (5%), y usuarios entre 55 a 64 años (3%).

No es aventurado entonces considerar -aunque quizás muchos no compartan esta apreciación- que las redes socio-técnicas como Facebook están cambiando, o por lo menos incidiendo, en nuestras formas de relacionarnos en la vida real, de lo cual hay estudios realizados desde disciplinas como la antropología, la sociología y la comunicación, entre otras.  Con el auge de las TIC y las posibilidades que abren las redes virtuales o socio-técnicas, se ha ido transformando la sociedad y reconfigurando nuestros espacios de socialización, de privacidad, de empleo (Hoy incluso existe en el país la modalidad de Teletrabajo).

Es innegable pues la importancia que como espacio de socialización tienen las redes socio-técnicas y su fuerte impacto en la sociedad postmoderna, que es inestable, superflua, desterritorializada y policéntrica, como la caracterizara Zygmunt Bauman[12].



[1]Sigla de HyperText Markup Language (Lenguaje de marcas de hipertexto), es un estándar que sirve de referencia para la elaboración de páginas web estáticas, donde los usuarios se limitan a la observación pasiva de los contenidos. Por el contrario un sitio Web 2.0 permite a los usuarios interactuar y colaborar entre sí como creadores de contenido.
[2] El término fue propuesto en 2004 por el irlandés Tim O´Reilly en una conferencia.
[3] Castells, Manuel. (2009). Comunicación y Poder. Madrid, Alianza Editorial. 
[4] Lozares, Carlos. (1996). La teoría de redes sociales. Universidad Autónoma de Barcelona, Departamento de     Sociología. Barcelona (España). Paper 48, pp 103-126.
[5] Sacristán, Ana (ed.). Et al. (2011). Sociedad del Conocimiento, Tecnología y Educación. Madrid. Ediciones Morata.
[6] Monsiváis Carrillo, Alejandro. ¿Qué es la esfera pública?. Texto preparado para el Diccionario de Estudios Culturales (en prensa), julio de 2006. 
[7] Arendt, Hannah. La condición humana. México. 1993.  Editorial Paidós.
 [8] Del Hoyo Hurtado, Mercedes; García Galera, María del Carmen y Seco, José Alonso. La participación de los jóvenes en las redes sociales: finalidad, oportunidades y gratificaciones. Análisis Monográfico, No Extra 1. Madrid.,  2013. Pp 95-110.
[9] www.facebakers.com/media/set/ (Consultado el 28 de enero de 2014)
[10] La penetración es el incremento del uso de Facebook en proporción  al tamaño de la población.
[11] Datos tomados de la investigación de Paola Alejandra Alvarado Castillo: “Impacto de las redes sociales sobre las variables de decisiones de los agentes”. (Julio de 2012).
[12] Bauman, Zygmunt (2003). Modernidad Líquida. México, Fondo de Cultura Económica.

miércoles, 30 de marzo de 2016

La reforma tributaria estructural golpeará a los más pobres

El otro gran reto que tiene el Gobierno Nacional este año  -aparte de la firma de los acuerdos de paz y la refrendación de los mismos por parte de los colombianos- es la presentación al Congreso del proyecto de ley para sacar adelante la llamada Reforma Tributaria Estructural, que es urgente para nivelar la economía dadas las negativas consecuencias de la caída de los precios internacionales del petróleo, la devaluación del peso y el abultado déficit fiscal.

El proyecto sobre la Reforma Tributaria Estructural será presentado en el segundo semestre de 2016 para estudio y discusión en el Congreso de la República. En consecuencia la reforma quedaría totalmente implementada en el curso del período 2016-2018.

Desde ya el debate promete ser candente puesto que se han escuchado voces  a favor y en contra. Las primeras consideran que aunque la situación fiscal es complicada, el tema de la reforma tributaria es ineludible; mientras que quienes están en contra, sostienen precisamente que problema fiscal, la problemática social y la caída en la inversión[1], harían que una reforma tributaria -que contempla entre otros aspectos el incremento del IVA y el impuesto a las entidades sin ánimo de lucro- fuese nefasta para el bolsillo de los colombianos.

Tras la divulgación del reporte de la Comisión de Expertos Tributarios, los analistas se entregaron a la compleja labor de estimar cuánto podría aportar una reforma tributaria como la planteada por la comisión. Anif por ejemplo, estimó en primera instancia que podría aportar cerca de 2% del PIB por año de nuevo recaudo.

Sin embargo, más allá del cálculo o el análisis matemático-financiero del recaudo que se puede obtener, es bueno mirar cuáles son los segmentos productivos y poblacionales sobre cuyos hombros recaerá el peso de ese recaudo.

En ese sentido, dos mensajes de fondo deja la misión de expertos. El primero, que el recaudo adicional es mejor conseguirlo por la vía de impuestos indirectos como el IVA[2], sobretasa a los combustibles y  el Gravamen a los Movimientos Financieros (4 x 1.000), que por la vía de impuestos directos: como renta y riqueza, ya que gravar excesivamente el capital puede desestimular aún más la inversión. Segundo, que los impuestos directos son más eficientes y su efecto en los sectores menos favorecidos de la población puede ser compensado a través de una red de protección social.



Claramente se observa el sesgo neoliberal de la Comisión de Expertos, al considerar prioritaria la protección del capital por encima de eventuales efectos negativos desde el punto de vista social. Según la propuesta, los bienes que quedarían excluidos de IVA son: educación y salud; transporte público de pasajeros; la venta y alquiler de inmuebles con destino residencial; rendimientos financieros y los consumos mínimos vitales de agua potable, energía, gas y telefonía fija. Todos los demás que aparecen en el estatuto tributario, como excluidos, pasarían a pagar IVA de 5% (Allí están, entre otros, verduras, frutas, miel, granos, medicinas, el asfalto, etc).

Con un IVA del 10% quedarían gravados otros bienes y servicios como computadores, celulares, servicio de internet para los estratos 1, 2 y 3 y los servicios públicos para consumos más allá del mínimo vital. Y a la tarifa general de 19% quedarían gravados intangibles como software, compra de marcas, patentes y franquicias, la medicina prepaga y las comisiones y cobros por servicios del sector financiero. El mensaje de fondo es que la base de productos del IVA deberá ampliarse para que aumente el recaudo.

Para enfrentar el debate político que genera la propuesta de gravar productos y servicios básicos de la canasta familiar, la comisión considera que el país ha evolucionado de manera importante en el gasto social, a través de programas como Familias en Acción y todos los de protección que lidera el Departamento de la Prosperidad Social. Ese es el principal argumento esgrimido para justificar el aumento en las tarifas y productos gravados con IVA que afecta a sectores de menor ingreso. Es decir, se supone que ese efecto negativo será compensado a través de gasto social, lo cual no parece un argumento muy sólido ante la delicada situación fiscal.

De antemano se sabe que cuando hay recortes presupuestarios[3], todos los programas sociales se ven afectados, aunque el presidente Santos diga en sus declaraciones que no. Igualmente, hay que tener presente que no solamente los sectores más pobres de la población se ven afectados por reformas tributarias de ese tipo, sino que golpean fortísimo también a la clase media, que además no tener nutridas fuentes de ingresos (en muchos casos solamente su salario), generalmente está excluida de los beneficios de los programas sociales del gobierno.

Mientras el nuevo recaudo provendrá de los impuestos indirectos, el contemplado revolcón a los tributos directos para modernizar su estructura, tendrá un efecto neutro sobre el recaudo, pues éste ni aumentará ni caerá, porque la premisa es que la tributación no debe desestimular la inversión.

En este sentido, la propuesta de la comisión se centra en eliminar la estructura del impuesto a la renta, el Cree y sus sobretasas, para reemplazarla por un Impuesto a las Utilidades de las Empresas (UIE), cuya tasa debe quedar entre el 30% y el 35%. El argumento de la comisión es que el actual sistema ha generado muchas inequidades e ineficiencias, pues el esquema vigente contribuye poco a la redistribución del ingreso y grava mucho la inversión.

Por otro lado, a la clase media ya golpeada por el aumento del IVA, las sobretasas a los combustibles y el 4 x 1.000, se le asestaría oro duro golpe, ya que se propone que los colombianos empezarían a pagar el impuesto de renta no desde los $3 millones, como ocurre hoy, sino a partir de $1.5 millones mensuales.  La comisión señala que para estos rangos con rentas bajas, la tarifa promedio iría desde 2.5% hasta 4%. El objetivo de esta propuesta es, claramente, aumentar la cantidad de personas que declaran y pagan el impuesto.

También se propone mantener la tarifa de 10% para ganancias ocasionales por herencia, y de 20% para loterías, rifas y juegos de suerte y azar. Sin embargo, se incluiría una nueva tarifa de 15% para la ganancia por venta de inmuebles y otros activos, porcentaje que igualmente se aplicaría al impuesto por dividendos.

En Conclusión, si nos atenemos a los tecnicismos de la lógica de la economía liberal (neoliberal), la propuesta que diseñó la comisión de expertos parece sensata y, de implementarse, podría significar un avance para el sistema tributario colombiano, pero si la miramos desde la óptica del impacto social, se ve que será claramente perjudicial y desventajosa para las personas de menores ingresos  y la clase media asalariada. Desde ese punto de vista hay que decir que el ambiente político es desfavorable para sacar adelante la reforma, porque con un gobernante jugando todo su capital político a la paz, no parece muy viable, ya que el mayor recaudo que se pretende se sustenta en tributos indirectos como el IVA, con cuyo aumento sufren más los sectores de menores capacidades de ingresos.




[1]La inversión extranjera directa en Colombia cayó un 37% en los dos primeros meses de 2016 respecto al año anterior. Ver artículo en el diario El Colombiano del 29 de marzo de 2016. Disponible en http://www.elcolombiano.com/negocios/economia/inversion-extranjera-directa-cayo-en-primeros-meses-de-2016-HL3827191
[2] El IVA quedaría con cinco grupos definidos: no gravados (hoy excluidos), categoría de gravados a 0% (hoy exentos), y categorías de gravados a 5%, a 10% y a 19%. 
[3] El año pasado el gobierno Santos hizo un recorte de $8.5 billones en el presupuesto de esa vigencia y el 22 de febrero de este  año, luego de un Consejo de Ministros, se anunció otro recorte de $6 billones para la vigencia de 2016.