La guerrilla no es el principal problema de Colombia, es la corrupción

Aunque quizás la mitad de los colombianos no esté de acuerdo con el proceso de paz con las Farc -por lo menos los que se identifican con el pensamiento del Centro Democrático- el resto de los nacionales anhela la paz y por eso respalda las  negociaciones de La Habana, pese al traspiés surgido la semana pasada a raíz de la presencia en un mitin de jefes negociadores de la guerrilla junto a hombres armados en La Guajira[1].

No obstante, quienes respaldamos el proceso de paz, no podemos ser ingenuos y tragarnos enterito el manido discurso del presidente Santos, según el cual al firmar un acuerdo de paz con las Farc, quedarán resueltos, como por arte de magia, los problemas más graves y sentidos de Colombia. La economía dejará de presentar crecimientos tan mediocres como los de ahora, la contratación de obras por parte del Estado ahora sí será transparente, las EPS van a brindar atención digna y oportuna a los pacientes hoy vistos como clientes, se acabará la cartelización en las empresas para manipular los mercados y los precios al consumidor,  se dejará de perseguir y asesinar a sindicalistas y activistas de derechos humanos y se desaparecerá la corrupción en las instituciones públicas.

En primera instancia hay que tener presente que lo que se pacte en La Habana entre el gobierno y las Farc, no es el final, sino el principio de una larga carrera para lograr en Colombia una sociedad más justa y equitativa, con procesos verdaderamente democráticos y oportunidades para las clases de menores recursos. En segundo término, el proceso de paz seguramente es un paso en la dirección correcta, pero debe servir para que el gobierno y todos los colombianos centremos la atención en otros asuntos trascendentales como la recuperación de una ética pública que oriente el accionar de todos los funcionarios, que ante todo son servidores públicos.

Positivo es que se firme un acuerdo de paz, eso es indiscutible, porque supone el término de casi 6 décadas de violencia fratricida. La firma de un acuerdo es también positiva porque posibilitaría -por lo menos teóricamente- que graves problemas como el de la corrupción estatal (reflejada de mil maneras), concite el interés nacional y sea tenida en cuenta por la opinión pública, que ya no tendrá esa ´cortina de huno´ creada por la dirigencia política y económica de este país, que muestra a las Farc y a la guerrilla en general como el principal problema de Colombia.

Es indiscutible que desde hace más de 50 años la guerrilla ha generado desestabilización económica, pérdida de recursos estatales, ha propiciado grandes desplazamientos de campesinos y masacrado a miles de personas inocentes. Pero, además, ha hecho que sea la justificación perfecta para el que el Estado asigne grandes cantidades de recursos como proporción del PIB -cuyos manejos no han estado exentos de corrupción- para tener los equipos bélicos necesarios para que la fuerza pública combata a los insurgentes y trate de exterminarlos. Como eso no ha sido posible, es saludable que se negocie con la guerrilla (en este caso concreto con las Farc) y se le abra a esa organización alzada en armas un espacio de participación política.

Sin embargo, quedan asuntos tan graves por resolver como el de los paramilitares devenidos en las Bacrim y la delincuencia común en las grandes ciudades, problemas que hay que abordar a fondo y de manera integral para derrotarlos. No obstante, me atrevo a decir, que el principal problema de Colombia no es la guerrilla como se quiere hacer ver desde el discurso institucional, sino la corrupción, que hunde sus raíces en los albores de la Independencia y el nacimiento de la república y al parecer se ha enquistado, no sólo en la clase política y económica, sino en la misma sociedad colombiana. De ahí que un presidente de Colombia[2], alarmado por los altos niveles de corrupción, dijera que había que llevarla a sus justas proporciones, es decir, que roben pero poquito, que no se note.

Cortesía El Espectador

El top 10 de los casos de corrupción

Independientemente del gobierno de turno, son tantos los casos de corrupción en el país, que quedan en los registros de los noticieros de televisión como meros hechos noticiosos matizados por los goles de los futbolistas colombianos, los casos curiosos de la Costa Caribe, las excentricidades de la farándula criolla o internacional y los problemas en el servicio de Transmilenio en Bogotá.

Sin embargo, en septiembre de 2013, el diario el Espectador[3], se dio a la tarea de recoger en una investigación periodística los 10 casos más sonados y trascendentales de la corrupción en Colombia (hasta ese momento), los cuales representaban cerca de $4 billones y más de 100 implicados en los sectores de infraestructura, transporte, energía y social. La lista es la siguiente:

Caso 10: Agro Ingreso Seguro

Entidad afectada: Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural.

Monto estimado: $12.700 millones

Caso 9: Empresa de Energía de Pereira (Enerpereira)

Entidad afectada: Empresa de Energía de Pereira

Monto estimado: $64.700 millones.

Caso 8: Coomeva EPS

Entidad afectada: Ministerio de Salud.

Monto estimado: $146.900 millones.

Caso 7: Transmilenio calle 26

Entidad afectada: Instituto de Desarrollo Urbano (IDU)

Monto estimado: $156.000 millones.

Caso 6: Vía Bogotá-Girardot

Entidad afectada: Agencia Nacional de Infraestructura (ANI)

Monto estimado: $170.800 millones

Caso 5: Recursos parafiscales de la salud

Entidad afectada: Ministerio de Salud

Monto estimado: $224.000 millones

Caso 4: Recolección de basuras en BogotáEntidad afectada: Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos (UAESP)

Monto estimado: $348.000 millones.

Caso 3: CaprecomEntidades afectadas: Ministerio de Salud y de Protección Social, FOSYGA, Ministerio de Hacienda y Crédito Público y Caja de Previsión Social de Comunicaciones (Caprecom).

Monto estimado: $559.500 millones.

Caso 2: IPS no habilitadas

Entidad afectada: Ministerio de Salud

Monto estimado: $943.900 millones.

Caso 1: SaludCoop EPS

Entidad afectada: Ministerio de Salud

Monto estimado: $1,7 billones.

         A esta recopilación del diario El Espectador habría que sumar dos casos actuales de corrupción. El primero de ellos el de la ampliación de la Refinería de Cartagena, Reficar[4], de Ecopetrol, cuyos costos llegaron a US$ 8.016 millones de dólares, 4.023 millones más de lo inicialmente previsto; y el de la Policía nacional, cuyas implicaciones más que económicas tienen que ver con abuso de poder, acoso laboral y abuso sexual, guardo cierta similitud con el caso del Defensor del  Pueblo, Armando Otálora.

            El caso de la policía y las denuncias de Vicky Dávila

No quiero extenderme en este caso, ampliamente debatido la semana pasada no sólo a raíz de la renuncia del director de la Policía, general Rodolfo Palomino, sino de la periodista Vicky Dávila a la FM por la divulgación de un video del viceministro del Interior, Carlos Ferro.

Quiero simplemente llamar la atención en el sentido de que el debate tomó giros inesperados, mientras que el asunto de fondo (Corrupción en la Policía) sigue intacto y tardíamente abordado por las autoridades (Fiscalía y Procuraduría) sin contar el sospechoso silencio del presidente Santos, de quien se dice también habría pedido la salida de la periodista Dávila. Porque, como bien lo dice nuestra colega Claudia Posada, “Las voces en contra -y algunas muy pocas a favor- de la clase de periodismo que hace Vicky Dávila, no deberían desviar la atención de lo esencial y gravísimo que presumiblemente está pasando al interior de la Policía”[5]

Ese es el asunto de fondo que hay que investigar, no pasarlo de soslayo porque no involucra grandes sumas de dinero -aunque a Palomino lo pueden investigar por enriquecimiento ilícito-, sino que está relacionado con un asunto tan íntimo como es el de las preferencias sexuales de las personas, pero en este caso en relación con abuso de poder y acoso laboral y sexual.

Por eso el debate debe ir más allá de si la periodista violó ese derecho a la intimidad o no (que en mi parecer efectivamente lo hizo), además de que el video no evidencia la existencia de la llamada Comunidad del Anillo, que es en lo que se deben concentrar los entes investigadores para dar con los responsables y develar claramente su modus operandi, así como sus posibles nexos con congresistas.

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[1] Los embajadores de Cuba y Cuba y Noruega, países garantes del proceso de paz en Colombia, buscan esta semana el regreso a la mesa de negociaciones de los comandantes de las Farc que se desplazaron a La Guajira.

[2] Julio César Turbay Ayala (Santafé de Bogotá, 1916-2005): Estadista y político liberal que fue presidente de la República entre 1978 y 1982.

[3] http://www.elespectador.com/noticias/investigacion/el-top-10-de-los-casos-de-corrupcion-ad-portas-de-fallo-articulo-447582

[4] Caso del que sorpresivamente la Fiscalía General de la Nación exoneró de responsabilidades al ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, y al presidente de Ecopetrol, Juan Carlos Echeverry.

[5]El Portal de Claudia, artículo “El héroe y la villana”.http://www.elportaldeclaudiaposada.blogspot.com.co/

Nordeste minero antioqueño, el otro “Dorado” (IV): Organizaciones entorno a la actividad minera

La presencia de la Frontino Gold Mines -como lo vimos en el artículo anterior- es vital para el Nordeste minero antioqueño porque tiene gran impacto en la actividad económica y social de los municipios de Segovia y Remedios. Sin embargo, la actividad de la mina ha servido también de incentivo para que los mineros informales se organicen mediante la creación de asociaciones, que en últimas pretenden legitimar y visibilizar su labor.

Estas organizaciones datan de la década de 1990, salvo la Asociación Mutual de Mineros El Congote de Segovia, que tiene alrededor de 40 años y cuenta con 134 socios. El motivo de la asociación está relacionado con la necesidad de legalizarse, procurarse el material explosivo para la actividad y aumentar la productividad.

Esas asociaciones pequeñas se han aglutinado en la Asociación de Mineros del Nordeste, Asomina, que agrupa a 80 minas pequeñas en Segovia y fue constituida en 1993, con apoyo de la Frontino Gold Mines, FGM. Su objetivo es mediar entre los mineros y la empresa y ayudar a la consecución de explosivos con las Fuerzas Militares.

Otras organizaciones de la región son: Asomarmajito que trabaja en una mina dada en concesión por la FGM, la Asociación Mutual Mineros El Congote y la Asociación de Entables Mineros, Aplaba, ubicadas en Segovia. En Yalí está la Asociación de Mineros de Yalí (Asomiya) y en Amalfi la Cooperativa Multiactiva de Mineros de Amalfi.

Precisamente en su afán de legalizarse y cumplir con la normatividad, en enero de 2012, los mineros informales del Bajo Cauca y Nordeste antioqueños, le propusieron al gobierno nacional poner en marcha un laboratorio para la legalización de títulos mineros que, de dar resultados, constituiría un programa piloto para todo el país.

La propuesta busca que se legalicen cerca de 1.500 solicitudes de minería de facto, (es decir, ilegal), en los municipios de Segovia y Remedios (Nordeste antioqueño) y en Cáceres y Zaragoza (Bajo Cauca del departamento).

La propuesta tuvo eco en la Asamblea de Antioquia, donde -por ese entonces- se conformó una mesa de trabajo que contó con la participación de los diputados integrantes de las comisiones IV y Accidental de la corporación, las secretarías de Gobierno y Minas del Departamento; miembros de la Fuerza Pública; las corporaciones autónomas regionales y, por supuesto, delegados de los mineros.

Luego de este recorrido de cuatro artículos, con la pretensión de dar una aproximación a la problemática social, económica, político-militar, que origina la extracción aurífera en el Nordeste minero antioqueño, se pueden aventurar algunas conclusiones, con las cuales finalizamos esta serie.

Conclusiones

En la sub-zona Minera (Remedios y Segovia) del Nordeste antioqueño, la codicia y avaricia por el oro, marcó desde los tiempos de La Colonia las dinámicas de poblamiento, las cuales se mantuvieron en los albores de la república y se aceleró con la entrada de grandes compañías extranjeras como la Frontino Gold Mines.

Los ciclos de producción del oro marcaron, marcan y seguramente marcarán, esas dinámicas de sístole y diástole de población hacia lo centros mineros del Nordeste antioqueño. Sin embargo, a partir del periodo denominado “La Violencia”, factores políticos entraron a jugar un papel importante en esa dinámica, expresado en el control que los dos partidos tradicionales trataron de ejercer en el territorio. Control que empezaron a perder desde finales de la década del 60 y comienzos del 70, cuando fuerzas políticas cívicas y de izquierda irrumpieron con fuerza en la zona, de la mano se organizaciones sindicales asociadas a la minería.

El partido Liberal -que tenía la hegemonía en la zona- reacciona y en alianza con empresarios del oro y grupos paramilitares (que habían surgido en la región atraídos también “por el brillo del oro”) retoma el control a sangre y fuego. Cometieron no solamente asesinatos selectivos, sino atroces matanzas de población civil y propiciaron la expulsión de grandes masas de campesinos y pequeños mineros.

“Para la subregión del  Nordeste antioqueño y específicamente para los municipios de Remedios y Segovia, la confrontación tuvo como sustento y soporte principal los intereses económicos de los terratenientes y compañías mineras”, dice un documento de la Comisión Humanitaria por la Convivencia y la Paz del Nordeste Antioqueño.

Esos mismos grupos paramilitares, devenidos hoy en Bacrim (bandas Criminales) producto de su alianza con los narcotraficantes, quieren seguir ejerciendo el control de una  actividad ancestral, que también quieren controlar las guerrillas y que el gobierno pretende entregar al gran capital internacional para impulsar una de sus locomotoras de desarrollo[1].

Para ello expide normativas, decretos y demás, que en última instancia lo que ponen en evidencia es que el pequeño minero, informal o artesanal, está en la mitad del ´sanduche´: por un lado lo acusan de connivencia con esos grupos al margen de la ley, de los cuales es víctima; o en el mejor de los casos lo acusan de acabar con el medio ambiente con la extracción poco técnica del preciado metal; y por el otro, es víctima constante de la presión de los integrantes de bandas criminales que están, cual aves de rapiña, al acecho de cualquier gramo de oro que se extraiga para cobrar su porcentaje, que no es pequeño.

La actividad minera en el Nordeste del departamento (Segovia y Remedios) afronta entonces varios problemas, siendo el primero de ellos el de la minería ilegal por las connotaciones jurídicas; a éste va asociado otro, también de carácter jurídico, que es el de  la invasión de las minas, lo cual genera un problema social.

El tercer problema se refiere al orden público, relacionado en parte -como el número de invasores- con los predios de la Frontino Gold Mines[2] y el incremento en el número de informales que acceden a las minas. El cuarto es la presencia de grupos armados al margen de la ley, que bajo diferentes modalidades de extorsión usufructúan los yacimientos.

Un quinto problema, al parecer conjurado con la venta de la empresa, son las huelgas en la Frontino Gold Mines, que tienen graves repercusiones en lo social y económico para los dos municipios. El sexto inconveniente se relaciona con la forma artesanal de las explotaciones ilegales o informales, que ocasionan graves deterioros al medio ambiente.

Se puede decir -ya para terminar- con todo el panorama mostrado en estos cuatro artículos, y desde la geografía crítica, que la apropiación del espacio y la construcción territorial, reciben una decisiva influencia, y hasta determinación, de los flujos de capitales y los centros de poder, político-económicos.

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[1] Prueba de ello es que la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (Anla) acaba de dar luz verde al proyecto Gramalote, lo que ubicará desde el año 2021 al municipio de San Roque, en el Nordeste antioqueño como el epicentro de la mayor producción de oro del país. La licencia fue otorgada a la sociedad compuesta por las multinacionales AngloGold Ashanti y B2Gold. Ver el artículo del diario El Colombiano del 2 de diciembre de 2015 “En San Roque estará la mina de oro más grande de Colombia”. 

[2] La empresa llegó a nuestro territorio en 1.852, operando con capital inglés, luego fue propiedad francesa y en la década de los 50 del siglo XX, norteamericana.

Nordeste minero antioqueño, el otro “Dorado”: (III) Problemas asociados al oro y el caso de la Frontino Gold Mines

En el segundo artículo de esta serie nos ocupamos del desarrollo de las ideas políticas en el Nordeste antioqueño, las cuales originaron -directa o indirectamente- la presencia de grupos al margen de la ley en la región (tanto de izquierda como de extrema derecha), lo que condujo a su vez a una creciente presencia militar en la zona. En el presente artículo nos ocupamos de los problemas asociados a la explotación aurífera, empezando por el de la legalidad/ilegalidad de la actividad minera.

Hay que empezar por explicar que un título minero es un documento que mediante la figura de la concesión permite extraer minerales de forma exclusiva y temporal dentro de un área definida y gravar los predios de terceros con las servidumbres necesarias para ejercer la actividad (Artículo 14, Ley 685 de 2001). (pegar Anexo 4).

Este es justamente uno de los mayores problemas que se presenta en el Nordeste y específicamente en Segovia, porque es prácticamente imposible obtener los títulos mineros, ya que el subsuelo es propiedad de la Frontino Gold Mines, FGM, y gran parte del territorio es reserva forestal. Obviamente, esto le confiere a la actividad un carácter permanente de ilegalidad, lo que su vez impide a los mineros beneficiarse de los recursos del Estado y acceder a créditos.

El gobierno, mediante el decreto 1494 del 3 de junio de 2003, estableció la zona especial de reserva Doña Teresa, que abarca un territorio de 470 hectáreas, de las cuales el 85% está en Segovia y el 15% en Remedios. El objetivo es ubicar allí a los mineros informales de forma técnica y planificada, proyecto del que también hacen parte la Gobernación de Antioquia, los municipios de Segovia y Remedios, la Dirección Nacional de Minas, el Sena, Dansocial y la FGM.

Este primer problema, de índole legal y administrativo, se relaciona con la larga historia de la Frontino Gold Mines en la región, aspecto que tratamos en detalle a continuación, para luego retomar los demás problemas asociados al oro en la región.

El caso de la Frontino Gold Mines

Mención aparte en la historia del Nordeste minero merece la presencia de la compañía Frontino Gold Mines, que ha sido epicentro de la problemática económica, social y ambiental en la región.

La empresa llegó a nuestro territorio en 1.852, operando con capital inglés, luego fue propiedad francesa y en la década de los 50 del siglo XX, norteamericana. En 1887 el gobierno colombiano entregó 12.920 hectáreas a la compañía, ubicadas en los municipios de Remedios y Segovia (se dice que dos terceras partes de este municipio pertenecían a la Frontino, o sea, unas 14.000 hectáreas).

Con la ley 20 de 1969, la empresa devolvió a la nación parte de los derechos adquiridos.  Se quedó con 28.071 km2 y cedió el 80%, que el Ministerio de Minas cedió en explotación a particulares. En la década de 1970 el deterioro del negocio minero-aurífero desalentó la inversión norteamericana y la empresa pasó a ser colombiana, pero en avanzado estado de deterioro. En 1977 la empresa se declaró en concordato preventivo obligatorio, al no ser capaz de asumir la carga prestacional de los jubilados, en un contexto en el que no tenía reservas de oro exploradas y los precios internacionales del mineral estaban a la baja.

El concordato -el más largo de la historia empresarial colombiana (27 años)- tenía una cláusula según la cual, en caso de liquidarse la empresa, cedería los bienes con prioridad a los trabajadores, luego al gobierno y por último a los particulares. Debido a que el 33% de los gastos estaban representados por cargas laborales (nóminas, derechos convencionales y pensionales, así como raciones conquistadas por los trabajadores), en 2004 la Superintendencia de Sociedades, propone buscar fórmulas para sacar adelante a la empresa, pero finalmente decreta su liquidación obligatoria.

Estando en ese proceso y operada por el liquidador Fernando Alvarado, el 31 de marzo de 210 se llegó a un acuerdo con la canadiense Medoro Resources para que ésta, a través de subsidiaria Zandor Capital, adquiriera los activos de la Frontino por US$380 millones, pese a la férrea oposición del Sindicato de Trabajadores, quienes alegaban ser los legítimos dueños de la compañía[1].

La Frontino Gold Mines ha estado en producción durante aproximadamente 155 años, tiempo durante el cual ha producido más de 4.5 millones de onzas de oro, con relativamente poco sofisticada tecnología de extracción en muchos de esos años.

De su propiedad son  tres minas de oro subterráneas: El Silencio, Providencia Sandra K, de las cuales sólo de Providencia se extrae el metal precioso en la actualidad sobre una base regular. En 2009 produjo aproximadamente 44.000 onzas de oro a un promedio de 8 gramos por tonelada, procesando aproximadamente 450 toneladas de mineral por día, de acuerdo con registros de  la compañía.

El área de licencia cubre 2.871 hectáreas entre los municipios de Segovia y Remedios en Antioquia.  Medoro considera que existe un importante potencial para ampliar el depósito y la producción de las minas, pero adelanta un estudio de viabilidad para determinar la potencialidad económica.

Históricamente, el promedio de calificaciones del oro extraído en El Silencio, Providencia y Sandra K, ha sido de 8 gramos por tonelada de oro,  12 gramos por tonelada y 6 gramos por tonelada, respectivamente.

En este ambiente de disputa permanente entre los dueños del capital y los medios de producción de un lado y los trabajadores mineros de otro, las huelgas en la Frontino Gold Mines han tenido cierta regularidad, con la consecuente repercusión en todo el nordeste minero, porque la actividad de la mina tiene gran impacto en la actividad económica y social de los municipios de Segovia y Remedios.

En 1919 se efectúa la primera huelga en la Frontino, con proyección nacional. Luego se da otra en 1926 y una tercera en 1935, cuando nace el sindicato de trabajadores, Sinfromines. El sindicato organiza otras dos huelgas (1.939 y 1958).

Minería ilegal

Hecho este paréntesis con la referencia a la historia de la Frontino Gold Mines, retomemos el tema de la legalidad/ilegalidad y otros problemas relacionados en la producción aurífera.

En declaraciones de prensa, el 23 de febrero de 2011, el Presidente Juan Manuel Santos calificó la minería ilegal como “un cáncer que debemos extirpar” y que representa daños no solo para este sector económico sino para el ambiente.

“Esta práctica criminal no sólo ha generado presiones y extorsiones para los mineros que trabajan en la legalidad, sino que también ha significado daños nefastos para nuestro medio ambiente”, precisó el Jefe de Estado, tras asegurar que detrás de esa actividad ilegal estaban las Farc y las llamadas Bacrim (Bandas Criminales), que han encontrado en este negocio una alternativa para financiar sus actividades.

Por eso no extraña el balance que presentara a comienzos de octubre de 2010, el coronel Jorge Andrés Rodríguez, comandante en ese entonces de la Policía Antioquia,  cuando anunció que en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 332 (Contaminación Ambiental) y 338 (Explotación ilícita de yacimiento minero y materiales) del Código Penal, de la Ley 99 de 1993 (utilización de recursos hídricos), de la Ley 1333 de 2009 (procedimiento sancionatorio ambiental), las autoridades cerraron en el Nordeste cerca de 40 minas, capturaron 39 personas dedicadas a la extracción ilícita e inmovilizaron e incautaron 16 retroexcavadoras y otros elementos.

Sin embargo, otra cosa piensan los mineros informales. “Se nos está aplicando la normatividad penal y administrativa, cuando la misma ley lo prohíbe”, dijo en ese entonces Diego Armando Ruiz, minero de Briceño y presidente de la Confederación Nacional de Mineros Medianos, Pequeños y Artesanales de Colombia, que agrupa a 80 organizaciones, entre ellas las del Bajo Cauca y Nordeste antioqueño.

Ruíz afirmó enfáticamente que los mineros no son delincuentes y que, por el contrario, “somos víctimas de los ilegales. Somos el motor de la productividad en el Bajo Cauca y Nordeste antioqueño. No tenemos cultivos ilícitos, no robamos, no extorsionamos, trabajamos honradamente. Que nos permitan trabajar de acuerdo a las leyes establecidas por el mismo Gobierno. Eso es lo que pedimos”[2].

Invasión de minas y orden público

La minería ilegal es entonces el primer problema asociado a la actividad extractiva del oro. El segundo problema se asocia con la invasión de las minas, lo cual genera un conflicto social.

Apogeo significa en el Nordeste, buena producción de oro y por ende atracción desmedida de población. Segovia es sinónimo de desorden e incapacidad administrativa para proveer los servicios que demanda la afluencia de población (pueden llegar hasta 8.000 personas y una vez termina el apogeo se queda el 30%). Hay proliferación de enfermedades, aumento del consumo de licor y de mercancías en general, aumentan las invasiones en busca de vivienda.

El tercer problema se refiere al orden público, relacionado en parte con el número de invasores a los predios de la Frontino Gold Mines y el incremento en el número de informales que acceden a las minas.

En esta situación, el Estado no ha podido ejercer un adecuado papel de árbitro, es decir, atender en forma cabal a los derechos privados de la compañía y por otro lado, ofrecer una solución que satisfaga a los mineros informales, que no ven opciones para acceder al recurso del oro, monopolizado por la FGM que tiene título a perpetuidad del subsuelo, argumento que esgrimen los mineros informales para invadir sus predios.

El cuarto problema es la presencia de grupos armados al margen de la ley, que bajo diferentes modalidades de extorsión usufructúan los yacimientos. Por ejemplo, en su momento fue bien conocido que los paramilitares respaldaron la mina El Silencio con la condición de hacerse partícipes del 50% del material extraído.

Sin embargo, también hay que reconocer, que pese a toda esta problemática, la actividad minera en el nordeste -teniendo como eje a la FGM- ha servido de incentivo para que los mineros informales se organicen mediante la creación de asociaciones, que en últimas pretenden legitimar y visibilizar su actividad. De eso nos ocuparemos en el cuarto y último artículo de esta serie.

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[1] Ver publicación del diario El Colombiano “Sindicato rechaza venta de la Frontino Gold” del 27 de abril de 2010. 

[2]“Minería Informal, en una encrucijada” en INFORMACIÓN MINERA DE COLOMBIA: www.imcportal.com

Nordeste minero antioqueño, el otro “Dorado”: (II) Las ideas políticas y presencia de grupos al margen de la ley con la consecuente reacción militar

En el primer artículo de esta serie sobre el Nordeste minero antioqueño se hizo la caracterización geográfica y económica de la zona. En esta ocasión nos ocupamos del aspecto político, para mirar cómo fueron germinando inicialmente las ideas liberales en algunas regiones como el Nordeste y posteriormente, a comienzos del siglo XX, las ideas de izquierda.

Según el historiador Jorge Orlando Melo[1], despuntando la república, Antioquia era predominantemente una región conservadora, aunque con zonas liberales como Rionegro, El Retiro, las áreas mineras del Nordeste y las de nueva colonización como Urabá y Puerto Berrío.

En el caso del Nordeste, a comienzos del siglo XX empezaron a florecer ideas de izquierda alentadas por líderes como María Cano,  Ignacio Torres Giraldo y Raúl Eduardo Maecha. Después de terminado el Frente Nacional, poblaciones mineras como Segovia y Remedios reanudaron desde 1972 sus preferencias por las ideas de izquierda[2],  las cuales se hicieron evidentes en las elecciones de 1986 y 1988, cuando ganó la Unión Patriótica (UP), nacida de los acuerdos de paz entre el gobierno y las Farc.

Fue justamente en 1988,  cuando, como represalia de los grupos paramilitares y los caciques políticos liberales de la región, se produce una de las masacres más atroces de la historia violenta reciente de Colombia y de Antioquia, la de Segovia, ocurrida el 11 de noviembre de ese año[3]. Hay que anotar que 1988 se conoce precisamente como el año de las masacres, con un total de 60 en el país, 10 de ellas perpetradas en Antioquia. Después de ese año, aunque el Partido Liberal recobró el poder en Segovia y el Nordeste minero, la violencia no desapareció[4].

El Grupo de Memoria Histórica de la Comisión Nacional de Reparación y Conciliación (CNRR) definió como un caso emblemático el proceso de violencia de la subregión minera (Remedios y Segovia), durante el período comprendido entre los años 1982-1997, caracterizado por los profundos cambios políticos e ideológicos del conflicto armado y sus diversas manifestaciones violentas: “(…) que condujeron a la aniquilación  de una verdadera cultura democrática y donde los mecanismos de victimización persistentes han sido las masacres de grandes dimensiones e impactos.”[5]

Un completo estudio del Instituto de Estudios Regionales de la Universidad de Antioquia[6] precisa que ya para el periodo 2004-2007 fueron elegidos movimientos de carácter cívico por fuera de los dos partidos tradicionales. Sin embargo, la violencia siguió presente. Según la revista Noche y Niebla[7] entre 1997 y 2003, hubo en la región 346 acciones violentas, 201 de ellas atribuidas a la guerrilla (165 del ELN, 15 de las Farc, 10 en compañía y 11 sin especificar), 115 a los paramilitares y 74 al Ejército.

Precisa el INER en su estudio que el Estado inauguró su presencia militar en el Nordeste en la década de 1960 en respuesta a la presión de grupos económicos (medianos ganaderos, paneleros y compañías mineras). En los años 1973 y 1974 el Ejército (Brigada V de Bucaramanga)  llevó a cabo la Operación Anorí (I y II) en contra del ELN, en la cual fueron abatidos sus cabecillas, los hermanos Fabio y Manuel Vásquez Castaño. Luego la organización guerrillera se reagrupó y formó tres frentes para operar en Remedios, Segovia y Yalí.

En 1975 el gobierno instaló el batallón Miguel Antonio Caro y a finales de ese año se creó la base militar del batallón Bomboná. En los años 90 la región pasó de la jurisdicción de la V Brigada de Bucaramanga a la IV Brigada de Medellín.

En 1982 comenzó a operar el MAS, Muerte a Secuestradores, un grupo paramilitar que actuaba siguiendo órdenes del Batallón Bomboná, según demostraron investigaciones posteriores. En este periodo son perpetradas las primeras masacres del Nordeste -como lo reseñamos al comienzo- en Remedios y Segovia.

Dada la crítica situación de orden público que se presentaba en las regiones del Magdalena Medio y Nordeste antioqueños, por disposición No 004 del Ministerio de Defensa del 17 de marzo, el 3 de abril de 1983 empieza a operar la Decimocuarta Brigada del Ejército, con sede en Puerto Berrío y con jurisdicción en el Nordeste antioqueño y el Magdalena medio colombiano (Antioquia, Santander y Boyacá). Ya en 1990 se reforzó la seguridad en la zona con la Brigada Móvil número 1, el batallón Rifles y el Cuerpo Élite de la Policía y en 1991 se incorporó la Brigada Móvil número 2.

Pero la soberanía del Estado seguía siendo disputada por grupos como el ELN y el EPL (que se desmovilizó en los años 90) y los guerrilleros de las Farc, que precisamente habían llegado al Nordeste y Bajo Cauca procedentes del Magdalena Medio con el fin de apoyar al ELN, debilitado tras la operación Anorí .

Las Farc se dieron a conocer en 1981 con el asalto al principal comprador de oro de la región y el secuestro y posterior asesinato -pese al pago de una recompensa de 10 millones- del hacendado Jesús Antonio Castaño González (Padre de Vicente, Fidel y Carlos), lo que después originó un gran movimiento paramilitar en la zona, cometiendo las masacres ya mencionadas y gran cantidad de muertes selectivas.

Sin embargo, fue la voladura del oleoducto de Machuca en el corregimiento Fraguas de Segovia, lo que provocó la represalia paramilitar contra el ELN, con la creación del Bloque Héroes de Machuca, adscrito a las Autodefensa Unidas de Colombia, AUC.

Las autodefensas, creadas en 1982 por los Castaño para perseguir con el Ejército a la guerrilla que había asesinado a su padre, tenían al comienzo una baja capacidad militar, reducida a hacer inteligencia en las cabeceras municipales. La ayuda militar, apoyo logístico y entrenamiento del ejército de Puerto Berrío (XIV Brigada), “ampliaron su radio de acción y generaron el respaldo de ganaderos del Magdalena Medio para sostener a sus hombres hasta que lograron aliarse con el narcotráfico, lo que les ayudó a consolidarse”[8].

En 1988 apareció el Grupo Muerte a Revolucionarios del Nordeste (MRN) que al mando de Fidel Castaño perpetró la masacre de 46 personas en Segovia[9]; en 1991 aparecen las Autodefensas del Nordeste Antioqueño, Ana; en 1994 la Fuerza del Pueblo en Acción; en 1996 Muerte a Comunistas y Guerrilleros (Macogue); en 1997 el grupo de Autodefensas del Nordeste, Gan.

En el próximo artículo nos ocuparemos de otros problemas asociados a la explotación aurífera, empezando por el de la legalidad/ilegalidad de la actividad minera.

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[1] Melo, Jorge Orlando. Progreso y guerras Civiles entre 1829 y 1851. En “Historia de Antioquia”. Medellín. Suramericana de Seguros, noviembre de 1988. pp- 101-116.

[2] En 1980 el Partido Comunista organizó en Segovia la Juventud Comunista, Juco.

[3] La matanza se inició cuando varios paramilitares armados y encapuchados ocuparon en medio de la oscuridad y el silencio de la noche la plaza central de la población, tras intimidar y reducir  a la alcaldesa y su equipo de gobierno,  luego recorrieron a pie el pueblo con lista en mano y asesinaron  en total a 46 personas (36 hombres y 10 mujeres, de los cuales 4 eran menores de edad y uno era adulto mayor). Otras 60 personas resultaron heridas.

[4] Hay que decir, que masacres anteriores se habían registrado desde comienzos de la década del 80.

[5] http://www.semanaporlamemoria.com, 15 nov-dic 15 de 2011, resumen ejecutivo. Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación (Grupo Memoria Histórica).

[6] Publicado en el año 2007 y dirigido por la investigadora Clara Inés Aramburo Siegert. 

[7] http://www.nocheyniebla.org. Banco de datos de derechos humanos y violencia Política del Cinep. 

[8] Aramburo Siegert, Clara Inés, et al. (2007). Nordeste Desarrollo regional: una tarea común Universidad-Región. Instituto de Estudios regionales, Iner, Universidad de Antioquia. 

[9] En mayo de 2013, el ex presidente de la Cámara de Representantes y ex diputado de Antioquia, César Pérez García, fue sentenciado por la Corte Suprema a 30 años por ese crimen, cometido por los paramilitares del Magdalena Medio y de Urabá en noviembre de 1988.