Elecciones regionales en Colombia, entre el voto clientelar y el voto de opinión

Muchos son los análisis que se pueden hacer y las conclusiones que se pueden sacar tras la jornada electoral del pasado domingo en Colombia, pero en general se puede decir que el voto clientelar sigue siendo tradicional en nuestro país, especialmente en zonas alejadas de las grandes capitales, pero que ahora es disputado en los grandes conglomerados urbanos por el llamado voto de opinión, que lentamente también ha venido ganando terreno en ciudades intermedias, como Bucaramanga[1] y Cartagena[2].

Caso ilustrativo de ello puede ser lo ocurrido en Antioquia, que presenta una forma de votar en Medellín y otra muy distinta en el resto del departamento. Lo que sucedió en Medellín con Federico Gutiérrez evidencia que el voto de opinión -si bien es cierto aún no tiene tanto peso como en Bogotá- si viene en aumento, y que el voto clientelar (también llamado de maquinaria) que suele ser el que tienen los partidos ´amarrado´ con sus afiliados y líderes de las JAL en las comunidades, va perdiendo peso.

Muestra de ello es lo que le ocurrió a Gabriel Jaime Rico cuya campaña era avalada por los partidos, de La U, Cambio Radical, Conservador y por una amplia base de dirigentes del partido Liberal. Sin embargo,  pese a tener buenas propuestas y una buena imagen entre la ciudadanía, Rico no vio reflejado en las urnas ese respaldo de los partidos y más bien esos avales (más de nombre que reales) se convirtieron en una pesada carga que le impidió posicionarse como un candidato independiente, libre de compromisos y pactos.

Muy por el contrario, su contrincante, y a la postre vencedor, Federico Gutiérrez, con su slogan de ´aliado con vos´ supo llegarle a la gente como un candidato independiente libre de compromisos partidarios, lo cual hizo que en la recta final ese voto de opinión, que es un voto informado y de mayor criterio, se volcara a su aspiración. No obstante, también es pertinente precisar que seguramente gran porcentaje de esa franja de opinión favoreció a Gutiérrez por ir en contra del candidato del Centro Democrático, Juan Carlos Vélez Uribe.

Muy distinto es el análisis que se puede hacer en el caso de Antioquia[3], donde Luis Pérez Gutiérrez, siguiendo la tendencia que marcaban todas las encuestas, ganó con cierta holgura sobre el aspirante del Centro Democrático, Andrés Guerra Hoyos, quien dicho sea de paso hizo una excelente campaña y salvó a su partido de una estrepitosa derrota, pues aunque igual perdió, lo hizo de manera decorosa, digna y con el respaldo de una buena cantidad de votos.

A diferencia de la capital antioqueña, en el resto del departamento el voto clientelar o de maquinaria sigue teniendo un gran peso y así lo entendió la campaña de Luis Pérez Gutiérrez, quien sin descuidar a Medellín (que representa el 34% de la votación), se concentró en las regiones en las cuales son fuertes los partidos que lo respaldaban como el Liberal (Urabá y Nordeste) y Conservador (norte cercano). De esta forma la maquinaria, que no le funcionó a Rico en Medellín, fue determinante en las aspiraciones de Luis Pérez, a tal punto que en muchos municipios tenía el apoyo de dos o más candidatos a la alcaldía, lo que le permitió ganar con casi el 40% de la votación.

Ganadores y perdedores en Antioquia

A parte de Luis Pérez y Federico Gutiérrez, ganadores en la jornada del domingo, si se analiza al Centro Democrático como una fuerza que participa por primera vez en la contienda electoral regional, se le puede ver como un partido ganador, pues arañó parte del pastel al quedarse con seis curules en la Asamblea y seis en el Concejo de Medellín (lo que lea erige como la primera fuerza política del departamento), además ganó las Alcaldías de Rionegro y Sabaneta. Sin embargo, si el análisis se hace desde las aspiraciones del partido, claramente hay que ver a Uribe como perdedor, pues se quedó sin el premio mayor (La Gobernación de Antioquia y la Alcaldía de Medellín).

No obstante la derrota del Centro Democrático, desde el punto de vista de lo personal, se puede decir que ganaron sus dos candidatos. Juan Carlos Vélez Uribe, perdió la Alcaldía por poco margen (escasos 9.003 votos)[4] y Andrés Guerra, casi que contra todo pronóstico y en una maratónica campaña, logró que su partido tuviera un derrota decorosa. Además, la votación de ambos confirmó la fuerza del uribismo en Medellín[5].

Eugenio Prieto Soto, quien había quedado muy mal parado ante la opinión pública, al renunciar sólo ocho días después de que anunciara que iría hasta el final, se puede contar entre los ganadores, pues su salida fue digna y su alianza con Federico -que asumió con compromiso y dedicación- lo puede llevar a ser el nuevo gerente de EPM (según se rumora en los mentideros políticos).

Alonso Salazar definitivamente es un perdedor, no sólo por la votación que obtuvo (5.46%), sino por la forma en que asumió su campaña, saliendo a victimizarse frente a los ataques de las otras campañas, aparte de que el respaldo de Fajardo no fue pleno y decidido, sino coyuntural dependiendo de cómo marcaba en las encuestas.

Pierde indiscutiblemente Gabriel Jaime Rico, quien con base en un buen programa, carisma, coherencia y la fuerza de su movimiento Juntos Por Medellín, esperaba que el voto partidista de las colectividades que avalaron su candidatura, lo llevarán a ser el sucesor de Aníbal Gaviria[6].

También pierde Fajardo, especialmente al no poder conservar su fortín en la Gobernación de Antioquia y pierde su candidato, Federico Restrepo, cuya candidatura nunca despegó y se quedó con las ganas de cuidar el legado fajardista.

También se evidenció el declive de los partidos tradicionales. En Antioquia pierde el partido de la U, que pasó 32 a sólo 13, lo mismo que el partido Liberal que bajó de 25 a 19 alcaldías y los conservadores de 30 a 26. También Cambio Radical que pasó de 13 alcaldías a 11.

Por el lado, de las corporaciones, gana el Polo que mantiene su curul en la Asamblea y recupera la del Concejo, donde Creemos (El movimiento del alcalde electo) logra dos curules, mientras que el partido Liberal pierde un puesto en el Concejo de Medellín.

Gran perdedor es el Grupo Empresarial Antioqueño, GEA, que no pudo configurar el mapa político a su amaño y ahora tendrá que entenderse con Luis Pérez como gobernador (algunos empresarios independientes han comentado que el proyecto del GEA era imponer gobernadores y alcaldes a 30 años).

Los grandes ganadores en el país

El vicepresidente, Germán Vargas Lleras, es uno de los ganadores del domingo. Tendrá las gobernaciones de Antioquia, La Guajira, Magdalena, Cundinamarca, Sucre, Huila, Cesar, Amazonas y Vaupés.

Gana igualmente el ex director de Cambio Radical, Carlos Fernando Galán, por su respaldo a Enrique Peñalosa desde principios de este año. Con Peñalosa ganan también Antanas Mockus y Marta Lucía Ramírez. Mockus, al aliarse con Peñalosa a pocos días del día de elecciones, envió un mensaje de regreso a las políticas urbanas de los años 90´s (también logró sacar elegido a su concejal, Jorge Torres). La ex candidata presidencial Marta Lucía fue de las primeras líderes nacionales en respaldar públicamente a Peñalosa..

El partido Alianza Verde, aunque no ganó la Alcaldía de Medellín con Alonso, logró tres gobernaciones, por encima del Centro Democrático (Casanare) y el conservatismo (Tolima y Risaralda). El Verde ganó en Boyacá, Nariño y Putumayo.

Entre los ganadores hay que contar a la firma encuestadora antioqueña, Invamer-Gallup que fue la menos desatinada en las encuestas. En Bogotá acertó casi en todos los porcentajes y en el orden, mostrando primero a Peñalosa, seguido de Rafael Pardo y Clara López; en Medellín fue la única que no puso como ganador a Juan Carlos Vélez y mostró un empate técnico con Federico Gutiérrez, y en Cali mostró el ascenso de Armitage.

También ganó la Registraduría Nacional del Estado Civil que en una hora y media tenía los resultados definitivos en Bogotá y en varias de las principales ciudades.

Los grandes perdedores en el país

El ex Presidente Alvaro Uribe es uno de los grandes perdedores, pues en los presupuestos del Centro Democrático estaba quedarse con las alcaldías de Bogotá, Medellín y Manizales, la Gobernación de Antioquia y posiblemente la de Caldas, y aspiraba a tener en Bogotá 15 de los 45 concejales.

El balance es más agrio que dulce para el senador Uribe. En Bogotá, el Centro Democrático obtuvo la cuarta votación para la alcaldía, con el 12%. Para el concejo capitalino se quedó  con sólo cinco curules. Además fue segundo tanto en la votación para la Alcaldía de Medellín como para la Gobernación de Antioquia. Uribe solamente ganó la gobernación del Casanare, en ciudades pequeñas o intermedias como Rionegro y Sabaneta, y las de los antiguos territorios nacionales, Florencia, Puerto Carreño y San Vicente del Caguán.

Se debe contar entre los perdedores al alcalde de Bogotá, Gustavo Petro. El petrismo no alcanzó siquiera a competir en la contienda para Bogotá, pues la aspiración de María Mercedes Maldonado no cuajó después de que Petro se reuniera en privado con Clara López y tumbó su candidatura, lo cual también perjudicó a la aspirante del Polo.

Otro gran perdedor es Alonso Salazar, quien quedó de cuarto en Medellín con solo 37.492 votos, menos que el voto en blanco. También gran perdedor es el ex vicepresidente Angelino Garzón, quien quedó tercero y casi fue doblado en votación por el primíparo en la política Maurice Armitage, nuevo alcalde de Cali. Gran perdedora es igualmente Clara López, quien pasó de barrer en las encuestas a enterrar doce años de hegemonía de la izquierda en Bogotá y con ella El Polo Democrático, que aunque mantuvo su presencia en regiones importantes, perdió la capital colombiana.

Perdió el gobernador de Antioquia, Sergio Fajardo, pues su posible sucesor, Federico Restrepo, quedó de tercero, sacó menos de una quinta parte de los votos y solo ganó en un municipio, San José de la Montaña. Directamente Fajardo tampoco ganó en Medellín, aunque al final parece que tras quitarle el respaldo a Alonso, se lo dio a Gutiérrez, quien ha sido cercano al fajardismo.

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[1] En Bucaramanga, la última encuesta de Invamer-Gallup, mostraba a Carlos Arturo Ibáñez de primero con más del 41% y a Rodolfo Hernández Suárez, candidato independiente, en el último lugar con el 11% de la intención de voto, pero a la postre terminó siendo el ganador, con el 28,83% de la votación.

[2] En Cartagena quien encabezaba las encuestas era Antonio Quinto Guerra, pero al final se ubicó en el segundo lugar con 29,47%. El nuevo alcalde de la capital de Bolívar es el independiente Manuel Vicente de Jesús Duque Vásquez, quien logró el 37,27 %. 

[3] Con el 99,95% de las mesas escrutadas, Luis Pérez obtenía el 39,43% de la votación (816.337), mientras que Andrés Guerra, obtenía el 29,52% de los votos (611.207).

[4] De acuerdo con la Registraduría Federico Gutiérrez obtuvo 244.636 votos y Juan Carlos Vélez, 235.633.

[5] De hecho Andrés Guerra, con 231.946 votos le ganó en Medellín a Luis Pérez, que obtuvo 208.360.

[6] Los 111.777 votos que obtuvo, en un gran porcentaje fueron aportados por sus seguidores.

El lenguaje de la paz y el compromiso con el postconflicto marcarán las elecciones del domingo

Desde que empezaron las campañas para gobernaciones y alcaldías, mucho se ha especulado acerca de cómo serían influidas por el proceso de paz que adelanta el gobierno colombiano con las Farc en La Habana. Unos consideraban que no habría una influencia directa y otros que sí.

Lo que se ha podido observar durante este año es que sí hay relación directa entre el proceso de paz de Cuba y el desarrollo del debate electoral que culminará este domingo 25 de octubre con la elección de autoridades regionales, y que dependiendo de los avances o estancamientos en La Habana, gana popularidad uno u otro discurso, el que apoya los diálogos y la paz, o el que está en contra de las conversaciones y aboga por una salida guerrerista.

Con el más reciente avance del proceso con las Farc, el acuerdo sobre desaparecidos, destinado a “aliviar el sufrimiento de las familias de las personas dadas por desaparecidas”[1], es indiscutible que ya tan cerca de la jornada electoral, tendrá mayor aceptación en la opinión pública el lenguaje de la paz y el postconflicto, que aquel que persista en atacar el proceso y visualice la continuación de la guerra como única forma de terminar este largo conflicto de casi 60 años.

Conocidos los avances en materia de desaparecidos (Víctimas del conflicto), el de justicia transicional y el plazo de 6 meses  -hasta el 23 de marzo de 2016- para la firma del fin del conflicto[2], es claro que saldrán beneficiados los candidatos que en su discurso y propuesta de gobierno tengan incorporado el tema de la paz y acciones concretas a desarrollar en el postconflicto. Quienes por el contrario -como los candidatos del Centro Democrático- en su discurso sigan atacando el proceso de paz y asuman una postura contraria a la salida pacífica al conflicto, se verán perjudicados (Con toda seguridad).

Nadando en contra de la corriente histórica del momento, orientada hacia la paz, los candidatos del Centro Democrático (y su máximo orientador Alvaro Uribe Vélez), no parecen darse cuenta de que los colombianos estamos cansados de una guerra que ha mercado a varias generaciones. Los seguidores del mesiánico ex presidente y ahora senador, siguen empecinados en su discurso bélico, basados únicamente en el manido recurso de la seguridad, y esa puede ser la causa de una estruendosa derrota este 25 de octubre.

 

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Ya pasó el momento de Uribe

Victoria Camps[3] afirma que la política se mueve más que por elementos racionales, por la emotividad de situaciones coyunturales. Recordemos que en el 98, el país cansado de la guerra eligió a Pastrana por su audacia de entrevistarse con ´Tirofijo’ y apostarle a un proceso de paz. Como casi cuatro años después el proceso no iba para ninguna parte y las Farc -abusando de la buena fe del gobierno- aprovecharon los 42.000 kilómetros de la zona de despeje de El Caguán para fortalecerse militarmente e incrementar su participación en el negocio del narcotráfico, las extorsiones y el boleteo, la opinión pública se volvió contraria a la paz.

Cuando se conoce la falta de voluntad de la guerrilla y la idiotez del gobierno es evidente, el país dolido e indignado, empieza a escuchar el discurso -tímido pero ya beligerante- del ex gobernador de Antioquia, Alvaro Uribe, quien promete acabar con las Farc a ´sangre y fuego´. Sus seguidores -que crecían como espuma- se contagiaron de la emotividad del bélico discurso de Uribe y el país se convence de que el salgareño derrotará a la guerrilla. Sin embargo, el héroe mesiánico que los colombianos llevaron a la Casa de Nariño no fue capaz de hacerlo en su mandato y pidió más tiempo -otros cuatro años-. Tampoco lo logró.

Juan Manuel Santos llega al poder, y aunque inicialmente asume la misma postura de Uribe, al poco tiempo orienta todos sus esfuerzos a la consecución de la paz. En medio de la incredulidad de los colombianos y los constantes ataques de los opositores de la paz- los uribistas y el procurador Ordoñez- el proceso ha mostrado avances satisfactorios.

Así las cosas, tienen mucho más chance de ganar los candidatos que en estas elecciones locales y regionales, estén alineados con el nuevo rumbo que pretende dar el gobierno nacional al país, el rumbo de la paz, tan soñada y anhelada por los colombianos -excepto por el ex presidente Uribe, sus seguidores y el Procurador Ordoñez[4]-.

Las propuestas de los candidatos a la Alcaldía

Para el caso de la Alcaldía de Medellín, la paz y la guerra ya tienen sus candidatos. Alvaro Uribe Vélez con su discurso bélico y guerrerista, además con un candidato que necesita que hable por él, y otro que representa la línea de la paz, Gabriel Jaime Rico, con claras propuestas para el postconflicto. Demos un vistazo a lo que han afirmado los candidatos sobre este tema.

Gabriel Jaime Rico, candidato a la Alcaldía de Medellín con el respaldo de los partidos de la U, Cambio Radical y Conservador, presentó la Comisión Local para el postconflicto. El equipo está conformado por destacados académicos e investigadores sociales cuyo propósito es comenzar desde ya con el diseño de la política pública con la que la próxima administración municipal afrontará la puesta en marcha del acuerdo de paz.

La comisión está liderada por Luis Fernando Quijano, administrador público, investigador social y presidente de Corpades; John Fernando Restrepo, abogado y politólogo, magíster y profesor de Derecho Constitucional de la Universidad de Medellín; y Hernando Roldán Salas, abogado, magíster en Ciencias Políticas y profesor de la Teoría del Conflicto de la Universidad Autónoma Latinoamericana.

“En esta campaña y en nuestra administración sabemos y sabremos qué hacer con la paz. La firma del acuerdo es una oportunidad para todos los colombianos, incluyendo los medellinenses. Un Alcalde que no sepa qué hacer con las paz, o que esté en contra de ésta, sólo le haría daño a Medellín”, afirmó Gabriel Jaime Rico.

 

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En contraposición, Juan Carlos Vélez Uribe, candidato del Centro Democrático, ha mantenido reparos al proceso de paz con las Farc. “El Gobierno Nacional tiene que establecer unos parámetros de cómo va a ser ese proceso de reinserción, en el sentido que las concentraciones de las Farc, como se plantea ahora, se van a hacer en las zonas donde ellos tienen presencia, por ejemplo en el Bajo Cauca antioqueño, en el Urabá, en El Caguán, en otros sitios. Entonces qué va a pasar, si el proceso de reinserción se va a llevar a cabo allá mismo o es que van tratar de montar algunos procesos en las ciudades”.

Sin embargo, últimamente ha modificado su discurso de abierta oposición al proceso, al decir que si el Gobierno Nacional pretende desarrollar la reinserción en las ciudades, obviamente los alcaldes tienen que colaborar.

Héctor Hoyos, candidato del Polo democrático Alternativo, se limitó a decir que: “En mi Administración nos prepararemos para responder al postconflicto en caso de que el Gobierno Nacional logre firmar un acuerdo de paz con los grupos guerrilleros. Lo haremos en alianza con la empresa privada, las organizaciones no gubernamentales y el Gobierno Nacional; generaremos los espacios necesarios en la sociedad que permitan a las personas que abandonen el camino de las armas, reencontrarse con sus familias, reinsertarse socialmente, servir a la comunidad y generar ingresos económicos para sustentarse.”

Federico Gutiérrez, candidato del movimiento Creemos, considera que la firma de la paz no significa la materialización de una paz en Medellín, donde el problema del conflicto no obedece mucho a esas lógicas. Teniendo como precedente la desmovilización del bloque Cacique Nutibara en Medellín y sus desarrollos posteriores, Gutiérrez sostiene que, además de seguridad y oportunidades para la paz, se necesita una reconstrucción de la memoria colectiva y del tejido social, promover el civismo, estimular la cultura de la legalidad y la democracia, y reintegración comunitaria para impedir la reintegración de los desmovilizados a nuevas o viejas filas armadas y así garantizar la no repetición del conflicto y acabar con el espiral de violencia que azota a Medellín.

Finalmente, el candidato fajardista, Alonso Salazar Jaramillo, presentó la propuesta de la creación de un Fondo para la Reparación de las Víctimas, para fortalecer la atención con estrategias y programas para la asistencia y reparación integral a cada una de ellas. El fondo contaría con el apoyo del gobierno nacional, departamental, municipal y el sector empresarial. Aseguró que aparte de la reparación material, es necesaria la reparación de la familias, donde cuyos victimarios no han dicho la verdad, y no han sido judicializados. 

Las propuestas de los candidatos a la Gobernación

Andrés Guerra Hoyos, aspirante por el Centro Democrático, siguiendo la línea del pensamiento uribista, plantea la intervención coercitiva de las fuerzas estatales como el medio para combatir a los grupos armados que operan en el departamento. Por eso, propuso aumentar en un 5% el presupuesto de la seguridad en Antioquia, teniendo en cuenta que, cuando fue diputado, ya logró que se aumentara el presupuesto para la seguridad, materia en la cual “Mi asesor será el ex presidente Uribe”.

Como garantías para la seguridad, propuso crear un Consejo de Seguridad que se reuniría periódicamente para evaluar la situación del departamento y crear consejos comunales en cada subregión para “recuperar la autoridad y la institucionalidad” en Antioquia. Guerra, siguiendo los lineamientos de su partido, está en desacuerdo con la forma en que se están llevando a cabo los diálogos de paz en La Habana. Según él, “si las Farc incumplen con lo acordado, si siguen cometiendo actos violentos, no puede hablarse de posconflicto”.

El fajardista, Federico Restrepo, sí está comprometido con el postconflicto, al anunciar que “continuaremos fortaleciendo el programa de Preparémonos para la Paz que ha venido trabajando Fajardo en su gestión, debemos hacer pedagogía con los ciudadanos para afrontar lo que se avecina, dignificar la vida rural y apoyar a las víctimas para construir paz en el territorio”.

Luis Pérez Gutiérrez, con el aval de los partidos Liberal, Cambio Radical y de la U, dijo que la desmovilización masiva de alzados en armas es un motivo de alegría social, pero no es el fin de la guerra; por el contrario, es el inicio de un trabajo intenso y generoso que toda la nación debe apoyar con perseverancia.

“El posconflicto exige que al desmovilizado se le trate con generosidad; se le abran oportunidades de tener una vida digna, él y su familia; y mediante la reeducación y el empleo, introducirlo a la cultura de la legalidad como actitud de vida”, dijo el candidato.

Precisó que la reinserción no puede continuar la violencia con el disfraz de la paz y sostuvo que “se necesita una estructura gubernamental ágil, que posea un censo de los desmovilizados; que haga seguimiento sobre cada reinsertado, que sepa donde se encuentran; que haga seguimiento y control; y que conozca a sus familias. Una estructura que ofrezca oportunidades laborales y no becas; que busque un padrino a cada desmovilizado que sirva de orientador del nuevo ciudadano que se pretende formar”.

Olmedo López, del Polo Democrático Alternativo, dijo que la “Educación para el posconflicto implica mejoramiento de la infraestructura educativa, profesionalización de 3800 educadores q hoy no son profesionales, habrá kits escolares, alimentación balanceada para todos los estudiantes y subsidio pleno de transporte en la ruralidad. Estar preparados para el posconflicto y la construcción de la paz, será fundamental para encarar una nueva dinámica democrática y social”. 

A modo de conclusión

En conclusión, la opinión pública colombiana percibe que el proceso de paz con las Farc ha mostrado avances satisfactorios, a tal punto de que tras lo acordado en materia de desaparecidos, de justicia transicional y el plazo perentorio establecido para la firma del tratado y la culminación del conflicto, los colombianos tienen la esperanza de que la paz está cerca. Ello independientemente de que firmando la paz con las Farc, quedarían muchos asuntos por resolver (Las Bacrim, la inseguridad callejera, las extorsiones, robos, etc).

También es claro que, además de las propuestas en diferentes frentes como educación, desarrollo empresarial y empleo, por ejemplo -que siguen teniendo mucha importancia- la paz (o la guerra) y propuestas para el postconflicto, tendrán una gran incidencia en la jornada electoral del domingo 25 de octubre.

Uribe y sus candidatos han venido manejando del discurso de la guerra y poniendo énfasis en el tema de la seguridad- y aunque han intentado moderarlo en estos últimos días, es de esperar que al no estar alineados con la búsqueda de la paz por la vía del diálogo, sean rechazados por los electores en las urnas, quienes seguramente premiarán a quienes no solamente tengan propuestas de paz, sino que estén comprometidos en acciones concretas relacionadas con el postconflicto. Un alcalde y un gobernador que no sepan qué hacer con la paz, o que estén en contra de ella, sólo le harían daño a Medellín y a Antioquia.

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[1] Que se suma al de justicia transicional de hace unas semanas.

[2] Dos meses después se produciría la dejación de armas.

[3] Camps, Victoria (2011). El gobierno de las emociones. Barcelona: Editorial Herder.

[4] El Procurador General de la Nación, Alejandro Ordoñez, en sus permanentes cuestionamientos al proceso de paz que se adelanta entre el gobierno y las Farc en La Habana, ha dicho que solo ha servido para que se fortalezca militarmente esa guerrilla.

Debe haber un mayor y decidido compromiso de los empresarios con el postconflicto

Aunque han surgido cuestionamientos[1] al acuerdo sobre la justicia y las víctimas, firmado el pasado 23 de septiembre en la Habana -y del cual en principio la opinión pública solo conoció un comunicado de 10 puntos-, es indudable que ese acuerdo, así como el anuncio de que en marzo del próximo año se le pondría fin al conflicto, simbolizan la llegada del fin del conflicto y el inicio del camino hacia la tan anhelada paz.

El presidente Juan Manuel Santos sostuvo que ha llegado la hora de la paz y este avance pone sobre la mesa la posibilidad de que la economía pueda incluir puntos de crecimiento durante el próximo año en medio de tiempos de austeridad causados por la caída en la renta petrolera y la crisis económica mundial.  Se requiere igualmente -aparte de la voluntad de quienes dejen las filas guerrilleras para reinsertarse a la sociedad civil y a la dinámica económica- que los empresarios se tomen en serio el postconflicto y otorguen oportunidades laborales a estas personas.

Pese a que las cifras de lo que significaría este avance aún no están calculadas al detalle, el Gobierno, gremios y centros de estudio calculan que la paz generaría 0,3% de crecimiento en cada uno de los sectores y hasta 2% si se tienen en cuenta los rendimientos que generaría la puesta en marcha de la primera ola de vías de Cuarta Generación.

José Manuel Restrepo, analista económico y rector de la Universidad del Rosario, resaltó que “el dividendo para la paz puede oscilar, según los estudios que se han hecho, entre 0,4% y 2% adicionales del PIB, una vez se firmen los acuerdos y se implementen las políticas acordadas”.

Esto reafirmaría lo que han anunciado distintos embajadores y ministros de Economía de países como Estados Unidos, México y Portugal, quienes han precisado que esperan fortalecer la red empresarial de sus naciones en Colombia, puesto que habría mayor confianza para invertir, al no tener ningún riesgo de perder capital.

El ex ministro de Minas y Energía, Amylkar Acosta, considera que el aumento del PIB oscilaría entre 2% y 4%. Según el presidente Santos, el crecimiento económico aumentaría y además habría mayor prosperidad, ya que se empezarían a rebajar los gastos anuales que hace la Nación en el conflicto. No obstante, el Gobierno estima que el 18% del presupuesto nacional  asignado para defensa el próximo año ($30 billones) se mantendrá, puesto que los recursos están destinados a temas prioritarios.

Una vez se firme el acuerdo de paz  y las Farc hagan dejación de sus arma, el reto es cómo se logra una sociedad más justa en el país y cuál es el papel que deben jugar los empresarios en todo el proceso del postconflicto, sobre todo en un ambiente de contracción económica mundial y también en Colombia[2], pero además en un entorno laboral en el país en el que predomina el empleo informal y de mala calidad.

En Colombia abunda el trabajo indecente

Según se desprende del octavo Informe Nacional de Trabajo Decente que presentó la semana pasada la Escuela Nacional Sindical (ENS), en Colombia 13,5 millones de trabajadores (64% del total) carecen de alguna prestación de seguridad social, y solo en zonas rurales esa tasa sube al 90%.

El informe advierte que en el país 9,16 millones de personas trabajan por cuenta propia, o sea, no tienen un empleador aparente. La ENS concluye que 3,7 millones de colombianos padecen relaciones laborales ilegales, pues trabajan para alguien, pero no tienen contrato legal ni protección social[3]. Además, según las mismas cifras oficiales  el 54,28% de los ocupados en el último año (11,6 millones de personas) ganaba menos o el equivalente a un salario mínimo.

En el caso concreto de una ciudad tradicionalmente industrial como Medellín, el mismo Dane reconoce que la informalidad es del 42,6%[4], es decir, del millón 800 mil personas ocupadas en la ciudad, 769.000 están en la informalidad.

De www.empresariosaldia.co

De otro lado, destaca la ENS que el año pasado “hubo 3.441 contratos sindicales firmados con 142 sindicatos falsos. Solo unos seis sindicatos reales aplican esta figura para lo que se creó y en los últimos dos años se han iniciado 261 investigaciones por intermediación laboral”.

Según la entidad, este tipo de situaciones se resolvería con mayor inspección laboral por parte del Ministerio del Trabajo, que en el último cuatrienio incrementó el número de inspectores de 286 a 900, pero sigue siendo insuficiente. A esto se suma el fenómeno de la tercerización, pues según cálculos preliminares de la ENS, unos 2 millones de colombianos están bajo esa condición.

Frente a este panorama, la semana pasada, durante la celebración del Día del Trabajo Decente (liderado por el Ministerio del Trabajo), gobierno y empresarios se comprometieron en avanzar en los pilares del trabajo decente: Formación para el trabajo[5], empleo como servicio público, calidad en el empleo[6], erradicación del trabajo infantil y por la vejez responsable.

La apuesta de los empresarios

“Más allá de la firma de un acuerdo de paz, la inclusión y la reconciliación nos competen a todos. En Colombia tenemos una oportunidad histórica para repensar y rediseñar el país que queremos”, dijo recientemente el presidente de la Andi, Bruce Mac Master, durante el lanzamiento en Bogotá de la Estrategia de competitividad inclusiva del gremio empresarial.

Según el dirigente gremial, los dos grandes desafíos que presenta el posconflicto desde la perspectiva económica, son la generación de bienes públicos en zonas de conflicto, y la inclusión de población y territorios tradicionalmente excluidos de las dinámicas de crecimiento económico. “Es aquí donde estamos viendo el rol de los privados en el posconflicto. En el primero a través del pago de los impuestos y las regalías, y en el segundo a través de la Estrategia de Competitividad Inclusiva”, afirmó el presidente de la Andi.

La Estrategia de Competitividad Inclusiva de la Andi se mueve en cuatro ejes: 

Sensibilización: Campaña Soy Capaz para inspirar a la sociedad y a los empresarios a asumir su papel en la construcción de equidad.

Conocimiento: Articulación con la academia para generar conocimiento frente a cuál debe ser el rol del sector privado en el posconflicto, eventos con empresarios internacionales para conocer sus experiencias trabajando en escenarios de posconflicto. 

Inclusión: Acompañamiento a las empresas para incluir a población y territorios excluidos de las dinámicas de mercado a través del funcionamiento de la empresa, por medio de tres mecanismos: Empleo Inclusivo, Encadenamientos Inclusivos y Compras Inclusivas. 

Financiación: En esta materia se contempla la creación del Fondo privado para el posconflicto, aunque no se ha establecido el monto.

Además, la Andi, la Fundación Andi y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) firmaron una alianza para ofrecer un marco de referencia para la cooperación y facilitar la colaboración entre las partes en la promoción conjunta de la agenda POS 2015 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) en las plataformas de articulación con el sector privado. Además, se facilitará el trabajo conjunto en estrategias, programas y proyectos enfocados en el posconflicto en las áreas de sensibilización, conocimiento e inclusión.

Son indiscutibles los retos que en materia laboral e inclusión económica tiene el postconflicto en Colombia, en el cual los empresarios deben jugar un papel preponderante. Sin perder su lógica privada y su visión de negocios, deben dejar de comportarse como donantes caritativos o filantrópicos, para que con una visión más social y de largo plazo, se conviertan en una poderosa herramienta para generar las grandes transformaciones sociales que requiere con urgencia Colombia, de cara al postconflicto.

De lo contrario, aunque el proceso de paz termine con un acuerdo exitoso que ponga fin al conflicto, no se llegará a la paz social y el postconflicto y la reconciliación nacional serán un rotundo fracaso, pues los reinsertados volverán a delinquir al no encontrar oportunidades laborales de reinserción social y serán nuevamente el narcotráfico, las extorsiones y los robos su fuente de ingreso.

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[1] Debido a ello, las delegaciones de ambas partes decidieron que la subcomisión de juristas volverá a congregarse, a partir de este 17 de octubre para “buscar solución a diferencias recientes sobre la interpretación de algunos aspectos”. 

[2] Según el Dane, la industria manufacturera registró una contracción durante el segundo trimestre de 2015. En efecto, el PIB industrial se redujo un -1.3% anual. La producción industrial se redujo un -0.4% en el período de análisis.

[3]Por ejemplo, miles de empleadas de servicio doméstico en áreas urbanas o más de 3 millones de trabajadores del campo, de los cuáles solo uno de cada 10 ocupados tiene una vinculación formal.

[4] Ver publicación del diario El Colombiano del 12 de octubre de 2015. Disponible en: http://www.elcolombiano.com/negocios/42-6-de-los-ocupados-de-medellin-son-informales-LJ2865841

[5] De acuerdo con el Dane, en el país, 21 millones de colombianos están económicamente activos y de ellos, 11 millones son independientes.

[6] Según el gobierno, el teletrabajo ayuda a cerrar barreras de acceso a personas en condición de discapacidad que en el país llega a cerca de 2 millones 650 mil personas y se estima que el 62% no tiene trabajo.

Iliquidez de la Cooperativa Consumo, cuando una entidad solidaria pierde su norte

Después de malas administraciones y contingencias externas que afectaron sus ingresos, la Cooperativa Consumo quedó ad portas del cierre y para que recupere su flujo de caja y la sostenibilidad fue intervenida por la Superintendencia de la Economía Solidaria, que desde el pasado 4 de septiembre encomendó esa misión a Enrique Valencia Montoya, agente especial del ente de vigilancia.

Y es que muchos indicadores de la entidad son preocupantes y reflejan, no solo la falta de liquidez de la cooperativa y la pérdida de rentabilidad del patrimonio (propio y de los asociados), sino que dan cuenta de  la pérdida de su rumbo durante la gerencia de Gustavo León Castillo, quien la condujo a perder más de $11.000 millones de pesos en los últimos 3 años ($4.755 millones el año pasado, con un aumento del 227%).

El primer hecho negativo es que en 2014 los ingresos operativos (ventas) de la cooperativa descendieron 7,67% frente al 2013, al totalizar los $165.214 millones, lo cual es preocupante, pues para generar excedentes y enjugar las pérdidas acumuladas hay que vender más, así de sencillo. El Ebitda fue negativo (-$2.186 millones) y el margen de Ebitda también (-1,32), lo cual refleja la falta de liquidez de la entidad.

Igualmente, el ROA, que consiste en la relación entre el beneficio obtenido en un determinado período y los activos globales de una empresa, o en otras palabras, mide la rentabilidad de los activos, fue también negativo (-3,61).  También fue negativo el ROE (-5,13), es decir, la rentabilidad de los fondos propios (Patrimonio), en este caso de la cooperativa y los asociados.

Consumo La Floresta

Inicios de El Consumo

Si el Cooperativismo es un sistema social y económico, basado en la libertad, la igualdad, la participación y la solidaridad, una cooperativa puede definirse, como una empresa económica formada por personas de una comunidad (vereda, municipio, zona o región), con problemas y necesidades comunes (como: alto costo de la vida, bajos precios por los productos cosechados y desempleo, entre otros) y que buscan solucionarlos uniendo y organizando sus esfuerzos y recursos para desarrollar una actividad económica y defender sus intereses. Bajo estos principios se creó hace más de 50 años la Cooperativa Consumo.

La Cooperativa Consumo es la cristalización de un sueño de 22 profesionales -médicos, economistas, ingenieros civiles, educadores y abogados, entre otros- que junto a varios ingenieros agrónomos adscritos a la Secretaría de Agricultura de Antioquia, el 13 de mayo de 1963 dieron vida a la entidad.

El Consumo inició labores en 1964 con 13 empleados en el barrio San Benito, hoy son 580 colaboradores en 15 supermercados[1], empleos que están en riesgo, por esa pérdida de valores y objetivos cooperativos.

Su principal compromiso estatutario fue luchar contra el acaparamiento y los altos precios de la canasta familiar, el cual se ha perdido en la actualidad, debido en parte al entorno de competencia, pero fundamentalmente por políticas apartadas de los principios cooperativos.

En ese entonces, siguiendo la filosofía de los pioneros de Rochdale[2], los fundadores no exigieron grandes aportes sociales sino el compromiso de comprar los productos ofrecidos en venta, aspecto que también se ha venido perdiendo, porque debido a los altos precios de venta, hoy muchos asociados no mercan en la cooperativa.[3]

Pérdida del sentido solidario

Desde mi punto de vista es claro que el doctor Castillo no tuvo en cuenta los principios cooperativos ni los objetivos que movieron a los fundadores para crear la cooperativa, olvidando que el centro de cualquier entidad solidaria son los asociados. Quiso administrar al Consumo como se administra la competencia, se dedicó a abrir dos almacenes por año, utilizando los recursos del flujo de caja que son indispensables para el día a día de la actividad de la cooperativa y orientó sus diferentes proyectos gerenciales y de mercadeo hacia los terceros, es decir, los clientes, y no hacia la amplia base de asociados.

Tras su salida, en el poco tiempo que estuvo el médico Ricardo Esteban Betancur Posada como gerente y luego Diego Almanza (en su calidad de encargado), se trató de enderezar el camino, pero no se logró, pues más o menos se siguió con la misma óptica.

Consumo Los Colores

Todo ello condujo a que El Consumo perdiera su capacidad reguladora de precios y para poder cubrir los ambiciosos planes de expansión aumentara los márgenes de utilidad en sus diferentes categorías de productos -tanto o más que la competencia-, lo que ocasionó que de manera progresiva los asociados dejarán de comprar en su cooperativa, lo que a su vez explica la baja en las ventas. De las 103.000 personas registradas como socios que tiene la cooperativa, sólo 30.000 están vigentes o activos[4].

Recomponer el camino

Aunque es bastante difícil que la cooperativa vuelva a ser reguladora de precios -como lo fue en su origen en la década del 60- debido a que en ese entonces la economía colombiana era cerrada (con aranceles altos a los productos importados) y desde 1990 es una economía abierta (con productos importados muy baratos), sí se deben buscar alternativas y diseñar mecanismos para ofrecer productos más baratos que la competencia, lo cual sería muy bien visto por los asociados, que volverían a comprar en la cooperativa, dado que sus precios serían más competitivos.

Se dirá que una decisión como esa puede reducir los márgenes de ganancia, sin embargo en el mediano y largo plazo, conducirá al aumento de los ingresos por mayor volumen de ventas, al tiempo que se logra que los asociados sean cada vez más activos comprándole a la cooperativa.

Ello sin dejar de lado que los asociados deben ser los destinatarios de los mayores descuentos frente a los terceros (clientes en general, no asociados). Por ejemplo, en vez de dar un descuento del 20% a todos los clientes (5% adicional para los asociados) en la compra de frutas y verduras, se debe ofrecer directamente un descuento del 25% a los asociados, y disminuir la rebaja para los clientes (no asociados) al 15% o incluso al 10%.

Con acciones como las anteriores -seguramente en el mediano plazo- además de lograr que un mayor número de asociados esté activo al comprar de manera más frecuente en los supermercados de la cooperativa, se incentiva que los terceros (clientes no asociados) se vinculen directamente a la entidad como asociados, al ver los beneficios inmediatos que obtienen comprando, a lo que habría que adicionar los demás beneficios en educación y salud, por ejemplo. Complemento de ello es imperativo, como consignan los estatutos, fidelizar a los asociados.

Para lograr brindar productos más baratos que la competencia, la estrategia a desarrollar es establecer relaciones comerciales con cooperativas o pre-cooperativas de productores para vincularlas como proveedores, eliminando los intermediarios. De esta manera se logran dos objetivos, pues además de ofrecer buenos productos a más bajos precios a los asociados, se ayudaría a otras entidades solidarias, fortaleciendo así el modelo cooperativo.

Acciones y estrategias como estas deben ayudar a aumentar progresivamente las ventas -que vienen en franco deterioro- y a mejorar el flujo de caja, indispensable para la adecuada operación diaria de sus 15 supermercados.

Como única cooperativa del país dedicada a la comercialización de productos de la canasta familiar, Consumo se ha sabido adaptar a los vaivenes del entorno económico y la competencia -y seguramente ahora también lo hará- siempre y cuando recupere su sentido social cooperativo y ponga al asociado en el centro de sus políticas y estrategias, adicional a lo cual se requiere diseñar una estructura que mejore la comunicación entre los diferentes estamentos de la entidad solidaria.

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[1]Pedregal, La América, Rionegro, Niquía, Belén, Buenos Aires, Caldas, Envigado, Poblado, Bello, Floresta, San Joaquín, Los Colores, Terracina y Laureles.

[2]La primera cooperativa propiamente dicha surgió en la población de Rochdale (Inglaterra) en 1.844, formada por 28 trabajadores de una fábrica.

[3] Hoy la Cooperativa Consumo tiene registrados 103.000 asociados.

[4] Para estar vigente como asociado se deben efectuar compras por el equivalente a dos salarios mínimos mensuales vigentes como mínimo al año ($1.374.000).