Sin duda el nuevo avance presentado,
hace 8 días en La Habana, en el proceso de paz con las Farc, se constituye en
algo histórico para Colombia después de 50 años de conflicto, y además de ser
recibido con alborozo por la mayoría de los colombianos -menos por los
uribistas y el procurador- es muy esperanzador para la paz del país, que hay
que decirlo de una vez, todavía no llega, aunque se ve cada vez más cerca.
Es claro que la paz
no llegará por obra y gracias del acuerdo de la semana pasada sobre justicia
transicional. La verdadera paz se empezará a confeccionar durante
el postconflicto, quizás la etapa más crítica de todo el proceso, porque es la fase
de la verdad, la justicia, la reparación y la reconciliación. Como bien
lo dijo el alcalde de Bogotá, Gustavo Petro, en
declaraciones de prensa, “lo que está por delante es lo más difícil y no es
cómo se firma un acuerdo entre armados, sino cómo los desarmados logran
construir una Colombia más justa”.
Siempre se ha dicho
que el país sin guerrilla sería otra osa y el mismo Santos lo dijo en La
Habana, que con la firma de la paz y el fin del conflicto, la economía crecerá
más, habrá más empleo, se mejorará el sistema educativo y el de salud. Uno
supone que debe ser así, puesto se liberarán del presupuesto nacional muchos
recursos que antes se destinaban a la guerra (ya no será necesario mantener
400.000 efectivos del ejército disponibles, por ejemplo). Sin embargo, justamente
ese es el reto del post-conflicto, trabajar por una Colombia más incluyente en
lo social, en lo político y en lo económico, acabar con la corrupción (un flagelo
tan grande como la guerrilla) y tratar de ir reduciendo la brecha entre rico s
y obres, que fue precisamente lo que hace más de 50 años motivó el surgimiento
de los grupos guerrilleros.
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Si bien el gran reto es
el post-conflicto, no debemos olvidar que el proceso con las Farc no ha
terminado y que en estos 6 meses que corren se debe perfeccionar para concretar
también la dejación de arma, sin perder de vista d que muchos aspectos de lo
negociado meses atrás todavía no se ha concretado. Por eso, como ejercicio de
análisis, creo pertinente -a renglón
seguido- no solamente volver a repesar lo acordado la semana pasada en La
Habana (ampliamente difundido ya), sino llamar la atención sobre lo que quedó
pendiente, y lo que igualmente está pendiente de los tres puntos acordados
meses atrás.
Acuerdo histórico sobre
justicia
La fórmula de justicia establecida por
las partes en La Habana, sobre los principios de Verdad, Justicia, Reparación
y No Repetición, contempla la creación de una Comisión para el Esclarecimiento
de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición, así como la creación de una Jurisdicción
Especial para la Paz, que contará con Salas de Justicia y con un Tribunal para
la Paz. Las Salas y el Tribunal estarán integrados principalmente por
magistrados colombianos, y algunos extranjeros.
El componente de justicia prevé́ que a
la terminación de las hostilidades, de acuerdo con el DIH, el Estado colombiano
otorgará la amnistía más amplia posible por delitos políticos y conexos, de
cuya investigación y juzgamiento se encargará la Jurisdicción Especial para la
Paz. Ella tendrá́ competencia respecto de todos los que de manera directa o
indirecta hayan participado en el conflicto armado interno, incluyendo a las
Farc y a los agentes del Estado, por los delitos cometidos en el contexto y en razón
del conflicto, en especial respecto de los casos más graves y representativos.
La Jurisdicción Especial para la Paz
contempla dos tipos de procedimientos: uno para quienes reconocen verdad y
responsabilidad, y otro para quienes no lo hacen o lo hacen. A los primeros se
les impondrá́ una sentencia, fundada en las conductas reconocidas después de
haber sido contrastadas las investigaciones de la Fiscalía General de la Nación,
las sanciones impuestas por otros órganos del Estado, las sentencias judiciales
existentes, así́ como la información que provean las organizaciones de víctimas
y de derechos humanos. Los segundos enfrentarán un juicio contradictorio ante
el Tribunal.
Las sanciones que imponga el Tribunal tendrán
como finalidad esencial satisfacer los derechos de las víctimas y consolidar la
paz y deberán tener la mayor función restaurativa y reparadora del daño
causado. Las sanciones para quienes reconozcan delitos muy graves tendrán un mínimo
de duración de cumplimiento de 5 años y un máximo de 8 de restricción efectiva
de la libertad, en condiciones especiales. Las personas que se nieguen a
reconocer su responsabilidad por tales delitos y resulten culpables serán
condenadas a pena de prisión hasta de 20 años, en condiciones ordinarias.
Para acceder a cualquier tratamiento
especial dentro de la Jurisdicción Especial para la Paz es necesario aportar
verdad plena, reparar a las víctimas y garantizar la no repetición. En el caso de las Farc, la participación en el
sistema integral estará́ sujeta a la dejación de armas, que deberá́ comenzar a más
tardar a los 60 días luego de la firma del acuerdo final.
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Lo que falta del tema de justicia
transicional
En el nuevo ciclo que comienza esta semana, con el claro objetivo de
dejar definido el acuerdo a más tardar el 23 de marzo de 2016, se deberán ir
despejando algunas dudas que persisten y puntualizando aún más lo acordado la
semana pasada.
Por ejemplo, debe establecerse el mecanismo de escogencia de los
magistrados del Tribunal Especial para la paz, de los 20 magistrados que lo
conformarán cuántos serán extranjeros. Igualmente el gobierno debe promulgar la
ley de amnistía en la que se precise taxativamente cuáles son los delitos
amnistiables[1] por su
contenido político y cuáles tienen conexidad[2]
con ellos.
Quedó establecido que para todos aquellos
que reconozcan responsabilidades por los delitos competencia del sistema, la
sanción tendrá́ un componente de restricción de libertades y derechos que
garantice el cumplimiento de las funciones reparadoras y restauradoras de las
mismas mediante la realización de trabajos, obras y actividades y en general la
satisfacción de los derechos de las víctimas. Debe especificarse -ya que no
habrá cárcel como se entiende habitualmente- cómo se dará esa restricción de la
libertad, en que sitios y éstos que características tendrán, cuáles son esas
condiciones especiales de restricción de la libertad en las que estarán los
guerrilleros.
El
acuerdo de la semana pasada estipula que para que las Farc puedan participar en
el sistema integral de justicia especial, deberán dejar las armas, lo cual debe
producirse a más tardar a los 60 días luego de la firma del acuerdo final, es
decir, el 23 de mayo del 2016. En la nueva etapa que comienza deberá
establecerse entonces como será ese proceso de dejación de armas de las Farc,
pues queda claro que no se las van a dar al gobierno colombiano (por eso no se
habla de entrega), pero a alguien se las deben entregar, a algún gobierno
extranjero -que por ningún motivo debe ser el de Venezuela-, a la ONU; a una
comisión especial, en fin. También debe definirse que se hará con esas armas (seguramente
se fundirán) quien será el responsable y cuáles serán los mecanismos de verificación
y que entidad la hará.
Los primeros acuerdos
logrados con las Farc
Desde enero de 2014 el Gobierno y las Farc dieron a
conocer los textos completos de los tres puntos acordados en la mesa de
diálogos. Seis meses después de haberse instalado la mesa de diálogos de La
Habana, las Farc y el Gobierno alcanzaron el acuerdo sobre Política de
desarrollo Agrario Integral. En este se crea un Fondo de tierras constituido
por tierras incautadas o desaprovechadas y serán entregadas a campesinos, se pactó
un plan masivo de formalización de la propiedad y una actualización del
catastro rural.
También se acodó que se promoverán planes de
desarrollo con enfoque territorial, construcción de infraestructura, desarrollo
social y estímulos a la productividad campesina´, al tiempo que se pondrá en
marcha una política de seguridad alimentaria y fortalecimiento de mercados
regionales.
Más o menos al año de haberse iniciado el proceso
se llegó al acuerdo sobre sobre participación política, en el que se estableció
la creación de unas circunscripciones especiales de paz para que puedan
participar en política los habitantes de las regiones más golpeadas por el
conflicto.
Igualmente se incluyó el compromiso de
desarrollar una ley de garantías y un estatuto de oposición y se acordó
la creación de un Sistema Integral de Seguridad para el ejercicio de la
política.
En marzo de 2014 se concretó el tercer punto del
acuerdo, la solución al problema de las drogas ilícitas. Se estableció el
diseño de un programa de sustitución de cultivos de uso ilícito, que incluye un
ambicioso plan de sustitución con un proceso de planeación participativa de las
comunidades. También se incluyó la adopción de un plan de desminado en todo el
territorio nacional, que incluso ya está en marcha (se inició en el Bajo Cauca
antioqueño), al tiempo que se decidió que el consumo de drogas se abordará como
un problema de salud pública.
Lo que quedó
pendiente de esos tres puntos
Del punto sobre la
reforma rural falta por acordar el tema del latifundio y la delimitación de la
propiedad; la extranjerización del territorio; la extracción minero-energética
y los conflictos de uso del suelo; la regulación de los agrocombustibles; la
revisión y renegociación de los tratados de libre comercio; los ajustes a los
planes de ordenamiento territorial; la financiación de la política de
desarrollo rural y agrario integral; la cuantificación del fondo de tierras; la
creación del Consejo Nacional de la Tierra, y las definiciones sobre el derecho
real de superficie.
Del acuerdo de
participación política quedan pendientes temas como la reestructuración del
Estado y la reforma política; la reforma del sistema político electoral; la
reforma de los mecanismos de participación ciudadana; la proscripción del
tratamiento militar a la movilización y la protesta; la elección popular del
procurador, el contralor, el fiscal general y el defensor del pueblo.
Igualmente; la participación ciudadana en la definición de políticas de interés
nacional; la democratización del acceso al espacio radioeléctrico, y la lucha
contra la monopolización de los medios masivos de comunicación.
Del acuerdo inicial
sobre drogas quedó por fuera el planteamiento de las Farc de crear una nueva
política criminal contra las drogas ilícitas; la transformación estructural del
sistema de salud pública que permita encuadrar el desarrollo del programa de
prevención y consumo, y la concreción de una conferencia nacional sobre la
política de lucha contra las drogas.
[1]
El genocidio y los graves crímenes de guerra, entre otros delitos graves
como la toma de rehenes u otra privación grave de la libertad, la tortura, el
desplazamiento forzado, la desaparición forzada, las ejecuciones
extrajudiciales y la violencia sexual, no serán amnistiables.
[2]
El pasado 24 de septiembre, la Sala Penal de la
Corte Suprema de Justicia ratificó que sí
hay conexidad del delito de tráfico de estupefacientes con el de rebelión, cuando esa
actividad ilegal ha sido cometida para financiar organizaciones insurgentes, lo
cual cierra la compuerta de la extradición para los cabecillas de la guerrilla.
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