miércoles, 23 de septiembre de 2015

PACTOS DE GOBERNANZA, EL VALOR AGREGADO DE LA CAMPAÑA DE RICO A LA ALCALDÍA DE MEDELLÍN

Además de tener el respaldo ciudadano expresado en más de 150.000 firmas y el aval de varios partidos políticos (Conservador, Partido de la U, Cambio Radical y parte del Liberalismo) la campaña de Gabriel Jaime Rico a la Alcaldía de Medellín ofrece a los medellinenses un plus que las otras no tienen: los pactos de gobernanza.

Estos pactos los firma el candidato con la comunidad, que se organiza para hacer parte de su programa de gobierno. Grupos comunales, juntas de vecinos, clubes de vida, clubes deportivos, gremios de comerciantes, redes de emprendedores, comunidades religiosas, asociaciones de discapacitados, comunidades afrodescendientes, participan de estos pactos, que el candidato concibe como espacios abiertos para construir desde abajo.

Son varios temas de interés los que convocan a las comunidades: movilidad, educación, oportunidades, seguridad, recreación, convivencia, espacio público y disfrute de la ciudad, entre otros.

“Una Administración Pública de Medellín basada en el modelo de gobernanza, es, pues, el primer motor del desarrollo del principio de participación y a la vez el soporte de nuestra óptica de relacionamiento público-privado”, dice textualmente Rico en su programa de gobierno.

Conveniente es hora tratar de precisar desde lo conceptual, y en contexto histórico, que es la gobernanza.

Fotos: Gabriel Jaime Salazar

 ¿Qué es la gobernanza?
De acuerdo con el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, la gobernanza se entiende como elArte o manera de gobernar que se propone como objetivo el logro de un desarrollo económico, social e institucional duradero, promoviendo un sano equilibrio entre el Estado, la sociedad civil y el mercado de la economía”.[1]

Desde 1990,  con el profesor valenciano, Joan Prats I Catalá, surge un creciente consenso en el sentido de que el actuar público fundamente su legitimidad y eficacia en la calidad de la interacción entre los distintos niveles del gobierno, pero sobre todo entre éstos y  las diferentes organizaciones, tanto de la sociedad civil como empresariales.

La tesis del profesor Prats[2] (quien fuera Director del Instituto Internacional de Gobernabilidad de Catalunya) es sencilla: de la burocracia como paradigma de la racionalidad administrativa se pasó a la Nueva Gestión Pública y de ésta se está transitando a la gobernanza -que coexiste con la burocracia y la gerencia pública-, la cual tiene formas de expresión extraordinariamente plurales.

En definitiva  la gobernanza (llamada por algunos gobierno relacional) es el modo de gobierno característico de una sociedad compleja, diversa, interdependiente y dinámica en la que el Estado (en sus diferentes instancias administrativas) actúa con racionalidad limitada, y en la cual el conocimiento está fragmentado entre diversos actores y la realización de los intereses generales depende de la calidad de la interacción entre las Administraciones Públicas.

Se trata entonces de una especie de gobierno multinivel, en el cual, las relaciones entre los niveles es trascendental, pero también entre éste y las organizaciones de la sociedad civil y del sector privado. La gobernanza es una noción que busca describir una transformación sistémica compleja, que se produce en distintos niveles -de lo local a lo mundial- y en distintos sectores -público, privado y civil-.

La rápida difusión del término gobernanza desde la década del 90 está relacionada con la intención de tomar conciencia sobre un cambio de paradigma en las relaciones de poder, ante una insuficiencia del concepto clásico de gobierno para describir las transformaciones que se han ido produciendo en el contexto de la globalización.

En el complejo mundo globalizado, que articula lo local con lo global (glocal), el gobierno -que no pierde sus funciones tradicionales- se percibe más como coordinador y facilitador. Así la gobernanza se visualiza como un proceso de interacción entre los diferentes actores sociales y políticos y las crecientes interdependencias[3] entre los dos, en las sociedades modernas, que son cada vez más complejas, dinámicas y diversas.

Es claro entonces, que desde el nuevo concepto de gobernanza, los gobiernos no son los únicos actores que deben enfrentar los grandes problemas sociales, sino que éstos constituyen también retos para las organizaciones sociales y empresariales.

Sin embargo, no hay un modelo único de gobernanza, sino que su estructura varía según el gobierno y el nivel administrativo considerados, según advierte el profesor Prats I Catalá, pues debe ser multifacética y plural, orientada a buscar la eficiencia adaptativa y por tanto exige flexibilidad y experimentación.

Los roles de la administración pública alineada con el modelo de gobernanza democrática, apuntan no sólo al desarrollo de la función legal y normativa (cumplir y hacer cumplir la ley), sino también a la función de gestión de servicios orientada a generar protección o bienestar a los ciudadanos, y a la función relacional expresada en el diálogo, la consulta, la participación, la colaboración y cooperación con la sociedad civil.

Lo que no es la gobernanza
Pese a que en general hoy existe consenso en que la gobernanza es una nueva forma de gobernar en la que la eficacia y legitimidad de los gobiernos democráticos se fundamenta en la calidad de la interacción entre éstos y las organizaciones  económicas y sociales, según Josep Pascual y Xavier Godás[4], es necesario no confundirla con otros conceptos como gobernabilidad.

Explican los autores que la gobernabilidad es la capacidad de un gobierno para formular y llevar a la práctica decisiones públicas mediante los cauces institucionales vigentes. Es un atributo del sistema político, de su resultado operativo.

Por su parte, el buen gobierno, se refiere a gobernar bien, a que el gobernante sea capaz de tomar decisiones, de hacer que se cumplan y que ellas tengan algún impacto sobre la comunidad gobernada. Los modos de actuación pueden ser el burocrático, el gerencial o la misma gobernanza.

La evaluación de impacto, aplicada a la gestión de las políticas públicas, examina la dinámica operativa y finalista del gobierno, pero no el proceso político de la gobernanza como modo de gobernar.

Tampoco debe confundirse la gobernanza con la dimensión participativa promovida por el gobierno, en la cual la participación ciudadana tiene un carácter instrumental en beneficio de los objetivos previamente definidos por el gobierno para maximizar la productividad de la administración pública.

Cómo analizar o estudiar la gobernanza
El Instituto de Gobernanza Empresarial y Pública[5] (IGEP) de Argentina, propone que el estudio de la gobernanza debe  centrarse en todos los mecanismos, procesos y reglas a través de los cuales se ejerce la autoridad económica, política y administrativa de una organización, tanto empresarial como estatal o del tercer sector (ONGs). Busca comprender cómo queda determinada la conducta de las instituciones por todo el variado conjunto de agentes y reglas que influyen sobre ella.
Este moderno enfoque multidisciplinario analiza, entre otras cosas:
· Cuál es el diseño interno de una estructura organizacional.
· Cómo opera el sistema de incentivos que regula las relaciones entre sus miembros.
· Cómo impactan las normas legales que rigen sus acciones.
· Cuáles son las restricciones morales y sociales que pesan sobre la conducta de sus funcionarios, directivos o gerentes.
· Cómo influyen en la organización los distintos actores (stakeholders), con intereses potencialmente afectados por ella.

De acuerdo con el IGEP, los principales grupos de disciplinas académicas involucrados en el estudio de la gobernanza,  son: las teorías del comportamiento de las organizaciones y los aspectos sociales del management, las teorías económicas de los costos transaccionales y la economía institucional, las teorías jurídicas sobre la personalidad de las sociedades y el derecho laboral, las teorías financieras sobre corporate governance y su regulación legal, las nuevas teorías sobre recursos humanos y liderazgo, la filosofía de la economía, la ética en los negocios, la ciudadanía corporativa y la responsabilidad social empresarial (RSE), los estudios de políticas públicas y las regulaciones de las relaciones entre el Estado, las empresas y las ONGs.


[1] Diccionario de la lengua española (22.ª edición), Real Academia Española, 2001.
[2] Prats I Catalá, Joan (2005). De la burocracia al management, del management a la gobernanza, las transformaciones de las administraciones públicas de nuestro tiempo. Instituto Nacional de Administración Pública. Madrid.
[3] Kooiman, Jan (2003). Consejo de gobierno. Sage.
[4] Pascual, Josep y Godás, Javier. El buen gobierno 2.0: La gobernanza Democrática Territorial. Ciudades y regiones por la cohesión social y una democracia de calidad. Valencia. Tirant Lo Blanch, 2010. P.p. 20-21.

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