Debe haber un mayor y decidido compromiso de los empresarios con el postconflicto

Aunque han surgido cuestionamientos[1] al acuerdo sobre la justicia y las víctimas, firmado el pasado 23 de septiembre en la Habana -y del cual en principio la opinión pública solo conoció un comunicado de 10 puntos-, es indudable que ese acuerdo, así como el anuncio de que en marzo del próximo año se le pondría fin al conflicto, simbolizan la llegada del fin del conflicto y el inicio del camino hacia la tan anhelada paz.

El presidente Juan Manuel Santos sostuvo que ha llegado la hora de la paz y este avance pone sobre la mesa la posibilidad de que la economía pueda incluir puntos de crecimiento durante el próximo año en medio de tiempos de austeridad causados por la caída en la renta petrolera y la crisis económica mundial.  Se requiere igualmente -aparte de la voluntad de quienes dejen las filas guerrilleras para reinsertarse a la sociedad civil y a la dinámica económica- que los empresarios se tomen en serio el postconflicto y otorguen oportunidades laborales a estas personas.

Pese a que las cifras de lo que significaría este avance aún no están calculadas al detalle, el Gobierno, gremios y centros de estudio calculan que la paz generaría 0,3% de crecimiento en cada uno de los sectores y hasta 2% si se tienen en cuenta los rendimientos que generaría la puesta en marcha de la primera ola de vías de Cuarta Generación.

José Manuel Restrepo, analista económico y rector de la Universidad del Rosario, resaltó que “el dividendo para la paz puede oscilar, según los estudios que se han hecho, entre 0,4% y 2% adicionales del PIB, una vez se firmen los acuerdos y se implementen las políticas acordadas”.

Esto reafirmaría lo que han anunciado distintos embajadores y ministros de Economía de países como Estados Unidos, México y Portugal, quienes han precisado que esperan fortalecer la red empresarial de sus naciones en Colombia, puesto que habría mayor confianza para invertir, al no tener ningún riesgo de perder capital.

El ex ministro de Minas y Energía, Amylkar Acosta, considera que el aumento del PIB oscilaría entre 2% y 4%. Según el presidente Santos, el crecimiento económico aumentaría y además habría mayor prosperidad, ya que se empezarían a rebajar los gastos anuales que hace la Nación en el conflicto. No obstante, el Gobierno estima que el 18% del presupuesto nacional  asignado para defensa el próximo año ($30 billones) se mantendrá, puesto que los recursos están destinados a temas prioritarios.

Una vez se firme el acuerdo de paz  y las Farc hagan dejación de sus arma, el reto es cómo se logra una sociedad más justa en el país y cuál es el papel que deben jugar los empresarios en todo el proceso del postconflicto, sobre todo en un ambiente de contracción económica mundial y también en Colombia[2], pero además en un entorno laboral en el país en el que predomina el empleo informal y de mala calidad.

En Colombia abunda el trabajo indecente

Según se desprende del octavo Informe Nacional de Trabajo Decente que presentó la semana pasada la Escuela Nacional Sindical (ENS), en Colombia 13,5 millones de trabajadores (64% del total) carecen de alguna prestación de seguridad social, y solo en zonas rurales esa tasa sube al 90%.

El informe advierte que en el país 9,16 millones de personas trabajan por cuenta propia, o sea, no tienen un empleador aparente. La ENS concluye que 3,7 millones de colombianos padecen relaciones laborales ilegales, pues trabajan para alguien, pero no tienen contrato legal ni protección social[3]. Además, según las mismas cifras oficiales  el 54,28% de los ocupados en el último año (11,6 millones de personas) ganaba menos o el equivalente a un salario mínimo.

En el caso concreto de una ciudad tradicionalmente industrial como Medellín, el mismo Dane reconoce que la informalidad es del 42,6%[4], es decir, del millón 800 mil personas ocupadas en la ciudad, 769.000 están en la informalidad.

De www.empresariosaldia.co

De otro lado, destaca la ENS que el año pasado “hubo 3.441 contratos sindicales firmados con 142 sindicatos falsos. Solo unos seis sindicatos reales aplican esta figura para lo que se creó y en los últimos dos años se han iniciado 261 investigaciones por intermediación laboral”.

Según la entidad, este tipo de situaciones se resolvería con mayor inspección laboral por parte del Ministerio del Trabajo, que en el último cuatrienio incrementó el número de inspectores de 286 a 900, pero sigue siendo insuficiente. A esto se suma el fenómeno de la tercerización, pues según cálculos preliminares de la ENS, unos 2 millones de colombianos están bajo esa condición.

Frente a este panorama, la semana pasada, durante la celebración del Día del Trabajo Decente (liderado por el Ministerio del Trabajo), gobierno y empresarios se comprometieron en avanzar en los pilares del trabajo decente: Formación para el trabajo[5], empleo como servicio público, calidad en el empleo[6], erradicación del trabajo infantil y por la vejez responsable.

La apuesta de los empresarios

“Más allá de la firma de un acuerdo de paz, la inclusión y la reconciliación nos competen a todos. En Colombia tenemos una oportunidad histórica para repensar y rediseñar el país que queremos”, dijo recientemente el presidente de la Andi, Bruce Mac Master, durante el lanzamiento en Bogotá de la Estrategia de competitividad inclusiva del gremio empresarial.

Según el dirigente gremial, los dos grandes desafíos que presenta el posconflicto desde la perspectiva económica, son la generación de bienes públicos en zonas de conflicto, y la inclusión de población y territorios tradicionalmente excluidos de las dinámicas de crecimiento económico. “Es aquí donde estamos viendo el rol de los privados en el posconflicto. En el primero a través del pago de los impuestos y las regalías, y en el segundo a través de la Estrategia de Competitividad Inclusiva”, afirmó el presidente de la Andi.

La Estrategia de Competitividad Inclusiva de la Andi se mueve en cuatro ejes: 

Sensibilización: Campaña Soy Capaz para inspirar a la sociedad y a los empresarios a asumir su papel en la construcción de equidad.

Conocimiento: Articulación con la academia para generar conocimiento frente a cuál debe ser el rol del sector privado en el posconflicto, eventos con empresarios internacionales para conocer sus experiencias trabajando en escenarios de posconflicto. 

Inclusión: Acompañamiento a las empresas para incluir a población y territorios excluidos de las dinámicas de mercado a través del funcionamiento de la empresa, por medio de tres mecanismos: Empleo Inclusivo, Encadenamientos Inclusivos y Compras Inclusivas. 

Financiación: En esta materia se contempla la creación del Fondo privado para el posconflicto, aunque no se ha establecido el monto.

Además, la Andi, la Fundación Andi y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) firmaron una alianza para ofrecer un marco de referencia para la cooperación y facilitar la colaboración entre las partes en la promoción conjunta de la agenda POS 2015 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) en las plataformas de articulación con el sector privado. Además, se facilitará el trabajo conjunto en estrategias, programas y proyectos enfocados en el posconflicto en las áreas de sensibilización, conocimiento e inclusión.

Son indiscutibles los retos que en materia laboral e inclusión económica tiene el postconflicto en Colombia, en el cual los empresarios deben jugar un papel preponderante. Sin perder su lógica privada y su visión de negocios, deben dejar de comportarse como donantes caritativos o filantrópicos, para que con una visión más social y de largo plazo, se conviertan en una poderosa herramienta para generar las grandes transformaciones sociales que requiere con urgencia Colombia, de cara al postconflicto.

De lo contrario, aunque el proceso de paz termine con un acuerdo exitoso que ponga fin al conflicto, no se llegará a la paz social y el postconflicto y la reconciliación nacional serán un rotundo fracaso, pues los reinsertados volverán a delinquir al no encontrar oportunidades laborales de reinserción social y serán nuevamente el narcotráfico, las extorsiones y los robos su fuente de ingreso.

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[1] Debido a ello, las delegaciones de ambas partes decidieron que la subcomisión de juristas volverá a congregarse, a partir de este 17 de octubre para “buscar solución a diferencias recientes sobre la interpretación de algunos aspectos”. 

[2] Según el Dane, la industria manufacturera registró una contracción durante el segundo trimestre de 2015. En efecto, el PIB industrial se redujo un -1.3% anual. La producción industrial se redujo un -0.4% en el período de análisis.

[3]Por ejemplo, miles de empleadas de servicio doméstico en áreas urbanas o más de 3 millones de trabajadores del campo, de los cuáles solo uno de cada 10 ocupados tiene una vinculación formal.

[4] Ver publicación del diario El Colombiano del 12 de octubre de 2015. Disponible en: http://www.elcolombiano.com/negocios/42-6-de-los-ocupados-de-medellin-son-informales-LJ2865841

[5] De acuerdo con el Dane, en el país, 21 millones de colombianos están económicamente activos y de ellos, 11 millones son independientes.

[6] Según el gobierno, el teletrabajo ayuda a cerrar barreras de acceso a personas en condición de discapacidad que en el país llega a cerca de 2 millones 650 mil personas y se estima que el 62% no tiene trabajo.