Tras un paro de educadores de dos semanas que significó
la suspensión de clases para miles de estudiantes de básica primaria y
secundaria y la realización de diferentes protestas de los profesores de todo
el país, Fecode negoció con el Gobierno lo relacionado con la nivelación
salarial, la salud y la evaluación de la competencia docente.
Este miércoles durante la entrega del Premio Compartir
al Maestro 2015, en el Teatro Colón de Bogotá, el Presidente Juan Manuel Santos,
destacó que el incremento salarial acordado (12% diferido para los cuatro
años), significa un esfuerzo fiscal adicional de $4 billones de pesos.
Agregó que este año, por primera vez en la historia, el
presupuesto para la educación será mayor que el presupuesto para la guerra, al
llegar a casi $137 billones de pesos, mientras que para seguridad y defensa
serán $94 billones en el cuatrienio, lo cual se puede interpretar como una
consecuencia lógica de firmarse un acuerdo de paz.
Al mirar estas cifras se puede interpretar como una
clara decisión política del gobierno para mejorar la educación en Colombia,
aspecto en el que el país está claramente rezagado y en el que países que han
salido del subdesarrollo han incrementado sustancialmente el presupuesto para
elevarlo a más del 7% del PIB.
En general los países de América Latina han venido
haciendo un esfuerzo en esta materia, al juzgar por un estudio de la Unesco[1], en el que se da cuenta
del incremento de la inversión del 4.5% al 5.2% del PIB en promedio en la
pasada década (Ver gráfica tomada del estudio).
Santos anunció también en la mencionada celebración del
Día del Maestro que la educación gratuita en Colombia va ser obligatoria hasta
el grado once, y no únicamente hasta el grado noveno -como lo venía siendo-, lo
cual va en consonancia con el artículo 26 de la Declaración
Universal de los Derechos Humanos (1948), que señala: “Toda persona tiene
derecho a la educación. La educación debe ser gratuita, al menos en lo
concerniente a la instrucción elemental y fundamental. La instrucción elemental
será obligatoria. La instrucción técnica y profesional habrá de ser
generalizada; el acceso a los estudios superiores será igual para todos, en
función de los méritos respectivos”.
No obstante, si bien a primera vista parecen
bien intencionadas las medidas adoptadas para mejorar le educación en el país,
parece haber una distorsión en las mismas, al considerar –implícitamente- que
la calidad depende únicamente de los maestros, pues el gobierno puso en marcha un programa de incentivos al
desempeño, según el cual los docentes, directivos y trabajadores
administrativos de los colegios que logren alcanzar las metas de mejoramiento
Mínimo Anual, podrán obtener estímulos económicos equivalentes hasta a un
salario adicional al año y que de acuerdo con el Ministerio de Educación
Nacional, puede significar un incremento en los ingresos de un docente de hasta
el 7.5% por ciento anual.
El Jefe de Estado consideró que con este programa de
incentivos y estímulos “ganan nuestros niños, pues aprenderán más y mejor;
ganan los maestros, pues mejoran sus ingresos, y gana el país, pues nos
acercamos al propósito de ser la nación más educada de América Latina”.
Estos premios o incentivos a la docencia tienen una
clara concepción liberal o mejor de la economía liberal (neoliberal), en la que
se dan bonificaciones por productividad a los trabajadores, olvidando-como bien
lo resalta el mencionado informe de la Unesco- que una
visión multidimensional del derecho a la educación, que incluye el derecho a
aprender y a recibir un buen trato en el sistema escolar, sitúa la calidad de
la educación en el centro de las preocupaciones. Más aún, resalta el informe
que “dados los importantes avances en cobertura, la agenda de educación para
todos en la región estará cada vez más marcada por los desafíos de la calidad,
siendo uno de ellos asumir una definición amplia y no reduccionista del
concepto de ‘calidad educativa’” (Página
25).
Es indiscutible que el
pilar fundamental de la calidad educativa son las capacidades profesionales
docentes, pero además la profesión docente debe ser de estatus social, es
decir, con buenos salarios y adecuadas condiciones laborales. “Aunque la
información disponible es parcial, todo indica que la situación predominante de
la docencia en la región no se ajusta a las características de una profesión de
alto estatus: los salarios y las condiciones laborales son deficientes, la
formación inicial es de baja calidad, y las oportunidades de desarrollo
profesional son limitadas”, resalta el informe de la Unesco (página 26).
En consecuencia, el desafío de la política
educativa en América Latina -y particularmente en Colombia- es enorme, pues
implica configurar una carrera profesional docente capaz de atraer a jóvenes
talentosos a la docencia, formar adecuadamente a los candidatos, retener en las
aulas (especialmente en aquellos sectores más desaventajados) a los profesores
competentes, y hacer del desarrollo profesional una necesidad y una exigencia.
Indispensable para ello
es la unificación del Estatuto Docente y la nivelación salarial de los docentes
que más recientemente ingresaron al sistema. En el país coexisten dos estatutos
que regulan el ejercicio de la docencia, el Decreto 2277 del 14 de septiembre de 1979 (el de los maestros
´viejos’) y el Decreto 1278 de Junio 19
de 2002 (el de los maestros ´nuevo’).
El primer decreto, en sus artículos 8 y 9 crea el escalafón nacional
docente para la clasificación de los educadores, el cual está constituido
por catorce grados en orden ascendente, del 1 al 14. Permite que los años
de servicio para el ascenso en el escalafón puedan ser continuos o
discontinuos y laborados en establecimientos educativos oficiales o no
oficiales aprobados por el Ministerio de Educación Nacional (Artículo 11).
Entre tanto, el Decreto 1278 estructura otro Escalafón Docente (artículo
20) conformado por tres (3) grados, que se establecen con base en formación
académica. Cada grado tiene cuatro (4) niveles salariales (A-B-C-D). Quienes
superen el período de prueba se ubicarán en el Nivel Salarial A del
correspondiente grado, según el título académico que acrediten; pudiendo ser
reubicados en el nivel siguiente o ascender de grado, después de tres (3) años
de servicio, siempre y cuando obtengan en la respectiva evaluación de
competencias el puntaje indicado para ello, según lo dispuesto en el artículo
36 del mismo decreto.
Una vez inscrito, se considera ascenso pasar de un grado a otro dentro
del Escalafón Docente, previa acreditación de requisitos y superación de las
correspondientes evaluaciones de desempeño y de competencias, y existencia de
disponibilidad presupuestal. Esto último es particularmente injusto, pues si un
docente asciende en ´franca lid´ y en condiciones de mayor exigencia que los
del decreto anterior, lo más justo es que ese ascenso se produzca de inmediato
con su consiguiente mejora salarial.
Además va en contravía de una política de mejora educativa como la
pregona el gobierno.
Quizás por esta situación, luego
de que Fecode y el Gobierno llegaran a un acuerdo que implicó el levantamiento
del paro del magisterio colombiano, quedó un sentimiento mayoritario entre los
profesores que se sienten traicionados y que los acuerdos logrados no los
representan. Por otro lado, distintos sectores de educadores reclaman un cambio
radical en las prácticas sindicales, lo implicaría una reforma de los estatutos,
y se escucharon muchas voces que reclaman la creación de otro sindicato
magisterial, que represente los verdaderos intereses de los docentes cobijados
por el decreto 1278.
[1] Se llama “Situación educativa de
América Latina y El Caribe: Hacia la educación de calidad para todos al 2015”.
Disponible en
http://www.unesco.org/new/fileadmin/MULTIMEDIA/FIELD/Santiago/images/SITIED-espanol.pdf
Felicitaciones y adelante con el blog
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