Con alzas en las tarifas de energía los colombianos pagamos la imprevisión del gobierno por el fenómeno de El Niño

Con el liderazgo del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres, se lanzó la semana pasada la campaña para el ahorro de agua, energía y la prevención de incendios, Todos Contra el Derroche.  El Ministro, Gabriel Vallejo López, fue enfático en decir que de los hábitos que asuman los colombianos dependerá que el país pueda atender las consecuencias del este fenómeno climático.

El Gobierno Nacional, por medio de “Todos Contra el Derroche”, busca generar conciencia frente a la importancia del ahorro de agua y energía, especialmente por el fenómeno climático por el que atraviesa el país. Esta campaña tiene el propósito de convertirse en un movimiento nacional que contribuya a enfrentar los efectos de la sequía que se está viviendo en gran parte del territorio nacional, especialmente en las regiones Andina y Caribe.

 

Cortesía

Bañarse en 3 minutos, usar las luces de Navidad solo cuando realmente las estemos disfrutando y prevenir los incendios forestales no prendiendo fogatas, son algunas de las acciones recomendadas para esta época en la que el país enfrenta una fuerte temporada de sequía que se extenderá hasta los primeros meses del 2016.  

En general son recomendaciones válidas que pueden ser acatadas y asumidas por todos los colombianos, debido a que ya se están sintiendo los efectos negativos del fenómeno climático en la economía colombiana, según lo advirtió recientemente, el titular de la carteara de Hacienda, Mauricio Cárdenas Santamaría, siendo la inflación en el precio de los alimentos la más afectada[1]. 

Pero el gobierno no se ha limitado hacer este tipo de recomendaciones tendientes a que los colombianos tomen conciencia de la situación, sino que anunció que desde diciembre aumentarán las tarifas de la energía, lo cual de inmediato generó rechazos por parte de gremios económicos, usuarios y entes de control. Estos entes, como la Personería del Pueblo, hicieron fuertes cuestionamientos al gobierno por la decisión y a las empresas generadoras -y especialmente las que tienen plantas termoeléctricas[2]- que han recibido durante nueve años una especie de seguro para garantizar su operación, llamado cargo por confiabilidad, cuyo objetivo era precisamente garantizar la disponibilidad de la energía en época de escasez de agua.

Acolgen -la asociación de compañías generadoras- salió al paso a explicar que lo que se pagará no es el cargo por confiabilidad, sino el diferencial de la pérdida, porque estuvo mal calculado por la Creg (Comisión Reguladora de Energía y Gas). “Ese cargo no se puede ver como un valor agregado, lo que está tratando hacer el Ministerio es asumir ese diferencial, el porcentaje que no quedó cubierto por el cargo de confiabilidad”, dijo la agremiación de las generadoras en un comunicado.

Lo que está claro es que esos recursos debían ser utilizados para que las térmicas incrementaran su producción de energía cuando se presentara la baja hidrología como consecuencia del fenómeno climático. Normalmente, Colombia consume 190 gigavatios hora-día de energía, de los cuales el 70% proviene del parque hidráulico y el restante 30% del térmico. Cuando hay fenómeno de El Niño, como ahora, las térmicas deben  aumentar su producción al 50%, o sea, generar 85 gigavatios hora-día, pero no lo están haciendo porque no tienen la capacidad instalada y por eso el gobierno debe emprender campañas de uso eficiente del agua (lo cual está bien) para que el país nos se vea abocado a un racionamiento del líquido y de energía.

Sin embargo, además de cargarle la responsabilidad de ahorrar agua a los colombianos que durante nueve años pagamos el cargo por confiabilidad para que las térmicas estuvieran preparadas por a suplir la baja hidrología, el gobierno no solamente no se está buscando los culpables o responsables en esas compañías, sino que nos van poner a pagar esos faltantes a todos los consumidores, que aun así, seguiremos avocados a eventuales racionamientos, si no tomamos conciencia del uso racional del agua y la energía.

Lo cierto del caso es que los más de 10 millones de usuarios del sistema interconectado nacional que veníamos pagando el cargo por confiabilidad,  vamos a resultar pagando las imprevisiones, malos cálculos e ineficiencias del gobierno, ya que de las las pérdidas por $3 billones, los generadores sólo asumirán $2 billones y el $1 billón restante, lo asume la demanda, es decir los consumidores.

 Los recursos que servirían de seguro ante una contingencia, hoy no hay claridad de dónde están. La contingencia se presentó y lo lógico es que los usuarios estuviéramos cubiertos por la ´póliza´ que pagamos, y que quienes asumieron el riesgo le respondieran al país. Sin embargo, las termoeléctricas (que para el ejemplo serían las aseguradoras) dicen que se gastaron la plata y que no tienen con qué pagar el siniestro.  

En declaraciones radiales esta semana, el senador Alexander López afirmó que los 9.000 millones de dólares que “pagamos los colombianos por el cargo de confiabilidad se perdieron” y que ahora el ministro de Minas quiere solucionar el problema con un aumento en las tarifas de energía.

La explicación que da el gobierno para tratar de justificar lo injustificable (que se perdió la plata) es que el cargo por confiabilidad estaba mal diseñado, pero la falla se detecta 9 años después de estarse pagando dicho cargo, ¿Raro no?

El ministro de Minas y Energía, Tomás González, diligentemente salió en los medios a anunciar cómo serán los aumentos en las tarifas, pero no ha explicado en donde están los recursos del cargo de confiabilidad.

Si bien es cierto que el aumento mensual en la tarifa es mínimo ($400 mensuales para un usuario del estrato 1 y menos de $3.000 para uno del 6), en el global implica el recaudo adicional de $1 billón de pesos. Se trata pues de un ´salvavidas´ injustificado para el sector, pues cuando hubo mucha agua no nos devolvieron lo pagado por el cargo de confiabilidad.

Como si esto fuera poco, la Superintendencia de Servicios Públicos tampoco ha estado del lado de los usuarios del sistema interconectado nacional y en vez de ejercer una estricta vigilancia a esos recursos, se ha dedicado a defender la tesis del gobierno y las generadoras de energía.

Lo más paradójico -y delicado- es que la Contraloría General de la República había advertido de los enormes riesgos de darles recursos a los generadores por concepto del cargo de confiabilidad. En el 2013 la entidad cuestionó la eficacia del esquema al advertir que ese cargo era ineficaz y que incidía en el precio de la energía en el mercado mayorista y en el costo de las tarifas finales del servicio de energía eléctrica a los usuarios.    

Seguimos a la espera de que se señale quiénes fueron los responsables de este desajuste, que se explique qué pasó con las garantías de los contratos y por qué tenemos que pagar los colombianos después de que nadie responde por los recursos del cargo por confiabilidad.

Al igual que muchos colombianos, aunque soy consciente de que debe haber un uso racional del agua y la energía, no comparto las acciones que ha tomado el gobierno para conjurar la crisis y por esa razón estoy de acuerdo con la acción legal que pretende revocar la decisión del Gobierno de aumentar las tarifas de energía. 

---

[1] Las verduras, hortalizas y frutas, son los grupos de la canasta familiar que han registrado considerables incrementos en las últimas semanas.

[2] Hay tres térmicas que están comprometidas en las irregularidades detectadas: Termocandelaría, Termovalle y Termoencali.