La presencia de la Frontino Gold Mines -como lo
vimos en el artículo anterior- es vital para el Nordeste minero antioqueño
porque tiene gran impacto en la actividad económica y social de los municipios
de Segovia y Remedios. Sin embargo, la actividad de la mina ha servido también
de incentivo para que los mineros informales se organicen mediante la creación
de asociaciones, que en últimas pretenden legitimar y visibilizar su labor.
Estas organizaciones datan de la década de 1990, salvo la Asociación
Mutual de Mineros El Congote de Segovia, que tiene alrededor de 40 años y
cuenta con 134 socios. El motivo de la asociación está relacionado con la
necesidad de legalizarse, procurarse el material explosivo para la actividad y
aumentar la productividad.
Esas asociaciones pequeñas se han aglutinado en la Asociación de Mineros
del Nordeste, Asomina, que agrupa a 80 minas pequeñas en Segovia y fue
constituida en 1993, con apoyo de la Frontino Gold Mines, FGM. Su objetivo es
mediar entre los mineros y la empresa y ayudar a la consecución de explosivos
con las Fuerzas Militares.
Otras organizaciones de la región son: Asomarmajito que trabaja en una
mina dada en concesión por la FGM, la Asociación Mutual Mineros El Congote y la
Asociación de Entables Mineros, Aplaba, ubicadas en Segovia. En Yalí está la
Asociación de Mineros de Yalí (Asomiya) y en Amalfi la Cooperativa Multiactiva
de Mineros de Amalfi.
Precisamente en su afán
de legalizarse y cumplir con la normatividad, en enero de 2012, los mineros
informales del Bajo Cauca y Nordeste
antioqueños, le propusieron al gobierno nacional poner en marcha un
laboratorio para la legalización de títulos mineros que, de dar resultados,
constituiría un programa piloto para todo el país.
La propuesta busca que se legalicen cerca de 1.500
solicitudes de minería de facto, (es decir, ilegal), en los municipios de
Segovia y Remedios (Nordeste antioqueño) y en Cáceres y Zaragoza (Bajo Cauca
del departamento).
La propuesta tuvo eco en la Asamblea de Antioquia,
donde -por ese entonces- se conformó una mesa de trabajo que contó con la participación
de los diputados integrantes de las comisiones IV y Accidental de la
corporación, las secretarías de Gobierno y Minas del Departamento; miembros de
la Fuerza Pública; las corporaciones autónomas regionales y, por supuesto,
delegados de los mineros.
Luego de este recorrido de cuatro artículos, con la pretensión de dar
una aproximación a la problemática social, económica, político-militar, que
origina la extracción aurífera en el Nordeste minero antioqueño, se pueden
aventurar algunas conclusiones, con las cuales finalizamos esta serie.
Conclusiones
En la sub-zona Minera (Remedios y Segovia) del Nordeste antioqueño, la
codicia y avaricia por el oro, marcó desde los tiempos de La Colonia las
dinámicas de poblamiento, las cuales se mantuvieron en los albores de la
república y se aceleró con la entrada de grandes compañías extranjeras como la
Frontino Gold Mines.
Los ciclos de producción del oro marcaron, marcan y seguramente
marcarán, esas dinámicas de sístole y diástole de población hacia lo centros
mineros del Nordeste antioqueño. Sin embargo, a partir del periodo denominado
“La Violencia”, factores políticos entraron a jugar un papel importante en esa
dinámica, expresado en el control que los dos partidos tradicionales trataron
de ejercer en el territorio. Control que empezaron a perder desde finales de la
década del 60 y comienzos del 70, cuando fuerzas políticas cívicas y de
izquierda irrumpieron con fuerza en la zona, de la mano se organizaciones
sindicales asociadas a la minería.
El partido Liberal -que tenía la hegemonía en la zona- reacciona y en
alianza con empresarios del oro y grupos paramilitares (que habían surgido en
la región atraídos también “por el brillo del oro”) retoma el control a sangre
y fuego. Cometieron no solamente asesinatos selectivos, sino atroces matanzas
de población civil y propiciaron la expulsión de grandes masas de campesinos y
pequeños mineros.
“Para la subregión del Nordeste antioqueño y específicamente para
los municipios de Remedios y Segovia, la confrontación tuvo como sustento y
soporte principal los intereses económicos de los terratenientes y compañías
mineras”, dice un documento
de la Comisión Humanitaria por la Convivencia y la Paz del Nordeste Antioqueño.
Esos mismos grupos paramilitares, devenidos hoy en Bacrim (bandas
Criminales) producto de su alianza con los narcotraficantes, quieren seguir
ejerciendo el control de una actividad
ancestral, que también quieren controlar las guerrillas y que el gobierno
pretende entregar al gran capital internacional para impulsar una de sus
locomotoras de desarrollo[1].
Para ello expide normativas, decretos y demás, que en última instancia
lo que ponen en evidencia es que el pequeño minero, informal o artesanal, está
en la mitad del ´sanduche´: por un lado lo acusan de connivencia con esos
grupos al margen de la ley, de los cuales es víctima; o en el mejor de los
casos lo acusan de acabar con el medio ambiente con la extracción poco técnica
del preciado metal; y por el otro, es víctima constante de la presión de los
integrantes de bandas criminales que están, cual aves de rapiña, al acecho de
cualquier gramo de oro que se extraiga para cobrar su porcentaje, que no es
pequeño.
La actividad minera en el Nordeste del departamento (Segovia y Remedios)
afronta entonces varios problemas, siendo el primero de ellos el de la minería
ilegal por las connotaciones jurídicas; a éste va asociado otro, también de
carácter jurídico, que es el de la
invasión de las minas, lo cual genera un problema social.
El tercer problema se refiere al orden público, relacionado en parte -como
el número de invasores- con los predios de la Frontino Gold Mines[2] y
el incremento en el número de informales que acceden a las minas. El cuarto es
la presencia de grupos armados al margen de la ley, que bajo diferentes
modalidades de extorsión usufructúan los yacimientos.
Un quinto problema, al parecer conjurado con la venta de la empresa, son
las huelgas en la Frontino Gold Mines, que tienen graves repercusiones en lo
social y económico para los dos municipios. El sexto inconveniente se relaciona
con la forma artesanal de las explotaciones ilegales o informales, que
ocasionan graves deterioros al medio ambiente.
Se puede decir -ya para terminar- con todo el panorama mostrado en estos
cuatro artículos, y desde la geografía crítica, que la apropiación del espacio
y la construcción territorial, reciben una decisiva influencia, y hasta
determinación, de los flujos de capitales y los centros de poder,
político-económicos.
[1] Prueba de ello es que la Autoridad
Nacional de Licencias Ambientales (Anla) acaba de dar luz verde al proyecto
Gramalote, lo que ubicará desde el año 2021 al municipio de San Roque, en el
Nordeste antioqueño como el epicentro de la mayor producción de oro del país.
La licencia fue otorgada a la sociedad compuesta por las multinacionales
AngloGold Ashanti y B2Gold. Ver el artículo del diario El Colombiano del 2 de
diciembre de 2015 “En San Roque estará la mina de oro más grande de
Colombia”.
[2]
La empresa llegó a nuestro territorio en 1.852, operando con capital inglés,
luego fue propiedad francesa y en la década de los 50 del siglo XX,
norteamericana.
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