La guerrilla no es el principal problema de Colombia, es la corrupción

Aunque quizás la mitad de los colombianos no esté de acuerdo con el proceso de paz con las Farc -por lo menos los que se identifican con el pensamiento del Centro Democrático- el resto de los nacionales anhela la paz y por eso respalda las  negociaciones de La Habana, pese al traspiés surgido la semana pasada a raíz de la presencia en un mitin de jefes negociadores de la guerrilla junto a hombres armados en La Guajira[1].

No obstante, quienes respaldamos el proceso de paz, no podemos ser ingenuos y tragarnos enterito el manido discurso del presidente Santos, según el cual al firmar un acuerdo de paz con las Farc, quedarán resueltos, como por arte de magia, los problemas más graves y sentidos de Colombia. La economía dejará de presentar crecimientos tan mediocres como los de ahora, la contratación de obras por parte del Estado ahora sí será transparente, las EPS van a brindar atención digna y oportuna a los pacientes hoy vistos como clientes, se acabará la cartelización en las empresas para manipular los mercados y los precios al consumidor,  se dejará de perseguir y asesinar a sindicalistas y activistas de derechos humanos y se desaparecerá la corrupción en las instituciones públicas.

En primera instancia hay que tener presente que lo que se pacte en La Habana entre el gobierno y las Farc, no es el final, sino el principio de una larga carrera para lograr en Colombia una sociedad más justa y equitativa, con procesos verdaderamente democráticos y oportunidades para las clases de menores recursos. En segundo término, el proceso de paz seguramente es un paso en la dirección correcta, pero debe servir para que el gobierno y todos los colombianos centremos la atención en otros asuntos trascendentales como la recuperación de una ética pública que oriente el accionar de todos los funcionarios, que ante todo son servidores públicos.

Positivo es que se firme un acuerdo de paz, eso es indiscutible, porque supone el término de casi 6 décadas de violencia fratricida. La firma de un acuerdo es también positiva porque posibilitaría -por lo menos teóricamente- que graves problemas como el de la corrupción estatal (reflejada de mil maneras), concite el interés nacional y sea tenida en cuenta por la opinión pública, que ya no tendrá esa ´cortina de huno´ creada por la dirigencia política y económica de este país, que muestra a las Farc y a la guerrilla en general como el principal problema de Colombia.

Es indiscutible que desde hace más de 50 años la guerrilla ha generado desestabilización económica, pérdida de recursos estatales, ha propiciado grandes desplazamientos de campesinos y masacrado a miles de personas inocentes. Pero, además, ha hecho que sea la justificación perfecta para el que el Estado asigne grandes cantidades de recursos como proporción del PIB -cuyos manejos no han estado exentos de corrupción- para tener los equipos bélicos necesarios para que la fuerza pública combata a los insurgentes y trate de exterminarlos. Como eso no ha sido posible, es saludable que se negocie con la guerrilla (en este caso concreto con las Farc) y se le abra a esa organización alzada en armas un espacio de participación política.

Sin embargo, quedan asuntos tan graves por resolver como el de los paramilitares devenidos en las Bacrim y la delincuencia común en las grandes ciudades, problemas que hay que abordar a fondo y de manera integral para derrotarlos. No obstante, me atrevo a decir, que el principal problema de Colombia no es la guerrilla como se quiere hacer ver desde el discurso institucional, sino la corrupción, que hunde sus raíces en los albores de la Independencia y el nacimiento de la república y al parecer se ha enquistado, no sólo en la clase política y económica, sino en la misma sociedad colombiana. De ahí que un presidente de Colombia[2], alarmado por los altos niveles de corrupción, dijera que había que llevarla a sus justas proporciones, es decir, que roben pero poquito, que no se note.

Cortesía El Espectador

El top 10 de los casos de corrupción

Independientemente del gobierno de turno, son tantos los casos de corrupción en el país, que quedan en los registros de los noticieros de televisión como meros hechos noticiosos matizados por los goles de los futbolistas colombianos, los casos curiosos de la Costa Caribe, las excentricidades de la farándula criolla o internacional y los problemas en el servicio de Transmilenio en Bogotá.

Sin embargo, en septiembre de 2013, el diario el Espectador[3], se dio a la tarea de recoger en una investigación periodística los 10 casos más sonados y trascendentales de la corrupción en Colombia (hasta ese momento), los cuales representaban cerca de $4 billones y más de 100 implicados en los sectores de infraestructura, transporte, energía y social. La lista es la siguiente:

Caso 10: Agro Ingreso Seguro

Entidad afectada: Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural.

Monto estimado: $12.700 millones

Caso 9: Empresa de Energía de Pereira (Enerpereira)

Entidad afectada: Empresa de Energía de Pereira

Monto estimado: $64.700 millones.

Caso 8: Coomeva EPS

Entidad afectada: Ministerio de Salud.

Monto estimado: $146.900 millones.

Caso 7: Transmilenio calle 26

Entidad afectada: Instituto de Desarrollo Urbano (IDU)

Monto estimado: $156.000 millones.

Caso 6: Vía Bogotá-Girardot

Entidad afectada: Agencia Nacional de Infraestructura (ANI)

Monto estimado: $170.800 millones

Caso 5: Recursos parafiscales de la salud

Entidad afectada: Ministerio de Salud

Monto estimado: $224.000 millones

Caso 4: Recolección de basuras en BogotáEntidad afectada: Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos (UAESP)

Monto estimado: $348.000 millones.

Caso 3: CaprecomEntidades afectadas: Ministerio de Salud y de Protección Social, FOSYGA, Ministerio de Hacienda y Crédito Público y Caja de Previsión Social de Comunicaciones (Caprecom).

Monto estimado: $559.500 millones.

Caso 2: IPS no habilitadas

Entidad afectada: Ministerio de Salud

Monto estimado: $943.900 millones.

Caso 1: SaludCoop EPS

Entidad afectada: Ministerio de Salud

Monto estimado: $1,7 billones.

         A esta recopilación del diario El Espectador habría que sumar dos casos actuales de corrupción. El primero de ellos el de la ampliación de la Refinería de Cartagena, Reficar[4], de Ecopetrol, cuyos costos llegaron a US$ 8.016 millones de dólares, 4.023 millones más de lo inicialmente previsto; y el de la Policía nacional, cuyas implicaciones más que económicas tienen que ver con abuso de poder, acoso laboral y abuso sexual, guardo cierta similitud con el caso del Defensor del  Pueblo, Armando Otálora.

            El caso de la policía y las denuncias de Vicky Dávila

No quiero extenderme en este caso, ampliamente debatido la semana pasada no sólo a raíz de la renuncia del director de la Policía, general Rodolfo Palomino, sino de la periodista Vicky Dávila a la FM por la divulgación de un video del viceministro del Interior, Carlos Ferro.

Quiero simplemente llamar la atención en el sentido de que el debate tomó giros inesperados, mientras que el asunto de fondo (Corrupción en la Policía) sigue intacto y tardíamente abordado por las autoridades (Fiscalía y Procuraduría) sin contar el sospechoso silencio del presidente Santos, de quien se dice también habría pedido la salida de la periodista Dávila. Porque, como bien lo dice nuestra colega Claudia Posada, “Las voces en contra -y algunas muy pocas a favor- de la clase de periodismo que hace Vicky Dávila, no deberían desviar la atención de lo esencial y gravísimo que presumiblemente está pasando al interior de la Policía”[5]

Ese es el asunto de fondo que hay que investigar, no pasarlo de soslayo porque no involucra grandes sumas de dinero -aunque a Palomino lo pueden investigar por enriquecimiento ilícito-, sino que está relacionado con un asunto tan íntimo como es el de las preferencias sexuales de las personas, pero en este caso en relación con abuso de poder y acoso laboral y sexual.

Por eso el debate debe ir más allá de si la periodista violó ese derecho a la intimidad o no (que en mi parecer efectivamente lo hizo), además de que el video no evidencia la existencia de la llamada Comunidad del Anillo, que es en lo que se deben concentrar los entes investigadores para dar con los responsables y develar claramente su modus operandi, así como sus posibles nexos con congresistas.

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[1] Los embajadores de Cuba y Cuba y Noruega, países garantes del proceso de paz en Colombia, buscan esta semana el regreso a la mesa de negociaciones de los comandantes de las Farc que se desplazaron a La Guajira.

[2] Julio César Turbay Ayala (Santafé de Bogotá, 1916-2005): Estadista y político liberal que fue presidente de la República entre 1978 y 1982.

[3] http://www.elespectador.com/noticias/investigacion/el-top-10-de-los-casos-de-corrupcion-ad-portas-de-fallo-articulo-447582

[4] Caso del que sorpresivamente la Fiscalía General de la Nación exoneró de responsabilidades al ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, y al presidente de Ecopetrol, Juan Carlos Echeverry.

[5]El Portal de Claudia, artículo “El héroe y la villana”.http://www.elportaldeclaudiaposada.blogspot.com.co/

El fin del conflicto en Colombia está cerca, pero la paz aún está lejos

Sin duda el nuevo avance presentado, hace 8 días en La Habana, en el proceso de paz con las Farc, se constituye en algo histórico para Colombia después de 50 años de conflicto, y además de ser recibido con alborozo por la mayoría de los colombianos -menos por los uribistas y el procurador- es muy esperanzador para la paz del país, que hay que decirlo de una vez, todavía no llega, aunque se ve cada vez más cerca.

Es claro que la paz no llegará por obra y gracias del acuerdo de la semana pasada sobre justicia transicional. La verdadera paz se empezará a confeccionar durante el postconflicto, quizás la etapa más crítica de todo el proceso, porque es la fase de la verdad, la justicia, la reparación y la reconciliación. Como bien lo dijo el alcalde de Bogotá, Gustavo Petro, en declaraciones de prensa, “lo que está por delante es lo más difícil y no es cómo se firma un acuerdo entre armados, sino cómo los desarmados logran construir una Colombia más justa”.

Siempre se ha dicho que el país sin guerrilla sería otra osa y el mismo Santos lo dijo en La Habana, que con la firma de la paz y el fin del conflicto, la economía crecerá más, habrá más empleo, se mejorará el sistema educativo y el de salud. Uno supone que debe ser así, puesto se liberarán del presupuesto nacional muchos recursos que antes se destinaban a la guerra (ya no será necesario mantener 400.000 efectivos del ejército disponibles, por ejemplo). Sin embargo, justamente ese es el reto del post-conflicto, trabajar por una Colombia más incluyente en lo social, en lo político y en lo económico, acabar con la corrupción (un flagelo tan grande como la guerrilla) y tratar de ir reduciendo la brecha entre rico s y obres, que fue precisamente lo que hace más de 50 años motivó el surgimiento de los grupos guerrilleros.

 

Cortesía

Si bien el gran reto es el post-conflicto, no debemos olvidar que el proceso con las Farc no ha terminado y que en estos 6 meses que corren se debe perfeccionar para concretar también la dejación de arma, sin perder de vista d que muchos aspectos de lo negociado meses atrás todavía no se ha concretado. Por eso, como ejercicio de análisis, creo pertinente  -a renglón seguido- no solamente volver a repesar lo acordado la semana pasada en La Habana (ampliamente difundido ya), sino llamar la atención sobre lo que quedó pendiente, y lo que igualmente está pendiente de los tres puntos acordados meses atrás.

Acuerdo histórico sobre justicia

La fórmula de justicia establecida por las partes en La Habana, sobre los principios de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición, contempla la creación de una Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición, así como la creación de una Jurisdicción Especial para la Paz, que contará con Salas de Justicia y con un Tribunal para la Paz. Las Salas y el Tribunal estarán integrados principalmente por magistrados colombianos, y algunos extranjeros.

El componente de justicia prevé́ que a la terminación de las hostilidades, de acuerdo con el DIH, el Estado colombiano otorgará la amnistía más amplia posible por delitos políticos y conexos, de cuya investigación y juzgamiento se encargará la Jurisdicción Especial para la Paz. Ella tendrá́ competencia respecto de todos los que de manera directa o indirecta hayan participado en el conflicto armado interno, incluyendo a las Farc y a los agentes del Estado, por los delitos cometidos en el contexto y en razón del conflicto, en especial respecto de los casos más graves y representativos.

La Jurisdicción Especial para la Paz contempla dos tipos de procedimientos: uno para quienes reconocen verdad y responsabilidad, y otro para quienes no lo hacen o lo hacen. A los primeros se les impondrá́ una sentencia, fundada en las conductas reconocidas después de haber sido contrastadas las investigaciones de la Fiscalía General de la Nación, las sanciones impuestas por otros órganos del Estado, las sentencias judiciales existentes, así́ como la información que provean las organizaciones de víctimas y de derechos humanos. Los segundos enfrentarán un juicio contradictorio ante el Tribunal.

Las sanciones que imponga el Tribunal tendrán como finalidad esencial satisfacer los derechos de las víctimas y consolidar la paz y deberán tener la mayor función restaurativa y reparadora del daño causado. Las sanciones para quienes reconozcan delitos muy graves tendrán un mínimo de duración de cumplimiento de 5 años y un máximo de 8 de restricción efectiva de la libertad, en condiciones especiales. Las personas que se nieguen a reconocer su responsabilidad por tales delitos y resulten culpables serán condenadas a pena de prisión hasta de 20 años, en condiciones ordinarias.

Para acceder a cualquier tratamiento especial dentro de la Jurisdicción Especial para la Paz es necesario aportar verdad plena, reparar a las víctimas y garantizar la no repetición.  En el caso de las Farc, la participación en el sistema integral estará́ sujeta a la dejación de armas, que deberá́ comenzar a más tardar a los 60 días luego de la firma del acuerdo final.

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Lo que falta del tema de justicia transicional

En el nuevo ciclo que comienza esta semana, con el claro objetivo de dejar definido el acuerdo a más tardar el 23 de marzo de 2016, se deberán ir despejando algunas dudas que persisten y puntualizando aún más lo acordado la semana pasada.

Por ejemplo, debe establecerse el mecanismo de escogencia de los magistrados del Tribunal Especial para la paz, de los 20 magistrados que lo conformarán cuántos serán extranjeros. Igualmente el gobierno debe promulgar la ley de amnistía en la que se precise taxativamente cuáles son los delitos amnistiables[1] por su contenido político y cuáles tienen conexidad[2] con ellos.

Quedó establecido que para todos aquellos que reconozcan responsabilidades por los delitos competencia del sistema, la sanción tendrá́ un componente de restricción de libertades y derechos que garantice el cumplimiento de las funciones reparadoras y restauradoras de las mismas mediante la realización de trabajos, obras y actividades y en general la satisfacción de los derechos de las víctimas. Debe especificarse -ya que no habrá cárcel como se entiende habitualmente- cómo se dará esa restricción de la libertad, en que sitios y éstos que características tendrán, cuáles son esas condiciones especiales de restricción de la libertad en las que estarán los guerrilleros.

El acuerdo de la semana pasada estipula que para que las Farc puedan participar en el sistema integral de justicia especial, deberán dejar las armas, lo cual debe producirse a más tardar a los 60 días luego de la firma del acuerdo final, es decir, el 23 de mayo del 2016. En la nueva etapa que comienza deberá establecerse entonces como será ese proceso de dejación de armas de las Farc, pues queda claro que no se las van a dar al gobierno colombiano (por eso no se habla de entrega), pero a alguien se las deben entregar, a algún gobierno extranjero -que por ningún motivo debe ser el de Venezuela-, a la ONU; a una comisión especial, en fin. También debe definirse que se hará con esas armas (seguramente se fundirán) quien será el responsable y cuáles serán los mecanismos de verificación y que entidad la hará.

Los primeros acuerdos logrados con las Farc

Desde enero de 2014 el Gobierno y las Farc dieron a conocer los textos completos de los tres puntos acordados en la mesa de diálogos. Seis meses después de haberse instalado la mesa de diálogos de La Habana, las Farc y el Gobierno alcanzaron el acuerdo sobre Política de desarrollo Agrario Integral. En este se crea un Fondo de tierras constituido por tierras incautadas o desaprovechadas y serán entregadas a campesinos, se pactó un plan masivo de formalización de la propiedad y una actualización del catastro rural.

También se acodó que se promoverán planes de desarrollo con enfoque territorial, construcción de infraestructura, desarrollo social y estímulos a la productividad campesina´, al tiempo que se pondrá en marcha una política de seguridad alimentaria y fortalecimiento de mercados regionales.

Más o menos al año de haberse iniciado el proceso se llegó al acuerdo sobre sobre participación política, en el que se estableció la creación  de unas circunscripciones especiales de paz para que puedan participar en política los habitantes de las regiones más golpeadas por el conflicto.

Igualmente se incluyó el compromiso de  desarrollar una ley de garantías y un estatuto de oposición y se acordó la creación de un Sistema Integral de Seguridad para el ejercicio de la política.

En marzo de 2014 se concretó el tercer punto del acuerdo, la solución al problema de las drogas ilícitas. Se estableció el diseño de un programa de sustitución de cultivos de uso ilícito, que incluye un ambicioso plan de sustitución con un proceso de planeación participativa de las comunidades. También se incluyó la adopción de un plan de desminado en todo el territorio nacional, que incluso ya está en marcha (se inició en el Bajo Cauca antioqueño), al tiempo que se decidió que el consumo de drogas se abordará como un problema de salud pública. 

Lo que quedó pendiente de esos tres puntos

Del punto sobre la reforma rural falta por acordar el tema del latifundio y la delimitación de la propiedad; la extranjerización del territorio; la extracción minero-energética y los conflictos de uso del suelo; la regulación de los agrocombustibles; la revisión y renegociación de los tratados de libre comercio; los ajustes a los planes de ordenamiento territorial; la financiación de la política de desarrollo rural y agrario integral; la cuantificación del fondo de tierras; la creación del Consejo Nacional de la Tierra, y las definiciones sobre el derecho real de superficie.

Del acuerdo de participación política quedan pendientes temas como la reestructuración del Estado y la reforma política; la reforma del sistema político electoral; la reforma de los mecanismos de participación ciudadana; la proscripción del tratamiento militar a la movilización y la protesta; la elección popular del procurador, el contralor, el fiscal general y el defensor del pueblo. Igualmente; la participación ciudadana en la definición de políticas de interés nacional; la democratización del acceso al espacio radioeléctrico, y la lucha contra la monopolización de los medios masivos de comunicación.

Del acuerdo inicial sobre drogas quedó por fuera el planteamiento de las Farc de crear una nueva política criminal contra las drogas ilícitas; la transformación estructural del sistema de salud pública que permita encuadrar el desarrollo del programa de prevención y consumo, y la concreción de una conferencia nacional sobre la política de lucha contra las drogas.

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[1] El genocidio y los graves crímenes de guerra, entre otros delitos graves como la toma de rehenes u otra privación grave de la libertad, la tortura, el desplazamiento forzado, la desaparición forzada, las ejecuciones extrajudiciales y la violencia sexual, no serán amnistiables.

[2] El pasado 24 de septiembre, la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia ratificó que sí hay conexidad del delito de tráfico de estupefacientes con el de rebelión, cuando esa actividad ilegal ha sido cometida para financiar organizaciones insurgentes, lo cual cierra la compuerta de la extradición para los cabecillas de la guerrilla.

JUSTICIA TRANSICIONAL, LA JUSTICIA COMO PRODUCTO DE UN ACUERDO DE PAZ

Muchos son los reparos que se hacen constantemente al proceso de paz que se desarrolla en La Habana entre el gobierno colombiano y los voceros de la guerrilla de las Farc. Entre esos muchos reparos está el de las penas que pagarán los cabecillas guerrilleros por sus crímenes, bajo el concepto de la Justicia Transicional, tema del que nos ocuparemos en este escrito.

Antes de abordar de lleno este punto, es procedente recordar que lo que se desarrolla en La Habana es un proceso político, como salida a un conflicto armado de casi 60 años y que justamente por la vía de las armas no ha tenido solución, pues ni el ejército nacional y la policía (en representación del Estado y la institucionalidad colombiana) han sido capaces de acabar con el grupo insurgente, ni éste ha sido capaz de tomar el poder por la vía de las armas, que es su objetivo primordial.

Acerca del esfuerzo del gobierno por acabar con la guerrilla, hay que reconocer los contundentes golpes dados por el gobierno del presidente Uribe y al comienzo del mandato del presidente Santos[1], que indiscutiblemente le quitaron poder estratégico y militar a las Farc, y por decirlo de alguna manera, pusieron a esa guerrilla en posición de negociar, es decir, la debilitaron y diezmaron sus filas; pero no la acabaron; por eso lo que sus cabecillas están haciendo en Cuba es negociar, no se están rindiendo.

Por el lado de la guerrilla, hay que decir que, aunque con la ´gasolina´ del narcotráfico se fortaleció mucho económicamente, lo que a su vez aumentó su capacidad desestabilizadora, representada en los daños que permanentemente ocasiona a la infraestructura energética del país  -torres de energía y oleoductos-, en todos estos años no ha estado ni siquiera próxima a lograr su objetivo de llegar al poder por la vía armada. Quisiera interpretar que las Frac se han dado cuenta de ese hecho, lo que sumado a los duros golpes propinados por el Estado, puso a esa guerrilla -como ya dije- en posición de negociar, pues cuando uno está fortalecido no negocia sino que sigue convencido de que es capaz de lograr su objetivo y cuando está derrotado tampoco lo hace, sino que se rinde.

 

Cortesía Fuerza Aérea Colombiana

Claramente en el caso de las Farc no ha ocurrido ni lo uno ni lo otro, ni ha sido derrotada ni tiene la capacidad de tomarse el poder por la fuerza, mientras que el Estado no está en capacidad de acabar con la subversión -pese  la gran cantidad de dinero que invierte en armamento e inteligencia- ni tampoco de impedir las acciones terroristas de las Farc contra los bienes estatales y que incluso -en no pocas ocasiones- afectan la vida y bienes de la población civil.

Al no haber posibilidad de solución por la vía militar, el diálogo y la negociación a través de él, parece ser el mecanismo más indicado para solucionar un conflicto que durante décadas ha desangrado al país. Ahora bien, es menester tener presente que esa negociación, se da entre iguales -desde lo político- y no entre la legalidad (el Estado) y la ilegalidad (la guerrilla), aunque al final se debe buscar un cierre de carácter jurídico para que tenga validez ante el pueblo colombiano. En este sentido las Farc insisten en una constituyente y el gobierno ha hablado de un referendo y más recientemente del llamado ´Congresito’; pero no me quiero detener en este punto que puede ser objeto de un análisis posterior.

Al punto que quiero llegar -teniendo siempre presente que el proceso de paz es una negociación política- es el de las penas que deben pagar los guerrilleros por su acciones delictivas. Es justamente aquí donde entra el concepto de Justicia Transicional[2], que sirve para hacer la transición de un conflicto armado  -interno o externo- hacia un ambiente de postconflicto que pretende aclimatar la paz, sin impunidad y con un proceso de verdad y reparación para el resarcimiento de las víctimas,  muchas veces más desde el punto de vista moral que económico.  

Es decir, ha habido desde entonces un desarrollo conceptual y jurídico de la justicia de transición, con énfasis en la protección de los derechos humanos, la verdad y la reparación, pero no se puede perder de vista que se trata de penas alternativas que surgen de la mesa de negociaciones y que por lo tanto -como en este caso con las Farc- el código penal y la justicia ordinaria colombiana, quedan al margen. Así las cosas, se debe igualmente tener presente que se establecen penas mucho menores a las previstas en el ordenamiento jurídico normal e incluso muchas veces sin que impliquen confinamiento intramural en establecimiento carcelario. Dicho en otras palabras, los colombianos deben estar preparados para que los cabecillas de las Farc no paguen las penas contempladas en el código penal colombiano, lo cual puede causar indignación a muchos, empezando por los militantes del Centro Democrático.

Sin embargo, también se debe tener presente que el enfoque garantista de los derechos humanos de la Justicia Transicional, permitió -como elemento innovador-, el desarrollo de comisiones de la verdad[3], las cuales se han convertido en un símbolo de ese sistema de justicia. En los últimos años se han visto las propuestas de comisiones de verdad y reconciliación en zonas de conflicto del Medio Oriente con la esperanza de concretarse en países como Israel, Irak, Líbano y las regiones kurdas; así como también en los Balcanes y Ruanda (África). En el caso colombiano, en la negociación entre el gobierno y las Farc, ya está acordada la conformación de una comisión de la verdad (Se va  llamar Comisión para el esclarecimiento de la verdad, la Convivencia y la No repetición), lo cual se debe producir una vez se concluya la negociación y se produzca el cese bilateral del fuego.

En consecuencia, la  justicia transicional no es un tipo especial de justicia sino una forma de abordarla en el proceso de  transición de una situación de conflicto o de represión por parte del Estado, a una situación de paz y tranquilidad.  Como trata de  conseguir la rendición de cuentas y la reparación de las víctimas, la justicia transicional proporciona a las víctimas el reconocimiento de sus derechos, lo que puede ayudar a que aumente la confianza ciudadana y al fortaleciendo el Estado de derecho.

El Centro Internacional para la Justicia Transicional[4] destaca la importancia de este tipo de justicia coyuntural en el hecho de que cuando se cometen violaciones masivas de los derechos humanos, las víctimas tienen el derecho -oficialmente reconocido- a ver castigados a los autores de los mismos, a conocer la verdad y a recibir reparaciones.

Y, “como las violaciones de derechos humanos sistemáticas no solo afectan a las víctimas directas sino al conjunto de la sociedad, además de cumplir con esos compromisos los Estados deben asegurarse de que las violaciones no vuelvan a suceder, y, en consecuencia, deben especialmente reformar las instituciones que estuvieron implicadas en esos hechos o fueron incapaces de impedirlos”[5].

Elementos de una política de justicia transicional integral

Aclarando que no se trata de una lista cerrada, pues cada país va incorporando nuevas medidas, y que pese a que las medidas de justicia transicional tienen sólidos compromisos jurídicos y morales, los medios para satisfacerlos son muy diversos, por lo que de modo que no hay una fórmula única para todos los contextos, el Centro Internacional para la Justicia Transicional, considera que los siguientes son los elementos mínimos que componen las políticas de justicia transicional,

·                     Las acciones penales, sobre todo contra los criminales considerados de mayor responsabilidad.

·                     Las reparaciones que los gobiernos utilizan para reconocer los daños sufridos y tomar medidas para abordarlos. Esas iniciativas suelen tener un componente material (como los pagos monetarios o los servicios sanitarios), así como aspectos simbólicos (como las disculpas públicas o en el caso colombiano, las casas de la memoria).

·                     La reforma de instituciones públicas implicadas en los abusos -como son las fuerzas armadas, la policía y los tribunales-, con el fin de desmantelar, con los procedimientos adecuados, la maquinaria estructural de los abusos y evitar tanto la repetición de violaciones de derechos humanos graves como la impunidad.

·                     Las comisiones de la verdad u otras formas de investigación y análisis de pautas de abuso sistemáticas, que recomiendan cambios y ayudan a comprender las causas subyacentes de las violaciones de derechos humanos graves.

Como dice Hernando Gómez Buendía, la Justicia Transicional no es un capricho sino un sistema jurídico sofisticado y respetable que se apoya sobre las concepciones más avanzadas de la criminología y del derecho penal. Sn embargo, reconoce que esas concepciones avanzadas “tienden a ser más benévolas que las que siguen inspirando la justicia ordinaria, y esto nos pone ante la paradoja de proponer una justicia doblemente menos dura o menos rígida para los autores de los peores delitos”[6].

Cortesía Ministerio del Interior

No se castiga todo y el castigo es menor

La Justicia Transicional tiene como objetivo castigar crímenes graves, como el genocidio, los crímenes de lesa humanidad y los de guerra, pero pretende castigar a los máximos responsables, no necesariamente a todos los autores, porque cualquier aparato judicial del mundo -por eficaz que sea- sólo puede probar y sancionar una mínima cantidad de los delitos, por eso como herramienta explícita de política criminal -dentro de la Justicia Transicional- hoy se utiliza la priorización, que deliberadamente implica no investigar ni sancionar muchos delitos.

Este sistema judicial transicional -como ya se dijo- suele imponer menos años de cárcel por los delitos que la justicia ordinaria y dentro de él cobra mucha vigencia el concepto de alternatividad penal, porque “nadie depone las armas para irse a la cárcel”, como bien lo han planteado los cabecillas del Secretariado de las Farc. De modo que  -como lo anota Buendía en su artículo- “la alternatividad debería también comenzar por los delitos menos graves en lugar de los más graves”.

Además, la Justicia Transicional busca que se conozca toda la verdad sobre el conflicto, que los culpables y responsables (incluido el Estado que falló en la protección de los connacionales) restituyan integralmente a cada una de las víctimas, pero además que, cada colombiano tenga la garantía de que el horror se acabó para siempre y no se volverá a repetir, responsabilidad que no sólo le cae al Estado, sino a los guerrilleros  reinsertados a la Sociedad Civil. De ahí que en este sofisticado sistema judicial se habla de verdad, reparación y no repetición”, que incluso -como valores- pueden ser incluso más  importantes que la misma justicia, aunque no la pueden reemplazar, por eso la Justicia Transicional debería tener una mínima atenuación frente a la justicia ordinaria.

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[1] Con Santos como su ministro de Defensa, Uribe dio contundentes golpes a las Farc, siendo una de las más significativas la baja de uno de sus cabecillas, Raúl Reyes, el 1 de marzo de 2008 en territorio ecuatoriano. Ya presidente, el gobierno de Santos dio muerte a Víctor Julio Suárez Rojas, alias Jorge Briceño Suárez o “Mono Jojoy",  abatido el 22 de septiembre del 2010 en un bombardeo a uno de sus campamentos en La Macarena (Meta), y a Guillermo León Sáenz Vargas, alias ‘Alfonso Cano’, el 4 de noviembre del año 2011, en un bombardeo de la Fuerza Aérea en el sur del país.

[2] El término se origina en el período de postguerra de la Segunda Guerra Mundial con la creación del Tribunal Militar Internacional de Núremberg y los juicios a los soldados japoneses. El concepto ganó fuerza y coherencia en la década de 1980.

[3] Empezando con Argentina (1983), Chile (1990) y la más popular que es la de Sudáfrica (1995).

[4] Organismo que trabaja en más de 30 países del mundo, dando a conocer experiencias de otras latitudes, aportando capacidad técnica y desarrollando nuevos conocimientos gracias a colaboradores locales.

[5] https://www.ictj.org/es/que-es-la-justicia-transicional(Consultado el 22 de agosto de 2015)

[6] Ver su artículo en Razón Pública. Disponible en: http://www.razonpublica.com/index.php/politica-y-gobierno-temas-27/8730-justicia-transicional-%C2%BFhasta-d%C3%B3nde.html