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miércoles, 21 de octubre de 2015

El lenguaje de la paz y el compromiso con el postconflicto marcarán las elecciones del domingo

Desde que empezaron las campañas para gobernaciones y alcaldías, mucho se ha especulado acerca de cómo serían influidas por el proceso de paz que adelanta el gobierno colombiano con las Farc en La Habana. Unos consideraban que no habría una influencia directa y otros que sí.

Lo que se ha podido observar durante este año es que sí hay relación directa entre el proceso de paz de Cuba y el desarrollo del debate electoral que culminará este domingo 25 de octubre con la elección de autoridades regionales, y que dependiendo de los avances o estancamientos en La Habana, gana popularidad uno u otro discurso, el que apoya los diálogos y la paz, o el que está en contra de las conversaciones y aboga por una salida guerrerista.

Con el más reciente avance del proceso con las Farc, el acuerdo sobre desaparecidos, destinado a “aliviar el sufrimiento de las familias de las personas dadas por desaparecidas”[1], es indiscutible que ya tan cerca de la jornada electoral, tendrá mayor aceptación en la opinión pública el lenguaje de la paz y el postconflicto, que aquel que persista en atacar el proceso y visualice la continuación de la guerra como única forma de terminar este largo conflicto de casi 60 años.

Conocidos los avances en materia de desaparecidos (Víctimas del conflicto), el de justicia transicional y el plazo de 6 meses  -hasta el 23 de marzo de 2016- para la firma del fin del conflicto[2], es claro que saldrán beneficiados los candidatos que en su discurso y propuesta de gobierno tengan incorporado el tema de la paz y acciones concretas a desarrollar en el postconflicto. Quienes por el contrario -como los candidatos del Centro Democrático- en su discurso sigan atacando el proceso de paz y asuman una postura contraria a la salida pacífica al conflicto, se verán perjudicados (Con toda seguridad).

Nadando en contra de la corriente histórica del momento, orientada hacia la paz, los candidatos del Centro Democrático (y su máximo orientador Alvaro Uribe Vélez), no parecen darse cuenta de que los colombianos estamos cansados de una guerra que ha mercado a varias generaciones. Los seguidores del mesiánico ex presidente y ahora senador, siguen empecinados en su discurso bélico, basados únicamente en el manido recurso de la seguridad, y esa puede ser la causa de una estruendosa derrota este 25 de octubre.
 
Cortesía
Ya pasó el momento de Uribe
Victoria Camps[3] afirma que la política se mueve más que por elementos racionales, por la emotividad de situaciones coyunturales. Recordemos que en el 98, el país cansado de la guerra eligió a Pastrana por su audacia de entrevistarse con ´Tirofijo’ y apostarle a un proceso de paz. Como casi cuatro años después el proceso no iba para ninguna parte y las Farc -abusando de la buena fe del gobierno- aprovecharon los 42.000 kilómetros de la zona de despeje de El Caguán para fortalecerse militarmente e incrementar su participación en el negocio del narcotráfico, las extorsiones y el boleteo, la opinión pública se volvió contraria a la paz.

Cuando se conoce la falta de voluntad de la guerrilla y la idiotez del gobierno es evidente, el país dolido e indignado, empieza a escuchar el discurso -tímido pero ya beligerante- del ex gobernador de Antioquia, Alvaro Uribe, quien promete acabar con las Farc a ´sangre y fuego´. Sus seguidores -que crecían como espuma- se contagiaron de la emotividad del bélico discurso de Uribe y el país se convence de que el salgareño derrotará a la guerrilla. Sin embargo, el héroe mesiánico que los colombianos llevaron a la Casa de Nariño no fue capaz de hacerlo en su mandato y pidió más tiempo -otros cuatro años-. Tampoco lo logró.

Juan Manuel Santos llega al poder, y aunque inicialmente asume la misma postura de Uribe, al poco tiempo orienta todos sus esfuerzos a la consecución de la paz. En medio de la incredulidad de los colombianos y los constantes ataques de los opositores de la paz- los uribistas y el procurador Ordoñez- el proceso ha mostrado avances satisfactorios.

Así las cosas, tienen mucho más chance de ganar los candidatos que en estas elecciones locales y regionales, estén alineados con el nuevo rumbo que pretende dar el gobierno nacional al país, el rumbo de la paz, tan soñada y anhelada por los colombianos -excepto por el ex presidente Uribe, sus seguidores y el Procurador Ordoñez[4]-.

Las propuestas de los candidatos a la Alcaldía
Para el caso de la Alcaldía de Medellín, la paz y la guerra ya tienen sus candidatos. Alvaro Uribe Vélez con su discurso bélico y guerrerista, además con un candidato que necesita que hable por él, y otro que representa la línea de la paz, Gabriel Jaime Rico, con claras propuestas para el postconflicto. Demos un vistazo a lo que han afirmado los candidatos sobre este tema.

Gabriel Jaime Rico, candidato a la Alcaldía de Medellín con el respaldo de los partidos de la U, Cambio Radical y Conservador, presentó la Comisión Local para el postconflicto. El equipo está conformado por destacados académicos e investigadores sociales cuyo propósito es comenzar desde ya con el diseño de la política pública con la que la próxima administración municipal afrontará la puesta en marcha del acuerdo de paz.

La comisión está liderada por Luis Fernando Quijano, administrador público, investigador social y presidente de Corpades; John Fernando Restrepo, abogado y politólogo, magíster y profesor de Derecho Constitucional de la Universidad de Medellín; y Hernando Roldán Salas, abogado, magíster en Ciencias Políticas y profesor de la Teoría del Conflicto de la Universidad Autónoma Latinoamericana.

“En esta campaña y en nuestra administración sabemos y sabremos qué hacer con la paz. La firma del acuerdo es una oportunidad para todos los colombianos, incluyendo los medellinenses. Un Alcalde que no sepa qué hacer con las paz, o que esté en contra de ésta, sólo le haría daño a Medellín”, afirmó Gabriel Jaime Rico.
 
Cortesía

En contraposición, Juan Carlos Vélez Uribe, candidato del Centro Democrático, ha mantenido reparos al proceso de paz con las Farc. “El Gobierno Nacional tiene que establecer unos parámetros de cómo va a ser ese proceso de reinserción, en el sentido que las concentraciones de las Farc, como se plantea ahora, se van a hacer en las zonas donde ellos tienen presencia, por ejemplo en el Bajo Cauca antioqueño, en el Urabá, en El Caguán, en otros sitios. Entonces qué va a pasar, si el proceso de reinserción se va a llevar a cabo allá mismo o es que van tratar de montar algunos procesos en las ciudades”.

Sin embargo, últimamente ha modificado su discurso de abierta oposición al proceso, al decir que si el Gobierno Nacional pretende desarrollar la reinserción en las ciudades, obviamente los alcaldes tienen que colaborar.

Héctor Hoyos, candidato del Polo democrático Alternativo, se limitó a decir que: “En mi Administración nos prepararemos para responder al postconflicto en caso de que el Gobierno Nacional logre firmar un acuerdo de paz con los grupos guerrilleros. Lo haremos en alianza con la empresa privada, las organizaciones no gubernamentales y el Gobierno Nacional; generaremos los espacios necesarios en la sociedad que permitan a las personas que abandonen el camino de las armas, reencontrarse con sus familias, reinsertarse socialmente, servir a la comunidad y generar ingresos económicos para sustentarse.”

Federico Gutiérrez, candidato del movimiento Creemos, considera que la firma de la paz no significa la materialización de una paz en Medellín, donde el problema del conflicto no obedece mucho a esas lógicas. Teniendo como precedente la desmovilización del bloque Cacique Nutibara en Medellín y sus desarrollos posteriores, Gutiérrez sostiene que, además de seguridad y oportunidades para la paz, se necesita una reconstrucción de la memoria colectiva y del tejido social, promover el civismo, estimular la cultura de la legalidad y la democracia, y reintegración comunitaria para impedir la reintegración de los desmovilizados a nuevas o viejas filas armadas y así garantizar la no repetición del conflicto y acabar con el espiral de violencia que azota a Medellín.

Finalmente, el candidato fajardista, Alonso Salazar Jaramillo, presentó la propuesta de la creación de un Fondo para la Reparación de las Víctimas, para fortalecer la atención con estrategias y programas para la asistencia y reparación integral a cada una de ellas. El fondo contaría con el apoyo del gobierno nacional, departamental, municipal y el sector empresarial. Aseguró que aparte de la reparación material, es necesaria la reparación de la familias, donde cuyos victimarios no han dicho la verdad, y no han sido judicializados. 

Las propuestas de los candidatos a la Gobernación
Andrés Guerra Hoyos, aspirante por el Centro Democrático, siguiendo la línea del pensamiento uribista, plantea la intervención coercitiva de las fuerzas estatales como el medio para combatir a los grupos armados que operan en el departamento. Por eso, propuso aumentar en un 5% el presupuesto de la seguridad en Antioquia, teniendo en cuenta que, cuando fue diputado, ya logró que se aumentara el presupuesto para la seguridad, materia en la cual “Mi asesor será el ex presidente Uribe”.

Como garantías para la seguridad, propuso crear un Consejo de Seguridad que se reuniría periódicamente para evaluar la situación del departamento y crear consejos comunales en cada subregión para “recuperar la autoridad y la institucionalidad” en Antioquia. Guerra, siguiendo los lineamientos de su partido, está en desacuerdo con la forma en que se están llevando a cabo los diálogos de paz en La Habana. Según él, “si las Farc incumplen con lo acordado, si siguen cometiendo actos violentos, no puede hablarse de posconflicto”.

El fajardista, Federico Restrepo, sí está comprometido con el postconflicto, al anunciar que “continuaremos fortaleciendo el programa de Preparémonos para la Paz que ha venido trabajando Fajardo en su gestión, debemos hacer pedagogía con los ciudadanos para afrontar lo que se avecina, dignificar la vida rural y apoyar a las víctimas para construir paz en el territorio”.

Luis Pérez Gutiérrez, con el aval de los partidos Liberal, Cambio Radical y de la U, dijo que la desmovilización masiva de alzados en armas es un motivo de alegría social, pero no es el fin de la guerra; por el contrario, es el inicio de un trabajo intenso y generoso que toda la nación debe apoyar con perseverancia.

“El posconflicto exige que al desmovilizado se le trate con generosidad; se le abran oportunidades de tener una vida digna, él y su familia; y mediante la reeducación y el empleo, introducirlo a la cultura de la legalidad como actitud de vida”, dijo el candidato.

Precisó que la reinserción no puede continuar la violencia con el disfraz de la paz y sostuvo que “se necesita una estructura gubernamental ágil, que posea un censo de los desmovilizados; que haga seguimiento sobre cada reinsertado, que sepa donde se encuentran; que haga seguimiento y control; y que conozca a sus familias. Una estructura que ofrezca oportunidades laborales y no becas; que busque un padrino a cada desmovilizado que sirva de orientador del nuevo ciudadano que se pretende formar”.

Olmedo López, del Polo Democrático Alternativo, dijo que la “Educación para el posconflicto implica mejoramiento de la infraestructura educativa, profesionalización de 3800 educadores q hoy no son profesionales, habrá kits escolares, alimentación balanceada para todos los estudiantes y subsidio pleno de transporte en la ruralidad. Estar preparados para el posconflicto y la construcción de la paz, será fundamental para encarar una nueva dinámica democrática y social”. 

A modo de conclusión
En conclusión, la opinión pública colombiana percibe que el proceso de paz con las Farc ha mostrado avances satisfactorios, a tal punto de que tras lo acordado en materia de desaparecidos, de justicia transicional y el plazo perentorio establecido para la firma del tratado y la culminación del conflicto, los colombianos tienen la esperanza de que la paz está cerca. Ello independientemente de que firmando la paz con las Farc, quedarían muchos asuntos por resolver (Las Bacrim, la inseguridad callejera, las extorsiones, robos, etc).

También es claro que, además de las propuestas en diferentes frentes como educación, desarrollo empresarial y empleo, por ejemplo -que siguen teniendo mucha importancia- la paz (o la guerra) y propuestas para el postconflicto, tendrán una gran incidencia en la jornada electoral del domingo 25 de octubre.

Uribe y sus candidatos han venido manejando del discurso de la guerra y poniendo énfasis en el tema de la seguridad- y aunque han intentado moderarlo en estos últimos días, es de esperar que al no estar alineados con la búsqueda de la paz por la vía del diálogo, sean rechazados por los electores en las urnas, quienes seguramente premiarán a quienes no solamente tengan propuestas de paz, sino que estén comprometidos en acciones concretas relacionadas con el postconflicto. Un alcalde y un gobernador que no sepan qué hacer con la paz, o que estén en contra de ella, sólo le harían daño a Medellín y a Antioquia.




[1] Que se suma al de justicia transicional de hace unas semanas.
[2] Dos meses después se produciría la dejación de armas.
[3] Camps, Victoria (2011). El gobierno de las emociones. Barcelona: Editorial Herder.
[4] El Procurador General de la Nación, Alejandro Ordoñez, en sus permanentes cuestionamientos al proceso de paz que se adelanta entre el gobierno y las Farc en La Habana, ha dicho que solo ha servido para que se fortalezca militarmente esa guerrilla.

miércoles, 14 de octubre de 2015

Debe haber un mayor y decidido compromiso de los empresarios con el postconflicto

Aunque han surgido cuestionamientos[1] al acuerdo sobre la justicia y las víctimas, firmado el pasado 23 de septiembre en la Habana -y del cual en principio la opinión pública solo conoció un comunicado de 10 puntos-, es indudable que ese acuerdo, así como el anuncio de que en marzo del próximo año se le pondría fin al conflicto, simbolizan la llegada del fin del conflicto y el inicio del camino hacia la tan anhelada paz.

El presidente Juan Manuel Santos sostuvo que ha llegado la hora de la paz y este avance pone sobre la mesa la posibilidad de que la economía pueda incluir puntos de crecimiento durante el próximo año en medio de tiempos de austeridad causados por la caída en la renta petrolera y la crisis económica mundial.  Se requiere igualmente -aparte de la voluntad de quienes dejen las filas guerrilleras para reinsertarse a la sociedad civil y a la dinámica económica- que los empresarios se tomen en serio el postconflicto y otorguen oportunidades laborales a estas personas.

Pese a que las cifras de lo que significaría este avance aún no están calculadas al detalle, el Gobierno, gremios y centros de estudio calculan que la paz generaría 0,3% de crecimiento en cada uno de los sectores y hasta 2% si se tienen en cuenta los rendimientos que generaría la puesta en marcha de la primera ola de vías de Cuarta Generación.

José Manuel Restrepo, analista económico y rector de la Universidad del Rosario, resaltó que “el dividendo para la paz puede oscilar, según los estudios que se han hecho, entre 0,4% y 2% adicionales del PIB, una vez se firmen los acuerdos y se implementen las políticas acordadas”.

Esto reafirmaría lo que han anunciado distintos embajadores y ministros de Economía de países como Estados Unidos, México y Portugal, quienes han precisado que esperan fortalecer la red empresarial de sus naciones en Colombia, puesto que habría mayor confianza para invertir, al no tener ningún riesgo de perder capital.

El ex ministro de Minas y Energía, Amylkar Acosta, considera que el aumento del PIB oscilaría entre 2% y 4%. Según el presidente Santos, el crecimiento económico aumentaría y además habría mayor prosperidad, ya que se empezarían a rebajar los gastos anuales que hace la Nación en el conflicto. No obstante, el Gobierno estima que el 18% del presupuesto nacional  asignado para defensa el próximo año ($30 billones) se mantendrá, puesto que los recursos están destinados a temas prioritarios.

Una vez se firme el acuerdo de paz  y las Farc hagan dejación de sus arma, el reto es cómo se logra una sociedad más justa en el país y cuál es el papel que deben jugar los empresarios en todo el proceso del postconflicto, sobre todo en un ambiente de contracción económica mundial y también en Colombia[2], pero además en un entorno laboral en el país en el que predomina el empleo informal y de mala calidad.

En Colombia abunda el trabajo indecente
Según se desprende del octavo Informe Nacional de Trabajo Decente que presentó la semana pasada la Escuela Nacional Sindical (ENS), en Colombia 13,5 millones de trabajadores (64% del total) carecen de alguna prestación de seguridad social, y solo en zonas rurales esa tasa sube al 90%.

El informe advierte que en el país 9,16 millones de personas trabajan por cuenta propia, o sea, no tienen un empleador aparente. La ENS concluye que 3,7 millones de colombianos padecen relaciones laborales ilegales, pues trabajan para alguien, pero no tienen contrato legal ni protección social[3]. Además, según las mismas cifras oficiales  el 54,28% de los ocupados en el último año (11,6 millones de personas) ganaba menos o el equivalente a un salario mínimo.

En el caso concreto de una ciudad tradicionalmente industrial como Medellín, el mismo Dane reconoce que la informalidad es del 42,6%[4], es decir, del millón 800 mil personas ocupadas en la ciudad, 769.000 están en la informalidad.

De www.empresariosaldia.co


De otro lado, destaca la ENS que el año pasado “hubo 3.441 contratos sindicales firmados con 142 sindicatos falsos. Solo unos seis sindicatos reales aplican esta figura para lo que se creó y en los últimos dos años se han iniciado 261 investigaciones por intermediación laboral”.

Según la entidad, este tipo de situaciones se resolvería con mayor inspección laboral por parte del Ministerio del Trabajo, que en el último cuatrienio incrementó el número de inspectores de 286 a 900, pero sigue siendo insuficiente. A esto se suma el fenómeno de la tercerización, pues según cálculos preliminares de la ENS, unos 2 millones de colombianos están bajo esa condición.

Frente a este panorama, la semana pasada, durante la celebración del Día del Trabajo Decente (liderado por el Ministerio del Trabajo), gobierno y empresarios se comprometieron en avanzar en los pilares del trabajo decente: Formación para el trabajo[5], empleo como servicio público, calidad en el empleo[6], erradicación del trabajo infantil y por la vejez responsable.

La apuesta de los empresarios
“Más allá de la firma de un acuerdo de paz, la inclusión y la reconciliación nos competen a todos. En Colombia tenemos una oportunidad histórica para repensar y rediseñar el país que queremos”, dijo recientemente el presidente de la Andi, Bruce Mac Master, durante el lanzamiento en Bogotá de la Estrategia de competitividad inclusiva del gremio empresarial.

Según el dirigente gremial, los dos grandes desafíos que presenta el posconflicto desde la perspectiva económica, son la generación de bienes públicos en zonas de conflicto, y la inclusión de población y territorios tradicionalmente excluidos de las dinámicas de crecimiento económico. “Es aquí donde estamos viendo el rol de los privados en el posconflicto. En el primero a través del pago de los impuestos y las regalías, y en el segundo a través de la Estrategia de Competitividad Inclusiva”, afirmó el presidente de la Andi.

La Estrategia de Competitividad Inclusiva de la Andi se mueve en cuatro ejes: 
Sensibilización: Campaña Soy Capaz para inspirar a la sociedad y a los empresarios a asumir su papel en la construcción de equidad.

Conocimiento: Articulación con la academia para generar conocimiento frente a cuál debe ser el rol del sector privado en el posconflicto, eventos con empresarios internacionales para conocer sus experiencias trabajando en escenarios de posconflicto. 

Inclusión: Acompañamiento a las empresas para incluir a población y territorios excluidos de las dinámicas de mercado a través del funcionamiento de la empresa, por medio de tres mecanismos: Empleo Inclusivo, Encadenamientos Inclusivos y Compras Inclusivas. 

Financiación: En esta materia se contempla la creación del Fondo privado para el posconflicto, aunque no se ha establecido el monto.

Además, la Andi, la Fundación Andi y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) firmaron una alianza para ofrecer un marco de referencia para la cooperación y facilitar la colaboración entre las partes en la promoción conjunta de la agenda POS 2015 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) en las plataformas de articulación con el sector privado. Además, se facilitará el trabajo conjunto en estrategias, programas y proyectos enfocados en el posconflicto en las áreas de sensibilización, conocimiento e inclusión.

Son indiscutibles los retos que en materia laboral e inclusión económica tiene el postconflicto en Colombia, en el cual los empresarios deben jugar un papel preponderante. Sin perder su lógica privada y su visión de negocios, deben dejar de comportarse como donantes caritativos o filantrópicos, para que con una visión más social y de largo plazo, se conviertan en una poderosa herramienta para generar las grandes transformaciones sociales que requiere con urgencia Colombia, de cara al postconflicto.

De lo contrario, aunque el proceso de paz termine con un acuerdo exitoso que ponga fin al conflicto, no se llegará a la paz social y el postconflicto y la reconciliación nacional serán un rotundo fracaso, pues los reinsertados volverán a delinquir al no encontrar oportunidades laborales de reinserción social y serán nuevamente el narcotráfico, las extorsiones y los robos su fuente de ingreso.





[1] Debido a ello, las delegaciones de ambas partes decidieron que la subcomisión de juristas volverá a congregarse, a partir de este 17 de octubre para “buscar solución a diferencias recientes sobre la interpretación de algunos aspectos”. 
[2] Según el Dane, la industria manufacturera registró una contracción durante el segundo trimestre de 2015. En efecto, el PIB industrial se redujo un -1.3% anual. La producción industrial se redujo un -0.4% en el período de análisis.
[3]Por ejemplo, miles de empleadas de servicio doméstico en áreas urbanas o más de 3 millones de trabajadores del campo, de los cuáles solo uno de cada 10 ocupados tiene una vinculación formal.
[4] Ver publicación del diario El Colombiano del 12 de octubre de 2015. Disponible en: http://www.elcolombiano.com/negocios/42-6-de-los-ocupados-de-medellin-son-informales-LJ2865841
[5] De acuerdo con el Dane, en el país, 21 millones de colombianos están económicamente activos y de ellos, 11 millones son independientes.
[6] Según el gobierno, el teletrabajo ayuda a cerrar barreras de acceso a personas en condición de discapacidad que en el país llega a cerca de 2 millones 650 mil personas y se estima que el 62% no tiene trabajo.

miércoles, 26 de agosto de 2015

JUSTICIA TRANSICIONAL, LA JUSTICIA COMO PRODUCTO DE UN ACUERDO DE PAZ

Muchos son los reparos que se hacen constantemente al proceso de paz que se desarrolla en La Habana entre el gobierno colombiano y los voceros de la guerrilla de las Farc. Entre esos muchos reparos está el de las penas que pagarán los cabecillas guerrilleros por sus crímenes, bajo el concepto de la Justicia Transicional, tema del que nos ocuparemos en este escrito.

Antes de abordar de lleno este punto, es procedente recordar que lo que se desarrolla en La Habana es un proceso político, como salida a un conflicto armado de casi 60 años y que justamente por la vía de las armas no ha tenido solución, pues ni el ejército nacional y la policía (en representación del Estado y la institucionalidad colombiana) han sido capaces de acabar con el grupo insurgente, ni éste ha sido capaz de tomar el poder por la vía de las armas, que es su objetivo primordial.

Acerca del esfuerzo del gobierno por acabar con la guerrilla, hay que reconocer los contundentes golpes dados por el gobierno del presidente Uribe y al comienzo del mandato del presidente Santos[1], que indiscutiblemente le quitaron poder estratégico y militar a las Farc, y por decirlo de alguna manera, pusieron a esa guerrilla en posición de negociar, es decir, la debilitaron y diezmaron sus filas; pero no la acabaron; por eso lo que sus cabecillas están haciendo en Cuba es negociar, no se están rindiendo.

Por el lado de la guerrilla, hay que decir que, aunque con la ´gasolina´ del narcotráfico se fortaleció mucho económicamente, lo que a su vez aumentó su capacidad desestabilizadora, representada en los daños que permanentemente ocasiona a la infraestructura energética del país  -torres de energía y oleoductos-, en todos estos años no ha estado ni siquiera próxima a lograr su objetivo de llegar al poder por la vía armada. Quisiera interpretar que las Frac se han dado cuenta de ese hecho, lo que sumado a los duros golpes propinados por el Estado, puso a esa guerrilla -como ya dije- en posición de negociar, pues cuando uno está fortalecido no negocia sino que sigue convencido de que es capaz de lograr su objetivo y cuando está derrotado tampoco lo hace, sino que se rinde.
 
Cortesía Fuerza Aérea Colombiana
Claramente en el caso de las Farc no ha ocurrido ni lo uno ni lo otro, ni ha sido derrotada ni tiene la capacidad de tomarse el poder por la fuerza, mientras que el Estado no está en capacidad de acabar con la subversión -pese  la gran cantidad de dinero que invierte en armamento e inteligencia- ni tampoco de impedir las acciones terroristas de las Farc contra los bienes estatales y que incluso -en no pocas ocasiones- afectan la vida y bienes de la población civil.

Al no haber posibilidad de solución por la vía militar, el diálogo y la negociación a través de él, parece ser el mecanismo más indicado para solucionar un conflicto que durante décadas ha desangrado al país. Ahora bien, es menester tener presente que esa negociación, se da entre iguales -desde lo político- y no entre la legalidad (el Estado) y la ilegalidad (la guerrilla), aunque al final se debe buscar un cierre de carácter jurídico para que tenga validez ante el pueblo colombiano. En este sentido las Farc insisten en una constituyente y el gobierno ha hablado de un referendo y más recientemente del llamado ´Congresito’; pero no me quiero detener en este punto que puede ser objeto de un análisis posterior.

Al punto que quiero llegar -teniendo siempre presente que el proceso de paz es una negociación política- es el de las penas que deben pagar los guerrilleros por su acciones delictivas. Es justamente aquí donde entra el concepto de Justicia Transicional[2], que sirve para hacer la transición de un conflicto armado  -interno o externo- hacia un ambiente de postconflicto que pretende aclimatar la paz, sin impunidad y con un proceso de verdad y reparación para el resarcimiento de las víctimas,  muchas veces más desde el punto de vista moral que económico.  

Es decir, ha habido desde entonces un desarrollo conceptual y jurídico de la justicia de transición, con énfasis en la protección de los derechos humanos, la verdad y la reparación, pero no se puede perder de vista que se trata de penas alternativas que surgen de la mesa de negociaciones y que por lo tanto -como en este caso con las Farc- el código penal y la justicia ordinaria colombiana, quedan al margen. Así las cosas, se debe igualmente tener presente que se establecen penas mucho menores a las previstas en el ordenamiento jurídico normal e incluso muchas veces sin que impliquen confinamiento intramural en establecimiento carcelario. Dicho en otras palabras, los colombianos deben estar preparados para que los cabecillas de las Farc no paguen las penas contempladas en el código penal colombiano, lo cual puede causar indignación a muchos, empezando por los militantes del Centro Democrático.

Sin embargo, también se debe tener presente que el enfoque garantista de los derechos humanos de la Justicia Transicional, permitió -como elemento innovador-, el desarrollo de comisiones de la verdad[3], las cuales se han convertido en un símbolo de ese sistema de justicia. En los últimos años se han visto las propuestas de comisiones de verdad y reconciliación en zonas de conflicto del Medio Oriente con la esperanza de concretarse en países como Israel, Irak, Líbano y las regiones kurdas; así como también en los Balcanes y Ruanda (África). En el caso colombiano, en la negociación entre el gobierno y las Farc, ya está acordada la conformación de una comisión de la verdad (Se va  llamar Comisión para el esclarecimiento de la verdad, la Convivencia y la No repetición), lo cual se debe producir una vez se concluya la negociación y se produzca el cese bilateral del fuego.

En consecuencia, la  justicia transicional no es un tipo especial de justicia sino una forma de abordarla en el proceso de  transición de una situación de conflicto o de represión por parte del Estado, a una situación de paz y tranquilidad.  Como trata de  conseguir la rendición de cuentas y la reparación de las víctimas, la justicia transicional proporciona a las víctimas el reconocimiento de sus derechos, lo que puede ayudar a que aumente la confianza ciudadana y al fortaleciendo el Estado de derecho.

El Centro Internacional para la Justicia Transicional[4] destaca la importancia de este tipo de justicia coyuntural en el hecho de que cuando se cometen violaciones masivas de los derechos humanos, las víctimas tienen el derecho -oficialmente reconocido- a ver castigados a los autores de los mismos, a conocer la verdad y a recibir reparaciones.

Y, “como las violaciones de derechos humanos sistemáticas no solo afectan a las víctimas directas sino al conjunto de la sociedad, además de cumplir con esos compromisos los Estados deben asegurarse de que las violaciones no vuelvan a suceder, y, en consecuencia, deben especialmente reformar las instituciones que estuvieron implicadas en esos hechos o fueron incapaces de impedirlos”[5].

Elementos de una política de justicia transicional integral
Aclarando que no se trata de una lista cerrada, pues cada país va incorporando nuevas medidas, y que pese a que las medidas de justicia transicional tienen sólidos compromisos jurídicos y morales, los medios para satisfacerlos son muy diversos, por lo que de modo que no hay una fórmula única para todos los contextos, el Centro Internacional para la Justicia Transicional, considera que los siguientes son los elementos mínimos que componen las políticas de justicia transicional,
·                     Las acciones penales, sobre todo contra los criminales considerados de mayor responsabilidad.
·                     Las reparaciones que los gobiernos utilizan para reconocer los daños sufridos y tomar medidas para abordarlos. Esas iniciativas suelen tener un componente material (como los pagos monetarios o los servicios sanitarios), así como aspectos simbólicos (como las disculpas públicas o en el caso colombiano, las casas de la memoria).
·                     La reforma de instituciones públicas implicadas en los abusos -como son las fuerzas armadas, la policía y los tribunales-, con el fin de desmantelar, con los procedimientos adecuados, la maquinaria estructural de los abusos y evitar tanto la repetición de violaciones de derechos humanos graves como la impunidad.
·                     Las comisiones de la verdad u otras formas de investigación y análisis de pautas de abuso sistemáticas, que recomiendan cambios y ayudan a comprender las causas subyacentes de las violaciones de derechos humanos graves.

Como dice Hernando Gómez Buendía, la Justicia Transicional no es un capricho sino un sistema jurídico sofisticado y respetable que se apoya sobre las concepciones más avanzadas de la criminología y del derecho penal. Sn embargo, reconoce que esas concepciones avanzadas “tienden a ser más benévolas que las que siguen inspirando la justicia ordinaria, y esto nos pone ante la paradoja de proponer una justicia doblemente menos dura o menos rígida para los autores de los peores delitos”[6].
Cortesía Ministerio del Interior


No se castiga todo y el castigo es menor
La Justicia Transicional tiene como objetivo castigar crímenes graves, como el genocidio, los crímenes de lesa humanidad y los de guerra, pero pretende castigar a los máximos responsables, no necesariamente a todos los autores, porque cualquier aparato judicial del mundo -por eficaz que sea- sólo puede probar y sancionar una mínima cantidad de los delitos, por eso como herramienta explícita de política criminal -dentro de la Justicia Transicional- hoy se utiliza la priorización, que deliberadamente implica no investigar ni sancionar muchos delitos.

Este sistema judicial transicional -como ya se dijo- suele imponer menos años de cárcel por los delitos que la justicia ordinaria y dentro de él cobra mucha vigencia el concepto de alternatividad penal, porque “nadie depone las armas para irse a la cárcel”, como bien lo han planteado los cabecillas del Secretariado de las Farc. De modo que  -como lo anota Buendía en su artículo- “la alternatividad debería también comenzar por los delitos menos graves en lugar de los más graves”.

Además, la Justicia Transicional busca que se conozca toda la verdad sobre el conflicto, que los culpables y responsables (incluido el Estado que falló en la protección de los connacionales) restituyan integralmente a cada una de las víctimas, pero además que, cada colombiano tenga la garantía de que el horror se acabó para siempre y no se volverá a repetir, responsabilidad que no sólo le cae al Estado, sino a los guerrilleros  reinsertados a la Sociedad Civil. De ahí que en este sofisticado sistema judicial se habla de verdad, reparación y no repetición”, que incluso -como valores- pueden ser incluso más  importantes que la misma justicia, aunque no la pueden reemplazar, por eso la Justicia Transicional debería tener una mínima atenuación frente a la justicia ordinaria.




[1] Con Santos como su ministro de Defensa, Uribe dio contundentes golpes a las Farc, siendo una de las más significativas la baja de uno de sus cabecillas, Raúl Reyes, el 1 de marzo de 2008 en territorio ecuatoriano. Ya presidente, el gobierno de Santos dio muerte a Víctor Julio Suárez Rojas, alias Jorge Briceño Suárez o “Mono Jojoy",  abatido el 22 de septiembre del 2010 en un bombardeo a uno de sus campamentos en La Macarena (Meta), y a Guillermo León Sáenz Vargas, alias ‘Alfonso Cano’, el 4 de noviembre del año 2011, en un bombardeo de la Fuerza Aérea en el sur del país.
[2] El término se origina en el período de postguerra de la Segunda Guerra Mundial con la creación del Tribunal Militar Internacional de Núremberg y los juicios a los soldados japoneses. El concepto ganó fuerza y coherencia en la década de 1980.
[3] Empezando con Argentina (1983), Chile (1990) y la más popular que es la de Sudáfrica (1995).
[4] Organismo que trabaja en más de 30 países del mundo, dando a conocer experiencias de otras latitudes, aportando capacidad técnica y desarrollando nuevos conocimientos gracias a colaboradores locales.