Debe haber un mayor y decidido compromiso de los empresarios con el postconflicto

Aunque han surgido cuestionamientos[1] al acuerdo sobre la justicia y las víctimas, firmado el pasado 23 de septiembre en la Habana -y del cual en principio la opinión pública solo conoció un comunicado de 10 puntos-, es indudable que ese acuerdo, así como el anuncio de que en marzo del próximo año se le pondría fin al conflicto, simbolizan la llegada del fin del conflicto y el inicio del camino hacia la tan anhelada paz.

El presidente Juan Manuel Santos sostuvo que ha llegado la hora de la paz y este avance pone sobre la mesa la posibilidad de que la economía pueda incluir puntos de crecimiento durante el próximo año en medio de tiempos de austeridad causados por la caída en la renta petrolera y la crisis económica mundial.  Se requiere igualmente -aparte de la voluntad de quienes dejen las filas guerrilleras para reinsertarse a la sociedad civil y a la dinámica económica- que los empresarios se tomen en serio el postconflicto y otorguen oportunidades laborales a estas personas.

Pese a que las cifras de lo que significaría este avance aún no están calculadas al detalle, el Gobierno, gremios y centros de estudio calculan que la paz generaría 0,3% de crecimiento en cada uno de los sectores y hasta 2% si se tienen en cuenta los rendimientos que generaría la puesta en marcha de la primera ola de vías de Cuarta Generación.

José Manuel Restrepo, analista económico y rector de la Universidad del Rosario, resaltó que “el dividendo para la paz puede oscilar, según los estudios que se han hecho, entre 0,4% y 2% adicionales del PIB, una vez se firmen los acuerdos y se implementen las políticas acordadas”.

Esto reafirmaría lo que han anunciado distintos embajadores y ministros de Economía de países como Estados Unidos, México y Portugal, quienes han precisado que esperan fortalecer la red empresarial de sus naciones en Colombia, puesto que habría mayor confianza para invertir, al no tener ningún riesgo de perder capital.

El ex ministro de Minas y Energía, Amylkar Acosta, considera que el aumento del PIB oscilaría entre 2% y 4%. Según el presidente Santos, el crecimiento económico aumentaría y además habría mayor prosperidad, ya que se empezarían a rebajar los gastos anuales que hace la Nación en el conflicto. No obstante, el Gobierno estima que el 18% del presupuesto nacional  asignado para defensa el próximo año ($30 billones) se mantendrá, puesto que los recursos están destinados a temas prioritarios.

Una vez se firme el acuerdo de paz  y las Farc hagan dejación de sus arma, el reto es cómo se logra una sociedad más justa en el país y cuál es el papel que deben jugar los empresarios en todo el proceso del postconflicto, sobre todo en un ambiente de contracción económica mundial y también en Colombia[2], pero además en un entorno laboral en el país en el que predomina el empleo informal y de mala calidad.

En Colombia abunda el trabajo indecente

Según se desprende del octavo Informe Nacional de Trabajo Decente que presentó la semana pasada la Escuela Nacional Sindical (ENS), en Colombia 13,5 millones de trabajadores (64% del total) carecen de alguna prestación de seguridad social, y solo en zonas rurales esa tasa sube al 90%.

El informe advierte que en el país 9,16 millones de personas trabajan por cuenta propia, o sea, no tienen un empleador aparente. La ENS concluye que 3,7 millones de colombianos padecen relaciones laborales ilegales, pues trabajan para alguien, pero no tienen contrato legal ni protección social[3]. Además, según las mismas cifras oficiales  el 54,28% de los ocupados en el último año (11,6 millones de personas) ganaba menos o el equivalente a un salario mínimo.

En el caso concreto de una ciudad tradicionalmente industrial como Medellín, el mismo Dane reconoce que la informalidad es del 42,6%[4], es decir, del millón 800 mil personas ocupadas en la ciudad, 769.000 están en la informalidad.

De www.empresariosaldia.co

De otro lado, destaca la ENS que el año pasado “hubo 3.441 contratos sindicales firmados con 142 sindicatos falsos. Solo unos seis sindicatos reales aplican esta figura para lo que se creó y en los últimos dos años se han iniciado 261 investigaciones por intermediación laboral”.

Según la entidad, este tipo de situaciones se resolvería con mayor inspección laboral por parte del Ministerio del Trabajo, que en el último cuatrienio incrementó el número de inspectores de 286 a 900, pero sigue siendo insuficiente. A esto se suma el fenómeno de la tercerización, pues según cálculos preliminares de la ENS, unos 2 millones de colombianos están bajo esa condición.

Frente a este panorama, la semana pasada, durante la celebración del Día del Trabajo Decente (liderado por el Ministerio del Trabajo), gobierno y empresarios se comprometieron en avanzar en los pilares del trabajo decente: Formación para el trabajo[5], empleo como servicio público, calidad en el empleo[6], erradicación del trabajo infantil y por la vejez responsable.

La apuesta de los empresarios

“Más allá de la firma de un acuerdo de paz, la inclusión y la reconciliación nos competen a todos. En Colombia tenemos una oportunidad histórica para repensar y rediseñar el país que queremos”, dijo recientemente el presidente de la Andi, Bruce Mac Master, durante el lanzamiento en Bogotá de la Estrategia de competitividad inclusiva del gremio empresarial.

Según el dirigente gremial, los dos grandes desafíos que presenta el posconflicto desde la perspectiva económica, son la generación de bienes públicos en zonas de conflicto, y la inclusión de población y territorios tradicionalmente excluidos de las dinámicas de crecimiento económico. “Es aquí donde estamos viendo el rol de los privados en el posconflicto. En el primero a través del pago de los impuestos y las regalías, y en el segundo a través de la Estrategia de Competitividad Inclusiva”, afirmó el presidente de la Andi.

La Estrategia de Competitividad Inclusiva de la Andi se mueve en cuatro ejes: 

Sensibilización: Campaña Soy Capaz para inspirar a la sociedad y a los empresarios a asumir su papel en la construcción de equidad.

Conocimiento: Articulación con la academia para generar conocimiento frente a cuál debe ser el rol del sector privado en el posconflicto, eventos con empresarios internacionales para conocer sus experiencias trabajando en escenarios de posconflicto. 

Inclusión: Acompañamiento a las empresas para incluir a población y territorios excluidos de las dinámicas de mercado a través del funcionamiento de la empresa, por medio de tres mecanismos: Empleo Inclusivo, Encadenamientos Inclusivos y Compras Inclusivas. 

Financiación: En esta materia se contempla la creación del Fondo privado para el posconflicto, aunque no se ha establecido el monto.

Además, la Andi, la Fundación Andi y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) firmaron una alianza para ofrecer un marco de referencia para la cooperación y facilitar la colaboración entre las partes en la promoción conjunta de la agenda POS 2015 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) en las plataformas de articulación con el sector privado. Además, se facilitará el trabajo conjunto en estrategias, programas y proyectos enfocados en el posconflicto en las áreas de sensibilización, conocimiento e inclusión.

Son indiscutibles los retos que en materia laboral e inclusión económica tiene el postconflicto en Colombia, en el cual los empresarios deben jugar un papel preponderante. Sin perder su lógica privada y su visión de negocios, deben dejar de comportarse como donantes caritativos o filantrópicos, para que con una visión más social y de largo plazo, se conviertan en una poderosa herramienta para generar las grandes transformaciones sociales que requiere con urgencia Colombia, de cara al postconflicto.

De lo contrario, aunque el proceso de paz termine con un acuerdo exitoso que ponga fin al conflicto, no se llegará a la paz social y el postconflicto y la reconciliación nacional serán un rotundo fracaso, pues los reinsertados volverán a delinquir al no encontrar oportunidades laborales de reinserción social y serán nuevamente el narcotráfico, las extorsiones y los robos su fuente de ingreso.

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[1] Debido a ello, las delegaciones de ambas partes decidieron que la subcomisión de juristas volverá a congregarse, a partir de este 17 de octubre para “buscar solución a diferencias recientes sobre la interpretación de algunos aspectos”. 

[2] Según el Dane, la industria manufacturera registró una contracción durante el segundo trimestre de 2015. En efecto, el PIB industrial se redujo un -1.3% anual. La producción industrial se redujo un -0.4% en el período de análisis.

[3]Por ejemplo, miles de empleadas de servicio doméstico en áreas urbanas o más de 3 millones de trabajadores del campo, de los cuáles solo uno de cada 10 ocupados tiene una vinculación formal.

[4] Ver publicación del diario El Colombiano del 12 de octubre de 2015. Disponible en: http://www.elcolombiano.com/negocios/42-6-de-los-ocupados-de-medellin-son-informales-LJ2865841

[5] De acuerdo con el Dane, en el país, 21 millones de colombianos están económicamente activos y de ellos, 11 millones son independientes.

[6] Según el gobierno, el teletrabajo ayuda a cerrar barreras de acceso a personas en condición de discapacidad que en el país llega a cerca de 2 millones 650 mil personas y se estima que el 62% no tiene trabajo.

El fin del conflicto en Colombia está cerca, pero la paz aún está lejos

Sin duda el nuevo avance presentado, hace 8 días en La Habana, en el proceso de paz con las Farc, se constituye en algo histórico para Colombia después de 50 años de conflicto, y además de ser recibido con alborozo por la mayoría de los colombianos -menos por los uribistas y el procurador- es muy esperanzador para la paz del país, que hay que decirlo de una vez, todavía no llega, aunque se ve cada vez más cerca.

Es claro que la paz no llegará por obra y gracias del acuerdo de la semana pasada sobre justicia transicional. La verdadera paz se empezará a confeccionar durante el postconflicto, quizás la etapa más crítica de todo el proceso, porque es la fase de la verdad, la justicia, la reparación y la reconciliación. Como bien lo dijo el alcalde de Bogotá, Gustavo Petro, en declaraciones de prensa, “lo que está por delante es lo más difícil y no es cómo se firma un acuerdo entre armados, sino cómo los desarmados logran construir una Colombia más justa”.

Siempre se ha dicho que el país sin guerrilla sería otra osa y el mismo Santos lo dijo en La Habana, que con la firma de la paz y el fin del conflicto, la economía crecerá más, habrá más empleo, se mejorará el sistema educativo y el de salud. Uno supone que debe ser así, puesto se liberarán del presupuesto nacional muchos recursos que antes se destinaban a la guerra (ya no será necesario mantener 400.000 efectivos del ejército disponibles, por ejemplo). Sin embargo, justamente ese es el reto del post-conflicto, trabajar por una Colombia más incluyente en lo social, en lo político y en lo económico, acabar con la corrupción (un flagelo tan grande como la guerrilla) y tratar de ir reduciendo la brecha entre rico s y obres, que fue precisamente lo que hace más de 50 años motivó el surgimiento de los grupos guerrilleros.

 

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Si bien el gran reto es el post-conflicto, no debemos olvidar que el proceso con las Farc no ha terminado y que en estos 6 meses que corren se debe perfeccionar para concretar también la dejación de arma, sin perder de vista d que muchos aspectos de lo negociado meses atrás todavía no se ha concretado. Por eso, como ejercicio de análisis, creo pertinente  -a renglón seguido- no solamente volver a repesar lo acordado la semana pasada en La Habana (ampliamente difundido ya), sino llamar la atención sobre lo que quedó pendiente, y lo que igualmente está pendiente de los tres puntos acordados meses atrás.

Acuerdo histórico sobre justicia

La fórmula de justicia establecida por las partes en La Habana, sobre los principios de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición, contempla la creación de una Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición, así como la creación de una Jurisdicción Especial para la Paz, que contará con Salas de Justicia y con un Tribunal para la Paz. Las Salas y el Tribunal estarán integrados principalmente por magistrados colombianos, y algunos extranjeros.

El componente de justicia prevé́ que a la terminación de las hostilidades, de acuerdo con el DIH, el Estado colombiano otorgará la amnistía más amplia posible por delitos políticos y conexos, de cuya investigación y juzgamiento se encargará la Jurisdicción Especial para la Paz. Ella tendrá́ competencia respecto de todos los que de manera directa o indirecta hayan participado en el conflicto armado interno, incluyendo a las Farc y a los agentes del Estado, por los delitos cometidos en el contexto y en razón del conflicto, en especial respecto de los casos más graves y representativos.

La Jurisdicción Especial para la Paz contempla dos tipos de procedimientos: uno para quienes reconocen verdad y responsabilidad, y otro para quienes no lo hacen o lo hacen. A los primeros se les impondrá́ una sentencia, fundada en las conductas reconocidas después de haber sido contrastadas las investigaciones de la Fiscalía General de la Nación, las sanciones impuestas por otros órganos del Estado, las sentencias judiciales existentes, así́ como la información que provean las organizaciones de víctimas y de derechos humanos. Los segundos enfrentarán un juicio contradictorio ante el Tribunal.

Las sanciones que imponga el Tribunal tendrán como finalidad esencial satisfacer los derechos de las víctimas y consolidar la paz y deberán tener la mayor función restaurativa y reparadora del daño causado. Las sanciones para quienes reconozcan delitos muy graves tendrán un mínimo de duración de cumplimiento de 5 años y un máximo de 8 de restricción efectiva de la libertad, en condiciones especiales. Las personas que se nieguen a reconocer su responsabilidad por tales delitos y resulten culpables serán condenadas a pena de prisión hasta de 20 años, en condiciones ordinarias.

Para acceder a cualquier tratamiento especial dentro de la Jurisdicción Especial para la Paz es necesario aportar verdad plena, reparar a las víctimas y garantizar la no repetición.  En el caso de las Farc, la participación en el sistema integral estará́ sujeta a la dejación de armas, que deberá́ comenzar a más tardar a los 60 días luego de la firma del acuerdo final.

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Lo que falta del tema de justicia transicional

En el nuevo ciclo que comienza esta semana, con el claro objetivo de dejar definido el acuerdo a más tardar el 23 de marzo de 2016, se deberán ir despejando algunas dudas que persisten y puntualizando aún más lo acordado la semana pasada.

Por ejemplo, debe establecerse el mecanismo de escogencia de los magistrados del Tribunal Especial para la paz, de los 20 magistrados que lo conformarán cuántos serán extranjeros. Igualmente el gobierno debe promulgar la ley de amnistía en la que se precise taxativamente cuáles son los delitos amnistiables[1] por su contenido político y cuáles tienen conexidad[2] con ellos.

Quedó establecido que para todos aquellos que reconozcan responsabilidades por los delitos competencia del sistema, la sanción tendrá́ un componente de restricción de libertades y derechos que garantice el cumplimiento de las funciones reparadoras y restauradoras de las mismas mediante la realización de trabajos, obras y actividades y en general la satisfacción de los derechos de las víctimas. Debe especificarse -ya que no habrá cárcel como se entiende habitualmente- cómo se dará esa restricción de la libertad, en que sitios y éstos que características tendrán, cuáles son esas condiciones especiales de restricción de la libertad en las que estarán los guerrilleros.

El acuerdo de la semana pasada estipula que para que las Farc puedan participar en el sistema integral de justicia especial, deberán dejar las armas, lo cual debe producirse a más tardar a los 60 días luego de la firma del acuerdo final, es decir, el 23 de mayo del 2016. En la nueva etapa que comienza deberá establecerse entonces como será ese proceso de dejación de armas de las Farc, pues queda claro que no se las van a dar al gobierno colombiano (por eso no se habla de entrega), pero a alguien se las deben entregar, a algún gobierno extranjero -que por ningún motivo debe ser el de Venezuela-, a la ONU; a una comisión especial, en fin. También debe definirse que se hará con esas armas (seguramente se fundirán) quien será el responsable y cuáles serán los mecanismos de verificación y que entidad la hará.

Los primeros acuerdos logrados con las Farc

Desde enero de 2014 el Gobierno y las Farc dieron a conocer los textos completos de los tres puntos acordados en la mesa de diálogos. Seis meses después de haberse instalado la mesa de diálogos de La Habana, las Farc y el Gobierno alcanzaron el acuerdo sobre Política de desarrollo Agrario Integral. En este se crea un Fondo de tierras constituido por tierras incautadas o desaprovechadas y serán entregadas a campesinos, se pactó un plan masivo de formalización de la propiedad y una actualización del catastro rural.

También se acodó que se promoverán planes de desarrollo con enfoque territorial, construcción de infraestructura, desarrollo social y estímulos a la productividad campesina´, al tiempo que se pondrá en marcha una política de seguridad alimentaria y fortalecimiento de mercados regionales.

Más o menos al año de haberse iniciado el proceso se llegó al acuerdo sobre sobre participación política, en el que se estableció la creación  de unas circunscripciones especiales de paz para que puedan participar en política los habitantes de las regiones más golpeadas por el conflicto.

Igualmente se incluyó el compromiso de  desarrollar una ley de garantías y un estatuto de oposición y se acordó la creación de un Sistema Integral de Seguridad para el ejercicio de la política.

En marzo de 2014 se concretó el tercer punto del acuerdo, la solución al problema de las drogas ilícitas. Se estableció el diseño de un programa de sustitución de cultivos de uso ilícito, que incluye un ambicioso plan de sustitución con un proceso de planeación participativa de las comunidades. También se incluyó la adopción de un plan de desminado en todo el territorio nacional, que incluso ya está en marcha (se inició en el Bajo Cauca antioqueño), al tiempo que se decidió que el consumo de drogas se abordará como un problema de salud pública. 

Lo que quedó pendiente de esos tres puntos

Del punto sobre la reforma rural falta por acordar el tema del latifundio y la delimitación de la propiedad; la extranjerización del territorio; la extracción minero-energética y los conflictos de uso del suelo; la regulación de los agrocombustibles; la revisión y renegociación de los tratados de libre comercio; los ajustes a los planes de ordenamiento territorial; la financiación de la política de desarrollo rural y agrario integral; la cuantificación del fondo de tierras; la creación del Consejo Nacional de la Tierra, y las definiciones sobre el derecho real de superficie.

Del acuerdo de participación política quedan pendientes temas como la reestructuración del Estado y la reforma política; la reforma del sistema político electoral; la reforma de los mecanismos de participación ciudadana; la proscripción del tratamiento militar a la movilización y la protesta; la elección popular del procurador, el contralor, el fiscal general y el defensor del pueblo. Igualmente; la participación ciudadana en la definición de políticas de interés nacional; la democratización del acceso al espacio radioeléctrico, y la lucha contra la monopolización de los medios masivos de comunicación.

Del acuerdo inicial sobre drogas quedó por fuera el planteamiento de las Farc de crear una nueva política criminal contra las drogas ilícitas; la transformación estructural del sistema de salud pública que permita encuadrar el desarrollo del programa de prevención y consumo, y la concreción de una conferencia nacional sobre la política de lucha contra las drogas.

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[1] El genocidio y los graves crímenes de guerra, entre otros delitos graves como la toma de rehenes u otra privación grave de la libertad, la tortura, el desplazamiento forzado, la desaparición forzada, las ejecuciones extrajudiciales y la violencia sexual, no serán amnistiables.

[2] El pasado 24 de septiembre, la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia ratificó que sí hay conexidad del delito de tráfico de estupefacientes con el de rebelión, cuando esa actividad ilegal ha sido cometida para financiar organizaciones insurgentes, lo cual cierra la compuerta de la extradición para los cabecillas de la guerrilla.