El acuerdo sobre víctimas que firmaron este martes
en La Habana el Gobierno y las Farc, no solamente es histórico, sino trascendental,
pues busca la reparación de más de seis millones de víctimas, cerrar las
heridas abiertas por medio siglo de conflicto armado y acercar más el horizonte
de la paz para Colombia.
Recordemos que las partes discutían desde hace un
año y medio sobre este espinoso punto -el quinto de la agenda-, tiempo en el
que recibieron a 60 representantes de las víctimas para ofrecer a la mesa de
negociaciones fiel testimonio del drama humano que se esconde tras tantas décadas
de guerra.
De acuerdo con cifras oficiales del Centro de Memoria
Histórica de Colombia, los 50 años de confrontación armada en Colombia han
dejado 6,5 millones de víctimas, entre ellas 5,7 millones de desplazados,
220.000 muertos, 25.000 desaparecidos y 27.000 secuestrados.
El reto ahora es que la Comisión de la Verdad,
Justicia y Reparación que se conforme arroje resultados satisfactorios para
esas víctimas y la sociedad en general, en un tiempo prudencial, como ocurrió en
países como El Salvador, Argentina o Sudáfrica.
Con el acuerdo de víctimas, Gobierno y guerrilla entran
en la recta final de ese proceso que busca una paz estable y duradera, así como
la y la reconciliación de un país desangrado por la violencia de diversos
grupos armados. Se cierra de esta manera un importante capítulo del proceso de
paz, para volver en enero con el reto empezar a articular el fin del conflicto,
lo que lleva implícito la entrega o dejación de las armas por parte de las Farc
y el cese el fuego bilateral y definitivo, temas que son debatidos desde hace
varios meses por una subcomisión técnica, integrada por altos mandos militares
de los dos bandos, con el objetivo de llevar a la mesa propuestas concretas
para llegar al fin del conflicto.
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Principios base del acuerdo
Las partes iniciaron el quinto punto de discusión de la agenda -el de
víctimas- el 7 de junio de 2014, con la “Declaración de principios”. Esos
principios son:
El reconocimiento de las víctimas: Es necesario reconocer a todas
las víctimas del conflicto, no solo en su condición de víctimas, sino también y
principalmente, en su condición de ciudadanos con derechos.
El reconocimiento de responsabilidad frente a las víctimas del conflicto. La Satisfacción de los derechos de las
víctimas (Los derechos de las víctimas del conflicto no son negociables).
La participación de las víctimas: La discusión sobre la satisfacción de los derechos de
las víctimas de graves violaciones de derechos humanos e infracciones al
Derecho Internacional Humanitario con ocasión del conflicto, requiere
necesariamente de la participación de las víctimas, por diferentes medios y en
diferentes momentos.
El esclarecimiento de la verdad: Esclarecer lo sucedido a lo largo del conflicto,
incluyendo sus múltiples causas, orígenes y sus efectos, como parte fundamental
de la satisfacción de los derechos de las víctimas, y de la sociedad en
general. La reconstrucción de la confianza depende del esclarecimiento pleno y
del reconocimiento de la verdad.
La reparación de las víctimas: Las víctimas tienen derecho a ser resarcidas
por los daños que sufrieron a causa del conflicto. Restablecer los derechos de
las víctimas y transformar sus condiciones de vida en el marco del fin del
conflicto es parte fundamental de la construcción de la paz estable y duradera.
Las garantías de protección y seguridad: Proteger la vida y la integridad personal de
las víctimas es el primer paso para la satisfacción de sus demás derechos. La garantía de no repetición: El fin del
conflicto y la implementación de las reformas que surjan del Acuerdo Final,
constituyen la principal garantía de no repetición y la forma de asegurar que
no surjan nuevas generaciones de víctimas.
Principio de reconciliación: Uno de los objetivos de la satisfacción de
los derechos de las víctimas es la reconciliación de toda la ciudadanía
colombiana para transitar caminos de civilidad y convivencia.
Enfoque de derechos: Todos los acuerdos a los que se llegue sobre
los puntos de la Agenda y en particular sobre el punto 5 “Víctimas” deben
contribuir a la protección y la garantía del goce efectivo de los derechos de
todos.
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Lo pactado en La Habana
El Sistema Integral sobre víctimas se aplicará de
manera simultánea e integral a todos los que participaron directa e
indirectamente en el conflicto armado, y sus decisiones ofrecerán garantías de
seguridad jurídica a todos los anteriores.
El Estado colombiano tiene el deber de investigar,
esclarecer, perseguir y sancionar las graves violaciones de los Derechos
Humanos y las graves infracciones del Derecho Internacional Humanitario. El sistema determinará cuáles delitos son susceptibles de amnistía
y cuáles no.
El componente de Justicia también se aplicará respecto
de los agentes del Estado (policía y militares) que hubieren cometido delitos
relacionados con el conflicto armado y con ocasión de este, aplicación que se
hará de forma diferenciada, otorgando un tratamiento equitativo, equilibrado,
simultáneo y simétrico.
La participación de las Farc en el Sistema Integral
estará sujeta a la dejación de armas. No serán objeto de amnistía ni indulto ni
de beneficios equivalentes los delitos de lesa humanidad, el genocidio, los
graves crímenes de guerra, la toma de rehenes u otra privación grave de la
libertad, la tortura, las ejecuciones extrajudiciales, la desaparición forzada,
el acceso carnal violento y otras formas de violencia sexual.
El funcionamiento del componente de justicia dará
énfasis a las necesidades de las víctimas mujeres, niñas y niños, quienes
sufren de una manera desproporcionada y diferenciada los efectos de las graves
infracciones y violaciones cometidas con ocasión del conflicto.
Si bien las sanciones que impondrá el Tribunal Especial
para la Paz a los guerrilleros y otros actores del conflicto tendrán un fin restaurativo
y de reparación -obras que beneficien a las víctimas-, los delitos graves se sancionarán con restricción de libertad y de
derechos -libertad de residencia y movimiento- por un periodo que irá entre los
2 y los 8 años, dependiendo del grado de participación en el crimen.
Si fue
determinante, la restricción de libertad será de entre 5 y 8 años. Si la
participación en el delito no fue contundente, la sanción será de entre 2 y 5
años. El Tribunal Especial para la Paz determinará las condiciones
de la restricción de la libertad y para acceder a estos beneficios será
condición reparar a las víctimas y contar la verdad.
Se acordó que el Gobierno Nacional fortalecerá los
procesos de reparación colectiva y garantizará que los planes y programas de la
Reforma Rural Integral tengan, donde haya lugar, un enfoque reparador.
Comisiones exitosas en el
mundo
En los últimos 40 años se han creado comisiones de la verdad en más de
30 países que han padecido serios conflictos. De ellos se destacan 5 en los
cuáles los órganos investigativos creados al final del conflicto, lograron
plantear un horizonte de paz con base en la verdad.
Comisión de la Verdad y Reconciliación del Perú (creada en 2001), investiga hechos sucedidos desde 1980 a diciembre de 2000.
Después de 12 años de dictaduras militares, las
guerrillas Sendero Luminoso (Partido Comunista del
Perú) y Movimiento Revolucionario Tupac Amarú, se enfrentaron
al Estado peruano. Los actos violentos persistieron del 80 al 90, hasta que llega al poder Alberto Fujimori, quien ataca duramente a estos grupos con las fuerzas oficiales que, aunque replegaron a
los grupos armados ilegales, cometieron crímenes contra la población civil,
justificados en su lucha contra el terrorismo.
En diciembre de 2000, un mes después de que
Fujimori fuera destituido por el Congreso y condenado por crímenes de
Estado y corrupción (bajo el mandato transitorio de Valentín Paniagua) se aprobó
el establecimiento de la comisión, inaugurada en julio de 2001 cuando Alejandro Toledo fue electo Presidente.
La comisión no solo reconoció a los pueblos
indígenas como las víctimas más afectadas del conflicto sino que abrió paso
para investigaciones de magnicidio, abuso sexual y tortura. Pero sobre todo, se
enfrentó al gobierno saliente de Alberto Fujimori que, durante años y con las
armas a su favor, se interpuso entre la verdad y la justicia.
Comisión de la Verdad y Reconciliación de Sudáfrica (Creada en 1995), investigó
hechos sucedidos desde la masacre de Sharpeville, en marzo de 1960, a diciembre de 1993.
En Sudáfrica, el apartheid fue una política de Estado de segregación
racial que se dio desde 1948 hasta 1992. El Partido Nacional (PN), conformado por los
afrikáners (colonos blancos de origen holandés) que controlaban el gobierno,
negó los derechos de participación política, salud, educación y servicios
públicos a los negros. La resistencia interna y los grupos de oposición, como el Congreso Nacional Africano (Liderado
por Nelson Mandela), se enfrentaron violentamente.
En 1990, cuando Mandela fue liberado después de 27
años de prisión, el ANC y el PN iniciaron negociaciones. En las primeras
elecciones democráticas, en abril de 1994, el ANC salió victorioso y Mandela
asumió la presidencia.
Un año más tarde se estableció la Comisión de la
Verdad y la Reconciliación de Sudáfrica, la cual fue la primera que se expuso
en los medios y no se quedó únicamente en las entidades judiciales y gubernamentales.
Los miembros de la comisión fueron siete negros,
seis blancos, dos mestizos y dos indígenas (en total, nueve mujeres y ocho
hombres). Presentó 250 recomendaciones para reparar a las víctimas de torturas,
secuestros y homicidios. Entre ellas, una política para la indemnización
financiera y la edificación de monumentos públicos conmemorando el sufrimiento
de las víctimas.
Comisión Nacional sobre la Desaparición de personas (Creada en Argentina en 1983). Investigó hechos sucedidos desde el 24 de
marzo de 1976, el inicio de la dictadura militar, hasta 1983.
El 24 de marzo de 1976, la Junta de Comandantes del
ejército argentino derrocó al gobierno de Isabel Perón. En desarrollo de lo que
llamó ´Proceso de Reorganización Nacional´, secuestró, torturó y asesinó a
miles de personas, bajo sospecha de subversión. En 1983, el régimen militar
argentina, que encabezaba Reynaldo Benito, se debilitó por la presión del pueblo, la crisis
económica y la derrota militar contra Reino Unido en la guerra de Las Malvinas. Se realizaron elecciones y Raúl Alfonsín fue elegido presidente.
Durante su primera semana de mandato, en diciembre
16 de 1983, por presión de la Sociedad Civil, se creó la comisión, que en total
registró 8.960 desapariciones y pudo entregar a los tribunales más de 1.086
expedientes, lo que hizo posible el juicio de nueve ex miembros de las juntas
militares.
Timor Oriental: Comisión para la Acogida, la Verdad y la Reconciliación (creada en 2002),
investigó hechos sucedidos desde abril de 1974 a octubre de 1999.
En 1974, Timor Oriental empezó su proceso de
independencia de Portugal. En 1975 surgieron dos partidos que se disputaban el
poder: Unión Democrática de Timor (UDT), apoyada por las élites tradicionales y
el gobierno portugués, y el Frente Revolucionario para un Timor Oriental
Independiente (FRETILIN), quienes aceptaron la ayuda militar de Indonesia para
independizarse. El 7 de diciembre de ese año, el gobierno del general Radem Suharto, de Indonesia, invadió la isla y mantuvo una
ocupación represiva y violenta durante 24 años hasta que los grupos de
resistencia se organizaron en los 90.
La comisión llevó a cabo ocho audiencias públicas,
realizó 1.048 entrevistas y recibió 7.760 testimonios de víctimas. Facilitó la
reconciliación y reintegración de victimarios que cometieron crímenes menores,
quienes confesaron sus actos a través del “Proceso de Reconciliación
Comunitaria” y recomendó medidas para prevenir futuros abusos y trazó los
lineamientos para reparar a las víctimas.
Comisión de La Verdad de El Salvador (Creada en 1992), investigó hechos sucedidos desde 1980 hasta 1990.
La guerra civil en El Salvador empezó en 1972
cuando los militares llegaron al poder -mediante fraude electoral- con el Partido de Conciliación Nacional (PNC). El contrincante Unión Nacional Opositora (UNO) y diferentes movimientos de izquierda, se armaron
para luchar contra la dictadura. En 1980, después de casi una década de
dictadura, las guerrillas, los grupos políticos de izquierda, los campesinos y
los sindicatos, se unieron para formar el grupo armado Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN).
En 1990 ambas partes aceptaron la intervención de
Naciones Unidas para mediar en la resolución del conflicto armado y firmaron el 16 de enero de 1992, los Acuerdos de Paz de Chapultepec (México). En ellos se ordenó la creación de la Comisión de la Verdad,
que por primera vez en la historia del país, recogió y denunció los crímenes
cometidos por militares y funcionarios logrando que se pidiera la destitución y
renuncia de algunos.
Según la comisión, la guerra dejó 75.000 muertos,
en su mayoría civiles. De los 22 mil testimonios documentados, el 60%
involucraban ejecuciones extrajudiciales y el otro 40% desapariciones y
torturas. El 85% de los crímenes fueron atribuidos al Estado y se cometieron,
en su mayoría, en zonas rurales. Otro 5% de los crímenes fueron obra del FMLN.
El porcentaje restante aún se desconoce.
