Aunque quizás la mitad de los colombianos no esté de acuerdo con el
proceso de paz con las Farc -por lo menos los que se identifican con el
pensamiento del Centro Democrático- el resto de los nacionales anhela la paz y
por eso respalda las negociaciones de La
Habana, pese al traspiés surgido la semana pasada a raíz de la presencia en un mitin de jefes negociadores
de la guerrilla junto a hombres armados en La Guajira[1].
No obstante, quienes respaldamos el proceso de paz, no podemos ser
ingenuos y tragarnos enterito el manido discurso del presidente Santos, según
el cual al firmar un acuerdo de paz con las Farc, quedarán resueltos, como por
arte de magia, los problemas más graves y sentidos de Colombia. La economía
dejará de presentar crecimientos tan mediocres como los de ahora, la contratación
de obras por parte del Estado ahora sí será transparente, las EPS van a brindar
atención digna y oportuna a los pacientes hoy vistos como clientes, se acabará
la cartelización en las empresas para manipular los mercados y los precios al
consumidor, se dejará de perseguir y asesinar
a sindicalistas y activistas de derechos humanos y se desaparecerá la
corrupción en las instituciones públicas.
En primera instancia hay que tener presente que lo que se pacte en La
Habana entre el gobierno y las Farc, no es el final, sino el principio de una
larga carrera para lograr en Colombia una sociedad más justa y equitativa, con
procesos verdaderamente democráticos y oportunidades para las clases de menores
recursos. En segundo término, el proceso de paz seguramente es un paso en la
dirección correcta, pero debe servir para que el gobierno y todos los colombianos
centremos la atención en otros asuntos trascendentales como la recuperación de
una ética pública que oriente el accionar de todos los funcionarios, que ante
todo son servidores públicos.
Positivo es que se firme un acuerdo de paz, eso es indiscutible, porque
supone el término de casi 6 décadas de violencia fratricida. La firma de un
acuerdo es también positiva porque posibilitaría -por lo menos teóricamente-
que graves problemas como el de la corrupción estatal (reflejada de mil maneras),
concite el interés nacional y sea tenida en cuenta por la opinión pública, que
ya no tendrá esa ´cortina de huno´
creada por la dirigencia política y económica de este país, que muestra a las
Farc y a la guerrilla en general como el principal problema de Colombia.
Es indiscutible que desde hace más de 50 años la guerrilla ha generado
desestabilización económica, pérdida de recursos estatales, ha propiciado
grandes desplazamientos de campesinos y masacrado a miles de personas
inocentes. Pero, además, ha hecho que sea la justificación perfecta para el que
el Estado asigne grandes cantidades de recursos como proporción del PIB -cuyos
manejos no han estado exentos de corrupción- para tener los equipos bélicos
necesarios para que la fuerza pública combata a los insurgentes y trate de
exterminarlos. Como eso no ha sido posible, es saludable que se negocie con la guerrilla
(en este caso concreto con las Farc) y se le abra a esa organización alzada en
armas un espacio de participación política.
Sin embargo, quedan asuntos tan graves por resolver como el de los
paramilitares devenidos en las Bacrim y la delincuencia común en las grandes
ciudades, problemas que hay que abordar a fondo y de manera integral para
derrotarlos. No obstante, me atrevo a decir, que el principal problema de
Colombia no es la guerrilla como se quiere hacer ver desde el discurso
institucional, sino la corrupción, que hunde sus raíces en los albores de la
Independencia y el nacimiento de la república y al parecer se ha enquistado, no
sólo en la clase política y económica, sino en la misma sociedad colombiana. De
ahí que un presidente de Colombia[2],
alarmado por los altos niveles de corrupción, dijera que había que llevarla a
sus justas proporciones, es decir, que roben pero poquito, que no se note.
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| Cortesía El Espectador |
El top 10 de los casos de corrupción
Independientemente del gobierno de turno, son tantos los casos de
corrupción en el país, que quedan en los registros de los noticieros de
televisión como meros hechos noticiosos matizados por los goles de los
futbolistas colombianos, los casos curiosos de la Costa Caribe, las excentricidades
de la farándula criolla o internacional y los problemas en el servicio de
Transmilenio en Bogotá.
Sin embargo, en septiembre de 2013, el
diario el Espectador[3],
se dio a la tarea de recoger en una investigación periodística los 10 casos más
sonados y trascendentales de la corrupción en Colombia (hasta ese momento), los
cuales representaban cerca de $4 billones y
más de 100 implicados en los sectores de
infraestructura, transporte, energía y social. La lista es la siguiente:
Caso 10: Agro Ingreso
Seguro
Entidad afectada: Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural.
Monto estimado: $12.700 millones
Caso 9: Empresa de Energía
de Pereira (Enerpereira)
Entidad afectada: Empresa de Energía de Pereira
Monto estimado: $64.700 millones.
Caso 8: Coomeva EPS
Entidad afectada: Ministerio de Salud.
Monto estimado: $146.900 millones.
Caso 7: Transmilenio calle
26
Entidad afectada: Instituto de Desarrollo Urbano (IDU)
Monto estimado: $156.000 millones.
Caso 6: Vía Bogotá-Girardot
Entidad afectada: Agencia Nacional de Infraestructura (ANI)
Monto estimado: $170.800 millones
Caso 5: Recursos
parafiscales de la salud
Entidad afectada: Ministerio de Salud
Monto estimado: $224.000 millones
Caso 4: Recolección de
basuras en BogotáEntidad afectada: Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos (UAESP)
Monto estimado: $348.000 millones.
Caso 3: CaprecomEntidades afectadas: Ministerio de Salud y de Protección Social, FOSYGA, Ministerio de Hacienda y Crédito Público y Caja de Previsión Social de Comunicaciones (Caprecom).
Monto estimado: $559.500 millones.
Caso 2: IPS no habilitadas
Entidad afectada: Ministerio de Salud
Monto estimado: $943.900 millones.
Caso 1: SaludCoop EPS
Entidad
afectada: Ministerio de
Salud
Monto
estimado: $1,7 billones.
A esta
recopilación del diario El Espectador habría que sumar dos casos actuales de
corrupción. El primero de ellos el de la ampliación de la Refinería de
Cartagena, Reficar[4],
de Ecopetrol, cuyos costos llegaron a US$ 8.016 millones de dólares,
4.023 millones más de lo inicialmente previsto; y el de la Policía nacional,
cuyas implicaciones más que económicas tienen que ver con abuso de poder, acoso
laboral y abuso sexual, guardo cierta similitud con el caso del Defensor
del Pueblo, Armando Otálora.
El caso de la policía y las denuncias de Vicky Dávila
No quiero extenderme en este caso, ampliamente debatido la semana pasada
no sólo a raíz de la renuncia del director de la Policía, general Rodolfo
Palomino, sino de la periodista Vicky Dávila a la FM por la divulgación de un
video del viceministro del Interior, Carlos Ferro.
Quiero simplemente llamar la atención en el sentido de que el debate tomó
giros inesperados, mientras que el asunto de fondo (Corrupción en la Policía)
sigue intacto y tardíamente abordado por las autoridades (Fiscalía y Procuraduría)
sin contar el sospechoso silencio del presidente Santos, de quien se dice
también habría pedido la salida de la periodista Dávila. Porque, como bien lo dice nuestra colega Claudia Posada, “Las voces en contra -y algunas muy pocas a
favor- de la clase de periodismo que hace Vicky Dávila, no deberían desviar la
atención de lo esencial y gravísimo que presumiblemente está pasando al
interior de la Policía”[5]
Ese es el asunto
de fondo que hay que investigar, no pasarlo de soslayo porque no involucra
grandes sumas de dinero -aunque a Palomino lo pueden investigar por
enriquecimiento ilícito-, sino que está relacionado con un asunto tan íntimo
como es el de las preferencias sexuales de las personas, pero en este caso en
relación con abuso de poder y acoso laboral y sexual.
Por eso el
debate debe ir más allá de si la periodista violó ese derecho a la intimidad o
no (que en mi parecer efectivamente lo hizo), además de que el video no
evidencia la existencia de la llamada Comunidad del Anillo, que es en lo que se
deben concentrar los entes investigadores para dar con los responsables y
develar claramente su modus operandi, así como sus posibles nexos con
congresistas.
[1] Los embajadores de Cuba y Cuba y Noruega,
países garantes del proceso de paz en Colombia, buscan esta semana el regreso a
la mesa de negociaciones de los comandantes de las Farc que
se desplazaron a La Guajira.
[2]
Julio César Turbay Ayala (Santafé de Bogotá, 1916-2005): Estadista
y político liberal que fue presidente de la República entre 1978 y 1982.
[4]
Caso del que sorpresivamente la Fiscalía General de la Nación exoneró
de responsabilidades al ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, y al
presidente de Ecopetrol, Juan Carlos Echeverry.
[5]El Portal de Claudia, artículo
“El héroe y la villana”.http://www.elportaldeclaudiaposada.blogspot.com.co/
