Debe haber un mayor y decidido compromiso de los empresarios con el postconflicto

Aunque han surgido cuestionamientos[1] al acuerdo sobre la justicia y las víctimas, firmado el pasado 23 de septiembre en la Habana -y del cual en principio la opinión pública solo conoció un comunicado de 10 puntos-, es indudable que ese acuerdo, así como el anuncio de que en marzo del próximo año se le pondría fin al conflicto, simbolizan la llegada del fin del conflicto y el inicio del camino hacia la tan anhelada paz.

El presidente Juan Manuel Santos sostuvo que ha llegado la hora de la paz y este avance pone sobre la mesa la posibilidad de que la economía pueda incluir puntos de crecimiento durante el próximo año en medio de tiempos de austeridad causados por la caída en la renta petrolera y la crisis económica mundial.  Se requiere igualmente -aparte de la voluntad de quienes dejen las filas guerrilleras para reinsertarse a la sociedad civil y a la dinámica económica- que los empresarios se tomen en serio el postconflicto y otorguen oportunidades laborales a estas personas.

Pese a que las cifras de lo que significaría este avance aún no están calculadas al detalle, el Gobierno, gremios y centros de estudio calculan que la paz generaría 0,3% de crecimiento en cada uno de los sectores y hasta 2% si se tienen en cuenta los rendimientos que generaría la puesta en marcha de la primera ola de vías de Cuarta Generación.

José Manuel Restrepo, analista económico y rector de la Universidad del Rosario, resaltó que “el dividendo para la paz puede oscilar, según los estudios que se han hecho, entre 0,4% y 2% adicionales del PIB, una vez se firmen los acuerdos y se implementen las políticas acordadas”.

Esto reafirmaría lo que han anunciado distintos embajadores y ministros de Economía de países como Estados Unidos, México y Portugal, quienes han precisado que esperan fortalecer la red empresarial de sus naciones en Colombia, puesto que habría mayor confianza para invertir, al no tener ningún riesgo de perder capital.

El ex ministro de Minas y Energía, Amylkar Acosta, considera que el aumento del PIB oscilaría entre 2% y 4%. Según el presidente Santos, el crecimiento económico aumentaría y además habría mayor prosperidad, ya que se empezarían a rebajar los gastos anuales que hace la Nación en el conflicto. No obstante, el Gobierno estima que el 18% del presupuesto nacional  asignado para defensa el próximo año ($30 billones) se mantendrá, puesto que los recursos están destinados a temas prioritarios.

Una vez se firme el acuerdo de paz  y las Farc hagan dejación de sus arma, el reto es cómo se logra una sociedad más justa en el país y cuál es el papel que deben jugar los empresarios en todo el proceso del postconflicto, sobre todo en un ambiente de contracción económica mundial y también en Colombia[2], pero además en un entorno laboral en el país en el que predomina el empleo informal y de mala calidad.

En Colombia abunda el trabajo indecente

Según se desprende del octavo Informe Nacional de Trabajo Decente que presentó la semana pasada la Escuela Nacional Sindical (ENS), en Colombia 13,5 millones de trabajadores (64% del total) carecen de alguna prestación de seguridad social, y solo en zonas rurales esa tasa sube al 90%.

El informe advierte que en el país 9,16 millones de personas trabajan por cuenta propia, o sea, no tienen un empleador aparente. La ENS concluye que 3,7 millones de colombianos padecen relaciones laborales ilegales, pues trabajan para alguien, pero no tienen contrato legal ni protección social[3]. Además, según las mismas cifras oficiales  el 54,28% de los ocupados en el último año (11,6 millones de personas) ganaba menos o el equivalente a un salario mínimo.

En el caso concreto de una ciudad tradicionalmente industrial como Medellín, el mismo Dane reconoce que la informalidad es del 42,6%[4], es decir, del millón 800 mil personas ocupadas en la ciudad, 769.000 están en la informalidad.

De www.empresariosaldia.co

De otro lado, destaca la ENS que el año pasado “hubo 3.441 contratos sindicales firmados con 142 sindicatos falsos. Solo unos seis sindicatos reales aplican esta figura para lo que se creó y en los últimos dos años se han iniciado 261 investigaciones por intermediación laboral”.

Según la entidad, este tipo de situaciones se resolvería con mayor inspección laboral por parte del Ministerio del Trabajo, que en el último cuatrienio incrementó el número de inspectores de 286 a 900, pero sigue siendo insuficiente. A esto se suma el fenómeno de la tercerización, pues según cálculos preliminares de la ENS, unos 2 millones de colombianos están bajo esa condición.

Frente a este panorama, la semana pasada, durante la celebración del Día del Trabajo Decente (liderado por el Ministerio del Trabajo), gobierno y empresarios se comprometieron en avanzar en los pilares del trabajo decente: Formación para el trabajo[5], empleo como servicio público, calidad en el empleo[6], erradicación del trabajo infantil y por la vejez responsable.

La apuesta de los empresarios

“Más allá de la firma de un acuerdo de paz, la inclusión y la reconciliación nos competen a todos. En Colombia tenemos una oportunidad histórica para repensar y rediseñar el país que queremos”, dijo recientemente el presidente de la Andi, Bruce Mac Master, durante el lanzamiento en Bogotá de la Estrategia de competitividad inclusiva del gremio empresarial.

Según el dirigente gremial, los dos grandes desafíos que presenta el posconflicto desde la perspectiva económica, son la generación de bienes públicos en zonas de conflicto, y la inclusión de población y territorios tradicionalmente excluidos de las dinámicas de crecimiento económico. “Es aquí donde estamos viendo el rol de los privados en el posconflicto. En el primero a través del pago de los impuestos y las regalías, y en el segundo a través de la Estrategia de Competitividad Inclusiva”, afirmó el presidente de la Andi.

La Estrategia de Competitividad Inclusiva de la Andi se mueve en cuatro ejes: 

Sensibilización: Campaña Soy Capaz para inspirar a la sociedad y a los empresarios a asumir su papel en la construcción de equidad.

Conocimiento: Articulación con la academia para generar conocimiento frente a cuál debe ser el rol del sector privado en el posconflicto, eventos con empresarios internacionales para conocer sus experiencias trabajando en escenarios de posconflicto. 

Inclusión: Acompañamiento a las empresas para incluir a población y territorios excluidos de las dinámicas de mercado a través del funcionamiento de la empresa, por medio de tres mecanismos: Empleo Inclusivo, Encadenamientos Inclusivos y Compras Inclusivas. 

Financiación: En esta materia se contempla la creación del Fondo privado para el posconflicto, aunque no se ha establecido el monto.

Además, la Andi, la Fundación Andi y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) firmaron una alianza para ofrecer un marco de referencia para la cooperación y facilitar la colaboración entre las partes en la promoción conjunta de la agenda POS 2015 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) en las plataformas de articulación con el sector privado. Además, se facilitará el trabajo conjunto en estrategias, programas y proyectos enfocados en el posconflicto en las áreas de sensibilización, conocimiento e inclusión.

Son indiscutibles los retos que en materia laboral e inclusión económica tiene el postconflicto en Colombia, en el cual los empresarios deben jugar un papel preponderante. Sin perder su lógica privada y su visión de negocios, deben dejar de comportarse como donantes caritativos o filantrópicos, para que con una visión más social y de largo plazo, se conviertan en una poderosa herramienta para generar las grandes transformaciones sociales que requiere con urgencia Colombia, de cara al postconflicto.

De lo contrario, aunque el proceso de paz termine con un acuerdo exitoso que ponga fin al conflicto, no se llegará a la paz social y el postconflicto y la reconciliación nacional serán un rotundo fracaso, pues los reinsertados volverán a delinquir al no encontrar oportunidades laborales de reinserción social y serán nuevamente el narcotráfico, las extorsiones y los robos su fuente de ingreso.

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[1] Debido a ello, las delegaciones de ambas partes decidieron que la subcomisión de juristas volverá a congregarse, a partir de este 17 de octubre para “buscar solución a diferencias recientes sobre la interpretación de algunos aspectos”. 

[2] Según el Dane, la industria manufacturera registró una contracción durante el segundo trimestre de 2015. En efecto, el PIB industrial se redujo un -1.3% anual. La producción industrial se redujo un -0.4% en el período de análisis.

[3]Por ejemplo, miles de empleadas de servicio doméstico en áreas urbanas o más de 3 millones de trabajadores del campo, de los cuáles solo uno de cada 10 ocupados tiene una vinculación formal.

[4] Ver publicación del diario El Colombiano del 12 de octubre de 2015. Disponible en: http://www.elcolombiano.com/negocios/42-6-de-los-ocupados-de-medellin-son-informales-LJ2865841

[5] De acuerdo con el Dane, en el país, 21 millones de colombianos están económicamente activos y de ellos, 11 millones son independientes.

[6] Según el gobierno, el teletrabajo ayuda a cerrar barreras de acceso a personas en condición de discapacidad que en el país llega a cerca de 2 millones 650 mil personas y se estima que el 62% no tiene trabajo.

CRISIS GENERADA EN LA FRONTERA CON COLOMBIA ESCONDE LA CRISIS POLÍTICA Y ECONÓMICA DE VENEZUELA

Mucha agua ha corrido debajo del puente desde que el presidente venezolano, Nicolás Maduro, decidiera cerrar la frontera con Colombia[1] y con improperios, demolición de sus casas y maltratos, expulsara a los colombianos de su territorio, ocasionando una verdadera crisis humanitaria de este lado del mojón limítrofe.

Para buscar salida a la situación, se han reunido infructuosamente las cancilleres de ambos países -en dos ocasiones, una en Cartagena y otra en Quito-, también los obispos; se han creado corredores humanitarios para trabajadores y estudiantes, y hasta se intentó una reunión entre Maduro y Santos en Uruguay (que finalmente no cuajó), todo ello acompañado de declaraciones de uno y otro mandatario en los medios de comunicación y de la decisión de más cierres fronterizos por parte del gobierno venezolano y hasta de la violación del espacio aéreo colombiano por aviones venezolanos, en dos ocasiones.

Todas las acciones del gobierno de Maduro hacen parte de su intento de seguir desviando la atención de los problemas internos de Venezuela en lo político y económico. Es verdad que hay contrabando en la frontera -siempre lo ha habido, hacia un  lado o hacia el otro dependiendo de las tasas de cambio- y también hay paramilitares y otros grupos armados ilegales que son los dueños de ese negocio, lo mismo que el del narcotráfico, pero en connivencia con la corrupta Guardia Nacional Bolivariana.

Maduro sabe eso, pero quiso aprovechar el incidente entre los paramilitares y la guardia venezolana (que quería mayor participación en el lucrativo negocio ilícito) para poner a todos los colombianos -incluyendo a los de bien que viven y trabajan en el vecino país- como los culpables de los males de Venezuela.

El heredero de Chaves quiso entonces, mediante mensajes xenófobos contra los colombianos, que nuestros compatriotas fueran vistos por los venezolanos como los responsables de la crisis de abastecimiento de Venezuela y se olvidarán de los altos precios de los productos, mientras él sacaba réditos políticos, mejorando su popularidad de cara a las próximas elecciones parlamentarias.

También es cierto que del lado colombiano, tanto el presidente Santos como el ex presidente Uribe igualmente quisieron sacar ventaja en época pre-electoral en Colombia. Obviamente esta crisis favorece más al ex presidente y senador Uribe, cuya favorabilidad ha venido creciendo.

Sin embargo, fue Maduro, quien procediendo como lo ha hecho, ha querido poner una espesa cortina de humo a la profunda crisis económica y política de su país, como lo detallaremos a continuación.

Desabastecimiento y carestía de productos

Venezuela dejó de dar a conocer las cifras oficiales de su economía desde septiembre de 2013. Sin embargo,  analistas serios se las han arreglado para conocer la dura realidad económica venezolana y hacen pronósticos nada alentadores.

Esos analistas dan cuenta del descuadre macroeconómico del gobierno de Maduro, el cual se explica fundamentalmente por la reducción de su principal fuente de ingresos: la exportación de petróleo. El chorro de dinero que le entra a Venezuela por este concepto es cada vez más pequeño, pues este año el barril del crudo, que inició por los lados de 80 dólares , hoy está en 38 dólares, es decir, ha descendido más del 50 por ciento.

Esa falta de dinero llevó al gobierno revolucionario a emitir moneda, lo cual hace que ésta se devalúe y tenga un efecto devastador en el costo de los alimentos y productos de consumo. Hoy Venezuela tiene lo que técnicamente se conoce como estanflación,  que es una situación económica que se caracteriza por un estancamiento económico acompañada por un alza persistente de los precios, a lo cual el gobierno responde con alza de los salarios. Sin embargo, el aumento de los salarios es absorbido de inmediato por el alza de precios, que  es de tal dinámica que ya en Venezuela prácticamente se puede hablar de hiperinflación[2]. Ejemplo de ello es que una canasta de huevos que valía 25 bolívares en julio, hoy vale 725 bolívares, es decir, alrededor del 10% de un salario mínimo mensual que está en alrededor de 7.500 bolívares (de los nuevos).

 La firma Ecoanalítica estimó que la inflación en el vecino país ronda el 120% y que puede llegar al final del año en el 200%. A esto se suma que el índice de escasez -el último dato es de marzo de 2014 y fue del 29,4%- ha seguido creciendo y algunos analistas ya lo estiman en el 75%. 

Hasta comienzos de agosto el gobierno venezolano calificaba a los empresarios de “especuladores y acaparadores” y los culpaba de generar la abultada inflación, pero tres semanas después, buscando réditos políticos, los nuevos culpables eran los colombianos de la frontera (estados de Táchira y Zulia), a quienes acusó de apropiarse del 40% de los productos venezolanos. 

Pero la situación más bien se origina en los controles de precios y cambiario -que provocan barreras- y en un modelo económico que mueve a los ciudadanos no a depender de su capacidad productiva, sino de los subsidios y ayudas del Estado. Ello a su vez se traduce en un incentivo para el contrabando. “El problema se genera cuando el Gobierno venezolano en su mirada de la economía subsidia y regula los precios de los productos, beneficios que aprovechan los contrabandistas, quienes mercan barato en Venezuela para vender caro en Colombia”, destaca una investigación del periodista Santiago Cárdenas Herrera, de la semana pasada en el diario El Colombiano[3], en la que se agrega que según cifras del gobierno colombiano, los contrabandistas venden en el país los productos por seis veces su precio original.

No crece el PIB y aumenta el déficit fiscal

Por el lado del Producto interno Bruto (PIB) y el déficit fiscal, el panorama no es menos oscuro. Para el 2014 el Banco Mundial estimó en un 4% la caída de la economía, mientras el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) estimó en 14 puntos del PIB el déficit fiscal.

De acuerdo con las estimaciones del Fondo Monetario Internacional, FMI; la situación es peor este año, pues esa entidad y el Banco Mundial, BM, proyectan una nueva caída, esta vez de 7% en el PIB.  El portal informativo lapatilla.com aseguró que tuvo acceso a datos extraoficiales del Banco Central de Venezuela (BCV) que indican que en el primer trimestre de 2015 la economía del vecino país se contrajo 7,6% y en el segundo trimestre la contracción fue del 8,1%, según revela en una publicación fechada el 28 de agosto de 2015. Ecoanalítica estima que este año la reducción del PIB venezolano será del 10%.

Por el lado del abultado déficit fiscal, la explicación se encuentra en que los ingresos petroleros venezolanos representan 96% de los ingresos del Estado y en lo corrido del año éstos han caído más de 50%. Pero esa no es la única causa del déficit, buena parte de él se explica por al desastre cambiario[4], que ha provocado mayores restricciones al aparato productivo y ha desatado una crisis especulativa de proporciones inconmensurables.

Por el lado de los empresarios colombianos, el efecto negativo es menor, sencillamente porque han dejado de atender el mercado venezolano. De acuerdo con datos del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, entre enero y junio de este año las exportaciones a Venezuela cayeron 37,6% (Las del sector minero-energético descendieron 71,7%, y las de bienes manufacturados cayeron 21,8%)[5].

Otra causa del gran déficit fiscal venezolano es que mientras el gobierno recorta las divisas para las importaciones del sector productivo, mantiene ‘el chorro’ para el gasto público, con la idea de seguir dando subsidios a las personas de menores ingresos con el fin de mantenerlas alineadas políticamente. 

De ahí la imperiosa necesidad del gobierno de Maduro de obtener préstamos con China[6]. 

Por eso el Banco Interamericano, BID, calculó que el déficit fiscal del vecino país ronda los 14 puntos del PIB, y algunos expertos consideran que puede cerrar el año en el 18% del PIB.

Como si esto fuera poco, las reservas internacionales (recursos para cubrir importaciones y deuda externa), han bajado desde los US$22.070 millones de dólares de comienzo del año -según cifras del BCV- a los US$16.527 millones con corte al 24 de agosto (caída del 25,1%), pese a los ingresos de recursos provenientes de préstamos otorgados por el gobierno chino.

La magnitud del problema económico que vive Venezuela en pleno año electoral explica el interés del gobierno del presidente Nicolás Maduro por tratar de cubrir con cortinas de humo el desastre, y que mejor manera, que echarle la culpa a los colombianos.

Clima político desfavorable

El presidente venezolano, Nicolás Maduro, inició el 2015 en su peor momento de popularidad (22,6%), lo que sumado a la anotada reducción del 50% en el precio del petróleo en el mercado internacional, complica aún más el panorama político para el chavismo este año de elecciones parlamentarias, que están previstas para el 6 de diciembre.

Y es que la popularidad de Maduro ha retrocedido considerablemente desde que asumió la jefatura del Estado. En abril, de 2013, ganó las elecciones con 50,6% de los votos y una diferencia de apenas 223.000 sufragios sobre el líder opositor Henrique Capriles Radonski. En enero de 2015, después de 21 meses de gestión de Maduro, con una economía en recesión y una inflación galopante, el 86% de los consultados evaluaba negativamente la gestión del heredero de Chaves y el 81,6% de los encuestados consideraba de regular a muy mala la situación del país.

La popularidad de Maduro igualmente se deterioró con las imágenes del maltrato a los colombinos dadas a conocer a la comunidad internacional por todos los medios importantes del mundo y se resintió aún más con el juicio sin garantías al líder opositor, Leopoldo López, quien la semana pasada fue condenado a 13 años y 9 meses de prisión.

Este panorama hace difícil que el gobierno pueda ganar las elecciones, lo que sería un claro problema político para el gobierno, pues con el descuadre económico y las malas jugadas políticas de Maduro, se está fortaleciendo la oposición, que puede salir favorecida en las próximas elecciones de diciembre. 

Para no correr ese riesgo, el chavismo tiene dos opciones. La  primera recurrir nuevamente al fraude -como parece que ocurrió en las elecciones presidenciales en las que  Maduro ganó por estrecho margen- y en segundo lugar crear un conflicto externo para movilizar a su favor a la opinión pública nacional y distraer la atención de los graves problemas internos existentes, a los cuales hemos ya aludido, y que pareciera que es lo que quiere hacer el gobierno venezolano con los sobrevuelos de aeronaves de combate en el espacio aéreo colombiano.

Por el momento, hay que concluir, como lo dice María Jimena Duzán[7], que la actual crisis limítrofe deja tres cosas bien claras. “La primera es que se necesitó que Maduro cerrara la frontera para que Bogotá por fin pusiera sus ojos en Cúcuta. La segunda, que esta crisis va para largo. Maduro ha descubierto que internamente este anticolombianismo le da oxígeno a su régimen moribundo. Y la tercera, es una verdad: la economía subterránea se apoderó de nuestras fronteras”.

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[1] El 20 de agosto el presidente venezolano ordenó el cierre, inicialmente por 72 horas y después de manera indefinida.

[2] Subida del nivel de precios muy rápida y continuada, que provoca que la gente no retenga el dinero, por su pérdida de valor constante.

[3] Artículo: “Así es el contrabando que desangra a Venezuela y Colombia”. Disponible en: http://www.elcolombiano.com/asi-es-el-contrabando-que-desangra-a-venezuela-y-a-colombia-AH2696332 (consultado el 10 de septiembre de 2015)

[4] En el primer semestre de 2015 los empresarios venezolanos sintieron un recorte de 60,8% en el flujo de divisas, lo que, según Ecoanalítica, redujo los planes de producción de la industria y atizó el alza de precios.

[5] El intercambio comercial entre Colombia y Venezuela en 2008 llegaba a los US$7.300 millones (su pico más alto).  En el primer semestre de este año el intercambio sólo fue de US$631 millones, lo que indica que este año podría superar los US$1.000 millones escasamente.

[6] En su reciente gira, a comienzos de septiembre, Maduro consiguió otros 5.000 millones de dólares, con lo cual los préstamos que la nación asiática le ha otorgado a Venezuela suman 50 mil millones de dólares.

[7] “Desde la frontera”, artículo en la revista Semana. Disponible en:  http://www.semana.com/opinion/articulo/maria-jimena-duzan-desde-la-frontera/442216-3 (Consultado el 13 de septiembre de 2015)