jueves, 18 de junio de 2015

POBREZA, FALTA DE MOVILIDAD SOCIAL Y VIOLENCIA VAN DE LA MANO EN COLOMBIA

El más reciente informe de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, Cepal, reveló que Colombia es el tercer país de América Latina con mayores índices de pobreza, superado sólo por  Paraguay  y Bolivia. Según sus cálculos para el año pasado, el 34% de los colombianos está por debajo de la línea de pobreza.

Paraguay lidera con más del 50% de personas pobres, seguido por Bolivia y  Colombia ocupa la tercera posición a pesar de que tuvo un decrecimiento de 3.1% en los últimos años. De esta manera  el país supera de lejos los niveles de pobreza de países como Argentina (5.7%), Uruguay (6.7%) y Chile (11%). Incluso está por encima de Ecuador (32.4%) y Venezuela (29.5%), que es  el único país que aumentó sus niveles de pobreza en el último año.

El Banco Mundial, que mide la pobreza en términos absolutos, define la  pobreza extrema como vivir con menos de un dólar al día ($2.623), algo así como $80.000 mensuales; y la pobreza moderada como vivir con menos de dos dólares al día ($5.243) o sea unos $157.380 al mes.

Si partimos de un estimado de población del Dane de 45 millones de habitantes, el 34% de nivel de pobreza equivale a decir que 15.300.000 nacionales son pobres. Viven, o mejor sobreviven, con unos ingresos indignantes, muy por debajo del salario mínimo vigente en Colombia ($644.350), que tampoco alcanza para llevar una vida muy digna que digamos, sino para paliar las necesidades básicas, sin posibilidad para quienes lo devengan de tener ahorros y mucho menos capacidad de inversión.

Ello no quiere decir sino una cosa, una alta concentración de la riqueza en manos de unos pocos, configurando un sistema social altamente desigual. Por eso la Cepal llama la atención sobre los preocupantes niveles de concentración de la riqueza en Brasil, Colombia, Honduras, Paraguay y la República Dominicana, con porcentajes de concentración de los ingresos para los más ricos de alrededor del 40%.

Ese sistema social altamente desigual y no basado en una redistribución más equitativa de la riqueza, causa diferentes fenómenos de violencia, que se vuelven prácticamente estructurales, como lo revela el Informe de la Comisión Histórica del Conflicto Colombiano.

Víctor Manuel Moncayo, uno de los relatores que elaboró el informe, presentado recientemente  en Uruguay,  fue enfático en decir que la violencia en Colombia es un problema derivado del orden social vigente. El ex rector de la Universidad Nacional de Colombia, añadió que el problema es fruto de "una causalidad o de una determinación sistémica" y que sus causas no se centran en los "actores, individuos o procesos aun cuando, efectivamente, existen".

La Comisión Histórica se creó en agosto de 2014 a propósito de los diálogos de paz entre el Gobierno y las Farc con el fin de que intelectuales y académicos del país se implicaran en el proceso de paz iniciado en La Habana en noviembre de 2012. Desde su formación, recibió el encargo de elaborar un informe sobre las causas y orígenes de la violencia en Colombia, trabajo que fue presentado en la capital cubana en febrero de este año.

Hace dos semanas, el estudio fue presentado en Montevideo, que acogió el “II Foro por la Paz en Colombia", en el que diversos parlamentarios internacionales intercambiaron opiniones sobre el conflicto y establecieron mesas de trabajo en las que distintas organizaciones sociales de varios países plantearon propuestas para el avance de la paz.

El caso de Medellín
Medellín y el área metropolitana ocupan el tercer lugar entre las ciudades con menor incidencia de pobreza en el país, pero son los primeros en  desigualdad, según se evidencia en el reciente reporte de incidencia de pobreza monetaria y Gini del Dane. El informe destaca que mientras en el país la tasa de pobreza bajó 2.1% hasta el 28.5% (medición por debajo de la de La Cepal), en el Valle de Aburrá bajó 3% hasta el 14.7% Según la medición, en el país 784.000 colombianos salieron de la pobreza monetaria en 2014, mientras que 407.000 lo hicieron de la pobreza extrema.

De acuerdo con las mediciones estadísticas del Dane, en Colombia un hogar compuesto por 4 personas es pobre si el ingreso total está por debajo de $847.228 pesos y está en la pobreza extrema si el ingreso no supera los $376.412 pesos.

En el caso de la pobreza extrema el indicador nacional se redujo en 1% al totalizar el 8.1% el año pasado, mientras que en el Valle de Aburrá el descenso fue de 0.2% hasta el 2.8%.

Aunque la pobreza -según el Dane- va bajando, las cifras de   desigualdad van en aumento. En 2013, Medellín y el área metropolitana con 0,506 ocuparon el sexto lugar en las ciudades más desiguales según el índice Gini (donde entre más cerca esté al 1 es más desigual), pero el año pasado llegaron primer lugar con 0,520. En el país ese  indicador presentó un leve descenso de 0,539 a 0,538.

Impera la informalidad laboral
Con una estructura social  tan desigual, en la que la mayoría de la población ni siquiera tiene forma de acceder a un salario formal[1], con las mínimas garantías prestacionales, sino que muchos hombres y mujeres colombianos tienen que vivir del “rebusque”[2] y otros ni siquiera tienen que hacer, el camino para la delincuencia queda despejado.

De ahí que el dinero fácil que proveen el narcotráfico y el microtráfico, sea una alternativa válida para muchas personas, mientras que otras tantas empiezan delinquir en las grandes ciudades (robos de celulares, raponazos, atracos a pequeños comercios, paseos millonarios, vacunas, secuestros y extorsiones) inicialmente empujados por la necesidad de proveerse un sustento y quizás después se les vuelve un estilo de vida porque es una actividad fácil, gracias también a la impotencia de las autoridades. El hurto, el tráfico de drogas, los homicidios y el porte ilegal de armas, fueron los delitos que más afectaron a los colombianos el año pasado, según un informó de la Fiscalía General de la Nación.[3]

Por eso, nuestros noticieros de televisión -en sus tres o cuatro emisiones diarias- tienen como primer punto de la agenda informativa los atracos y hechos delictivos, incluso el Canal Caracol se ha especializado en ese tipo de noticias, que vemos además diariamente en los periódicos.

Ello sin dejar de reconocer que la Policía y la Fiscalía tratan de cumplir su función de mantener el orden ciudadano y judicializar a las cientos de personas involucradas en hechos delictivos que son capturadas, muchas de las cuales quedan libres gracias al deficiente sistema judicial colombiano.




De acuerdo con un informe reciente del diario El Colombiano, en los primeros cinco meses del año fueron capturadas en el Valle de Aburrá 12.810 personas por distintos hechos delictivos, pero solo a 1.200 se les dictó medida de aseguramiento por parte de los jueces[4]. Ello refleja no sólo un gran número de hechos delictivos, sino también un alto índice de impunidad, de ahí que la gente decida no denunciar, porque no cree en la justicia colombiana y en no pocas veces busca hacer justicia por propia mano.

Sin embargo, las personas que son capturadas y procesadas judicialmente, tienen saturadas las cárceles y mantienen en déficit permanente el sistema penitenciario colombiano.  Por eso no es de extrañar que en Latinoamérica, Colombia ocupe el segundo lugar en la lista de países con más reclusos, mientras que en países europeos como Holanda y Suecia[5] tienen cada vez menos. 

De acuerdo con el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, INPEC[6], al mes de enero de 2015 en Colombia 161.477 personas estaban privadas de la libertad, 157.693 (97.7%) a cargo del INPEC y las restantes 3.784 (2.3%), bajo custodia y responsabilidad de los entes territoriales, comandos de fuerza y Dirección General de la Policía Nacional.


En Colombia, ni los medios de comunicación ni los alcaldes -que poco o nada hacen por la seguridad ciudadana y claman permanentemente al gobierno nacional para que se incremente el pie de fuerza policial- se dan cuenta (o no quieren darse cuenta) de que toda esta paradójica situación que se registra en Colombia de hacinamiento en las cárceles, pero al mismo tiempo de gran cantidad de delincuentes en las calles de las principales ciudades, obedece a un problema de fondo que está lejos de resolverse en el país: la inequidad social, la falta de oportunidades laborales y de ascenso social.

En los años setenta, en un influyente artículo, el sociólogo Rodrigo Parra Sandoval[7] cuestionó las posibilidades de ascenso social, al señalar que “cuando se mira con detenimiento a la sociedad colombiana, se observa que las posibilidades de movilidad ascendente son mínimas (...) sólo existen para grupos específicos, estratos medios y altos urbanos, para quienes representa no un ascenso sino un mantenimiento de su posición”.

Las cosas parecen haber mejorado ligeramente en ese sentido en Colombia, de acuerdo con una encuesta reciente (2011), realizada de manera conjunta por el Departamento Nacional de Estadística (DANE) y el Departamento Nacional de Planeación (DNP).

Incluye un conjunto de preguntas sobre las condiciones de vida de las personas en el momento actual y contiene, al mismo tiempo, una interesante innovación: una serie de preguntas retrospectivas sobre las condiciones de vida (las características de las viviendas, la educación de los padres, etc.) de las mismas personas cuando tenían 10 años de edad. La encuesta permite, por lo tanto, comparar las condiciones de vida presentes y pasadas, y cuantificar las posibilidades de movilidad social.

Los resultados muestran un pequeño grado de movilidad social, pues aproximadamente el 5% de los colombianos pasó, en una generación, de la parte inferior de la distribución (el 40% más pobre) a la parte superior (el 20% más rico) y un poco más de 15% pasó de la parte intermedia a la superior.

Sin embargo, la movilidad social es menor a la observada en otros países, como Chile y México, donde se realizaron encuestas similares. En otras palabras, esa leve ´mejora´ en la movilidad social es insuficiente en Colombia para acabar con los altos niveles de pobreza a los cuáles -a no dudarlo- están asociados altos índices de delincuencia ciudadana, por decir lo menos.

Cuando se hace la relación de que en Colombia, de 45 millones de personas, más de 15 millones son pobres, ello equivale a decir, que por efectos de la casi nula movilidad social, casi una tercera parte de la población nace pobre y muere pobre en el país. Los otros apenas se mueven y muy pocos -raras excepciones- logran ascender decididamente, gracias a su esfuerzo y dedicación, no por involucrase en actividades al margen de la ley como el narcotráfico.

 Además, estos pocos que ascienden deben enfrentarse al clasismo, a un catálogo conocido de improperios: carangas resucitadas, mañés, igualados, provincianos, etc. Paradójicamente, la crítica social en Colombia se ha dedicado más a denigrar de las costumbres de quienes logran ascender socialmente y económicamente (de manera sana y transparente), que a denunciar la falta de movilidad social, debido a una estructura económica rígida y excluyente.




[1] En Colombia l desempleo ronda el 10% y según el Dane la informalidad laboral representa alrededor del 51%.
[2] “En los países subdesarrollados la carencia de capital humano y físico, la abundancia de trabajo no calificado, junto a las estructuras monopólicas u oligopólicas del sector moderno que no genera la cantidad suficiente de empleos, da origen a la franja informal”. Así lo explica Luis Amado Galvis en el “Informe de informalidad laboral en las áreas urbanas de Colombia”, Número 164, febrero de 2012.
[4] El Colombiano, junio 9 de 2015. Disponible en http://www.elcolombiano.com/antioquia/seguridad/de-12-810-capturados-solo-1-200-fueron-asegurados-JA2103308
[5]  En Holanda las autoridades cerraron este año 8 prisiones debido a la falta de reclusos y en Suecia han sido cerradas este año las cárceles de las ciudades de Åby, Håja, Båtshagen y Kristianstad, por la misma razón.
[6] Informe disponible en:
http://www.inpec.gov.co/portal/page/portal/INPEC_CONTENIDO/NOTICIAS%20Y%20NORMATIVIDAD/ESTADISTICAS/INFORMES_ESTADISTICOS/INFORME%20ENERO%202015%201.pdf
[7] Nacido en Trujillo (Valle),  sociólogo de la Universidad Nacional de Colombia. Master en sociología, Universidad de Wisconsin, USA, 1965; Ph.D. en Sociología, Universidad de Wisconsin, USA, 1972

jueves, 11 de junio de 2015

SÓLO ALCANCES PARCIALES EN LO ACORDADO HASTA AHORA EN LA HABANA

Luego de tres años de conversaciones, con las vicisitudes propias de dialogar en medio del conflicto, la mesa de negociaciones entre el gobierno colombiano y las Farc en La Habana, parece dar muy buenos resultados,  especialmente con el anuncio de la semana pasada sobre la creación de una comisión de la verdad.

Positiva fue también, como resultado del ciclo 36, la instalación de la Comisión Histórica del Conflicto y sus Víctimas, encargada de investigar sobre los orígenes y responsabilidades del conflicto colombiano (que será un gran apoyo para la comisión de la verdad) y la celebración de tres audiencias con delegaciones de víctimas en La Habana.

No obstante, el optimismo que genera este importante anuncio, que se produce en medio de una escalada violenta de las Farc y la consecuente reacción de las Fuerzas Armadas de Colombia, no deja de tener un alcance parcial, como otros acuerdos alcanzados hasta el momento.

Comisión de la Verdad
En los últimos 40 años se han creado comisiones de la verdad en por lo menos 30 países que han vivido serios conflictos y en muchos casos, como El Salvador, Argentina, Sudáfrica y Perú[1], han funcionado de manera adecuada.

Por eso no deja de ser esperanzador para el país el anuncio del gobierno de Colombia y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), el jueves de la semana pasada, de que acordaron la creación de una comisión de la verdad para ´ esclarecer´ y ´explicar´ el conflicto que padecemos desde hace más de medio siglo.

Cortesía CNN Español

La comisión -anunciada al final del ciclo 37 de las negociaciones que comenzaron en 2012- será imparcial, independiente, con plena autonomía; será excepcional y funcionará durante un tiempo limitado, indica el comunicado conjunto del gobierno y las Farc. Tendrá una duración de tres años “incluyendo la elaboración del informe final” y “contará con 6 meses para preparar todo lo necesario para su funcionamiento”.

Repito, es esperanzador porque hay ejemplos concretos en el mundo de que estas comisiones funcionan, pese a la ardua tarea que deben desarrollar, pero no deja de ser un logro parcial en la mesa. Pareciera que dado el incremento de las acciones ofensivas dentro del conflicto, tras la terminación del cese unilateral del fuego por parte de las Farc y la reanudación de los bombardeos por parte del gobierno, las partes se hubiesen puesto de acuerdo en anunciar la creación de la comisión para tranquilizar a la opinión pública nacional e internacional,  pues la conformación de dicha comisión está supeditada a que se culmine la negociación de paz.

Es decir, todavía su conformación se demora ya que debe esperarse el final feliz de las negociaciones de La Habana.

Eso es lo quedó acordado en ese importante ítem. Demos un vistazo ahora a lo que acordó en otros aspectos, para luego mirar lo que está pendiente.

Política de Desarrollo Agrario Integral
Este acuerdo tiene cuatro pilares, el primero de los cuales es el acceso y el uso de la tierra, en el cual se acordó la creación de un Fondo de tierras de distribución gratuita para los campesinos sin tierra o con tierra insuficiente. Pero no se trata sólo de entregarle tierra al que no tiene, sino de darle “acceso integral”: que la tierra esté acompañada de riego, crédito, asistencia técnica, y apoyo para la comercialización, entre otros.

 El acceso a la tierra incluye también ofrecer un subsidio integral y crédito especial para la compra de tierra, así como garantizar derechos de propiedad. Se acordó impulsar un plan masivo de formalización de la pequeña y mediana propiedad, y la creación de una jurisdicción agraria para asegurar la protección judicial eficaz a los derechos de propiedad de los campesinos y de todos los habitantes del campo.. El Gobierno definirá lineamientos generales de uso del suelo que tengan en cuenta su vocación y pondrá en marcha programas de reconversión.

También se acordó la delimitación la frontera agrícola y la protección de las áreas de especial interés ambiental, con el fin de avanzar en un plan de zonificación ambiental que haga compatible el interés de preservación con las alternativas económicas de las comunidades y de desarrollo del país y promueva diferentes planes de desarrollo que contribuyan a la preservación ambiental

El segundo pilar es el establecimiento de programas especiales de desarrollo con enfoque territorial. Se trata de reconstruir las regiones más afectadas por el conflicto y la pobreza con verdaderos planes de desarrollo que transformen esos territorios, garanticen derechos y faciliten la reconciliación. Se construirán de manera participativa planes de acción para la transformación regional. Un tercer pilar son los planes nacionales que deberán lograr una reducción radical de la pobreza y la eliminación de la pobreza extrema. Estos planes están orientados a proveer bienes y servicios públicos en infraestructura (vías, distritos de riego, electricidad, conectividad), desarrollo social (planes especiales de salud, educación, vivienda y agua potable para el campo,) y estímulos de todo tipo a la productividad de la agricultura familiar (asistencia técnica, promoción del cooperativismo, líneas especiales de crédito, seguros subsidiados de cosecha, asociaciones solidarias para la comercialización, entre otros) y a la formalización laboral.

El cuarto y último pilar es un sistema especial de seguridad alimentaria y nutricional tendiente a fortalecer los mercados locales y regionales, mediante campañas para un manejo adecuado de alimentos por parte de las familias y se aplicarán programas especiales contra el hambre. E crearán consejos de seguridad alimentaria y nutricional en todos los niveles territoriales y se pondrá en marcha toda una institucionalidad para mejorar la seguridad alimentaria de las comunidades.

 Participación Política
En este aspecto el acuerdo está construido sobre tres pilares. El primero es una nueva apertura democrática que promueva la inclusión política como mecanismo para consolidar la paz, luego de la terminación del conflicto. Se trata de facilitar la creación de nuevos partidos políticos, sin poner en riesgo los avances en la consolidación del sistema de partidos. Se acordó hacer los cambios necesarios para desligar la obtención y conservación de la personería jurídica del requisito de la superación del umbral para elecciones de Congreso, y facilitar de manera transitoria apoyos por parte del Estado para las nuevas fuerzas que aparezcan.

Se acordó además, la creación de Circunscripciones Transitorias Especiales de Paz en las regiones más golpeadas del conflicto. Los habitantes de estas regiones podrán elegir, durante la fase de transición y de manera temporal, representantes a la Cámara adicionales con unas reglas especiales. (El número de regiones, curules y periodos electorales aún no se han acordado). Para ello se acordaron unas medidas especiales para promover el voto. Esto también exige el. Por último, se acordó poner en marcha medidas para la participación de la mujer y promover una cultura democrática de tolerancia en el debate político.

Cortesía Revista Semana

El segundo pilar es una mayor participación ciudadana para consolidar la paz, en el espíritu de la Constitución del 91. Para ello se acordaron toda una serie de medidas: el desarrollo de una Ley de Garantías para las organizaciones y movimientos sociales; medidas para promover una cultura de tolerancia, no estigmatización y reconciliación; garantías para la protesta social, tanto para quienes se manifiesten como para los demás ciudadanos; promoción de espacios en medios de comunicación institucionales, regionales y comunitarios, para dar a conocer las actividades de las diferentes organizaciones de la sociedad civil; revisión de todo el sistema de participación ciudadana en los planes de desarrollo, en particular del funcionamiento de los Consejos Territoriales de Planeación; fortalecimiento de la participación en la construcción de políticas públicas y fortalecimiento del control ciudadano a la gestión pública mediante la promoción de veedurías y observatorios de transparencia en todas las regiones.

El tercer pilar -y la idea fundamental del fin del conflicto- es asegurar que se rompa para siempre el vínculo entre política y armas. Es decir, que nadie nunca más utilice las armas para promover una causa política y que quienes han dejado las armas para transitar a la política tengan todas las garantías de que no serán objeto de la violencia.

El objetivo es que quienes ejercen la política tengan la seguridad que no serán víctimas de las armas y para ello se acordó que el Gobierno establecerá un Sistema Integral de Seguridad para el ejercicio de la Política en un marco de garantías de los derechos y libertades. Un sistema similar de garantías de seguridad para líderes de organizaciones y movimientos sociales y defensores de derechos humanos en situación de riesgo. Y se promoverá la discusión con amplia participación y la expedición de un Estatuto para la Oposición.

Solución al problema de las  drogas ilícitas
El acuerdo sobre drogas tiene cuatro componentes básicos. El primero se centra en la sustitución y erradicación de los cultivos ilícitos. Se fijan las bases de un Nuevo Programa de Sustitución de Cultivos Ilícitos y Desarrollo Alternativo de alcance nacional. Se trata de forjar una nueva alianza entre las comunidades y las autoridades nacionales, departamentales y municipales para resolver los problemas de las comunidades. También se pondrán en marcha planes de asistencia inmediata para los cultivadores. En los casos donde algunos cultivadores incumplan sus compromisos o no quieran participar en el Programa, el Gobierno erradicará los cultivos de forma manual.

Para lograr eficacia y éxito en este aspecto acordó un programa de desminado de las áreas del territorio nacional, al que las Farc también contribuirán con la provisión de información, entre otros. Un plan piloto de este programa ya se adelanta en los departamentos de Antioquia y Meta.

En el acuerdo se reconoce que el tema del consumo de drogas ilícitas, es una cuestión de salud pública que requiere un tratamiento prioritario y por eso se acordó crear por una parte un Programa Nacional de Intervención Integral frente al Consumo de Drogas Ilícitas que articule a las autoridades para prevenir y abordar el problema del consumo y manejar las variables en él involucradas, política que debe ser participativa; y por otra, un “Sistema Nacional de Atención al Consumidor de Drogas Ilícitas que incluya acciones complementarias de rehabilitación e inserción social”.

Se acordó una estrategia integral para reforzar y ampliar la lucha contra el crimen organizado, en especial en las regiones. El Gobierno se comprometió a “intensificar la lucha contra el crimen organizado y sus redes de apoyo en el marco del fin del conflicto (…) y en general de desarticular las redes de estas organizaciones”. Con ese fin pondrá en marcha una estrategia de política criminal y una nueva estrategia contra los activos involucrados en el narcotráfico y el lavado de activos en todos los sectores de la economía, así como contra el tráfico de insumos.

 Temas gruesos pendientes
Del más reciente acuerdo en la mesa negociación de La Habana, es decir, de la Comisión de la Verdad, queda pendiente saber –lo cual se hará cuando se llegue al acuerdo final- quienes serán sus once miembros, que serán elegidos,  “por un comité de escogencia compuesto por 9 integrantes”. El Gobierno y las Farc, de común acuerdo, seleccionarán -a través del mecanismo que definan-  a 6 de los integrantes del comité de escogencia y los 3 restantes serán los delegados de 3 personas u organizaciones que acuerden en la mesa.

Hay que agregar que para cumplir su loable labor de conocer la verdad histórica, la comisión deberá hacer un esfuerzo titánico porque debe abarcar por lo menos medio siglo, así como todo el territorio nacional y a todos los que participaron en el conflicto, lo cual hará que su tarea no esté exenta de grandes dificultades.

Además, los comisionados -que deben tener una conducta moral intachable- escarbarán en la memoria de las víctimas y combatientes, hurgarán en la historia y rastrearán en el territorio para intentar esclarecer los hechos de manera profunda y satisfactoria para todas las partes. Recogerán experiencias, pero no declaraciones jurídicas; emitirán recomendaciones, pero  no juicios e intentarán reconciliar y no castigar, con el fin de garantizar la no repetición del conflicto. Sin embargo, no pueden ni deben reemplazar los mecanismos de justicia que permitan la sanción, aunque no sea proporcional, de los crímenes de guerra y de lesa humanidad.

Del punto referente a la Política de Desarrollo Agrario Integral, quedaron en el congelador, pendientes de tratar los siguientes temas: Latifundio y delimitación de la propiedad, freno a la inversión extranjera, extracción minero-energética y conflictos de uso del territorio, regulación de la explotación del territorio para la generación de agro-combustibles, revisión y renegociación de los Tratados de Libre Comercio contra la economía, ajustes al Ordenamiento Territorial, financiación de la política de Desarrollo Rural y Agrario Integral, cuantificación del fondo de tierras, creación del Consejo Nacional de la Tierra y el Territorio, y definiciones sobre el derecho real de superficie, aspectos en los cuales ha sido persistente la delegación de las Farc.

En el punto de la participación política está pendiente  la revisión, reforma y democratización del sistema político electoral, la revisión y reforma de mecanismos de participación ciudadana, así como la proscripción del tratamiento militar a la movilización y protesta, desmantelamiento del ESMAD, en lo que han sido insistentes las Farc, como también en la elección popular del Procurador, el Contralor, el Fiscal General y el Defensor del Pueblo.

En cuanto a la creación de Circunscripciones Transitorias Especiales de Paz en las regiones más golpeadas del conflicto, quedó pendiente establecer el número de regiones, curules y periodos electorales para que los habitantes de estas regiones elijan, durante la fase de transición y de manera temporal, representantes a la Cámara adicionales.

Quedó igualmente en el tintero el establecimiento de una política criminal contra las drogas ilícitas y reparación integral de las víctimas afectadas por las aspersiones aéreas con glifosato, cuya suspensión se producirá en los próximos meses, según reciente anuncio del gobierno nacional. Igualmente, están pendientes, la transformación estructural del sistema de salud pública que permita encuadrar el desarrollo del programa de prevención y consumo y la realización de una Conferencia Nacional sobre política de lucha contra las drogas.
El cese bilateral es otro asunto espinoso que no ha tenido desarrollos concretos. Las Farc han declarado en cuatro ocasiones un cese unilateral del fuego y en esa dirección, han solicitado la misma respuesta del gobierno colombiano, pero presidente Juan Manuel Santos ha insistido en que no habrá un cese bilateral del fuego hasta que no se firme el acuerdo final.   

Entre los asuntos pendientes con mayor incidencia sobre la agenda pública están el tratamiento jurídico para los ex combatientes de las Farc y la definición y trámite del mecanismo para la refrendación ciudadana de los acuerdos.

Sobre el primer aspecto el gobierno reconoce que serán decisivos los acuerdos en La Habana, pero que la aprobación de la ley estatutaria respectiva corresponde al Congreso, mientras que la Corte Constitucional aprobó la inhabilidad para participar en política de responsables de “crímenes de lesa humanidad y genocidio, cometidos de manera sistemática”.

Sin embargo, como lo explicó el Fiscal General y han defendido distintos sectores, es necesario facilitar la participación política de los ex guerrilleros que se acojan  a los acuerdos de paz. En ese sentido, es de esperarse un marco jurídico que habilite una especie de amnistía que excluya a algunos responsables de los más graves crímenes y a los principales responsables directos, al mismo tiempo que establece exigencias de verdad histórica y reparación simbólica de las víctimas.

Sobre la refrendación ciudadana de los acuerdos, el gobierno es partidario de un plebiscito o un referendo, mientras que los negociadores de las Farc han insistido en la conformación de una asamblea nacional constituyente, una consulta popular u otra forma de apelación al constituyente primario.

Tal vez el gran desafío para los negociadores, a parte de concretar los aspectos pendientes de los puntos acordados, es precisamente establecer el mecanismo de refrendación que respalde los acuerdos, les de legitimidad política, posibilidad de aplicación y seguridad jurídica.




[1] Ver publicación de las 2 Orillas al respecto. Disponible en http://www.las2orillas.co/cinco-comisiones-de-la-verdad-exitosas/

jueves, 4 de junio de 2015

LA DISPUTA POLÍTICA EN COLOMBIA ES MÁS DE FACCIONES QUE DE PARTIDOS

Lo que sucedió el viernes de la semana pasada durante la convención del Partido Conservador en Antioquia para escoger candidato único de la colectividad azul a la gobernación del departamento, es una muestra fehaciente de que los partidos políticos en Colombia se mueven más por intereses burocrático-electorales representados por diferentes grupos o facciones en su interior, que por idearios colectivos que apuntan al bien común.

Como es bien sabido, un acuerdo a última hora entre las dos fuerzas políticas más poderosas del Partido Conservador en Antioquia, encabezadas por las senadoras Olga Suárez Mira (Bello) y Nidia Marcela Osorio (Itagüí) le permitió a la administradora de empresas, Eva Inés Sánchez, imponerse como candidata única de esa colectividad a la Gobernación de Antioquia.

El Partido Conservador, que no llega al cargo departamental desde 1998 cuando ganó con Alberto Builes Ortega, al parecer tiene un acuerdo con la Unidad Nacional, que encabeza el propio Presidente Santos, para que la señora Sánchez, después de ungida por la colectividad azul, decline posteriormente a su aspiración y adhiera a la candidatura de Luis Pérez Gutiérrez, a cambio de recibir la Contraloría General de Antioquia. La estrategia de los grupos conservadores de Bello e Itagüí, de paso dejó en el camino a César Eugenio Martínez, afecto al Centro Democrático con el que haría alianza si fuese elegido candidato único del conservatismo, para luego declinar también y apoyar a Liliana Rendón Roldan, la candidata de Uribe a la Gobernación de Antioquia.

Estas estratagemas políticas -y otras que seguramente se producirán en las próximas semanas- son muestra de que los partidos políticos en Colombia no tienen coherencia ideológica, no están cohesionados por unos ideales o alrededor de un líder –salvo el Centro Democrático con Uribe- y se mueven más por intereses burocráticos individuales o de grupos minoritarios al interior de las colectividades.

Aunque algunos analistas consideran que históricamente los partidos tradicionales en Colombia -Liberal y Conservador-, han actuado sobre la base de intereses personales y divididos a su interior[1], a nuestro juicio las reformas al sistema de partidos en Colombia (2006 y 2010) en vez de posibilitar la aparición de nuevos partidos -que si los ha habido como el Partido de la U, el Verde y el Centro Democrático-, lo que han propiciado con más fuerza es el surgimiento de grupos de interés dentro de las colectividades, más asimilables a lo que se conoce como facciones.

Una facción al interior de un partido se puede definir como: “una agrupación en torno a una persona para distribuir factores de poder o expectativas de ello”[2]. De esta manera, los partidos  pierden su esencia como articuladores de la relación entre la sociedad civil y el Estado, interpretando las necesidades y requerimientos de aquella, para que aquel busque satisfacerlas. Además, “los partidos tienen importantes cometidos en los Estados modernos: proponer programas e ideologías a los ciudadanos, articular y aglutinar intereses sociales con finalidades estrictamente políticas, movilizar y socializar a los ciudadanos y, principalmente, reclutar élites y formar gobiernos, función que sólo ellos pueden realizar.”[3]



Para el mencionado caso del Partido Conservador en Antioquia, serían facciones las llamadas casas conservadoras de Bello e Itagüí, lideradas por las senadoras Olga Suárez Mira Nidia Marcela Osorio, respectivamente; así como el grupo de la ex candidata Marta Cecilia Ramírez Orrego. También dentro de los azules, lo que otrora fue el Ramismo (de Luis Alfredo Ramos) y el Coraje de Fabio Valencia Cossio (Hoy en el CD); ello sin mencionar lo que ocurre en el Partido Liberal, que es muy similar.

Dada la estructura actual de los partidos políticos mediante facciones, no es de extrañar que al interior de cada colectividad haya confrontaciones entre grupos, pero también alianzas de conveniencia como la que se presentó en la convención azul en Antioquia. Es natural que entre un partido y otro haya confrontación ideológica -pese a que ahora es más por otro tipo de intereses- aunque también se suelen dar alianzas ´programáticas´ o más bien burocráticas. Sin embargo, lo que es un poco extraño -aunque en otro tiempo se ha dado[4]- es la alianza entre una facción de un partido y otra de otro partido tal vez no muy afín desde el punto de vista ideológico o programático.

Siguiendo con lo ocurrido con los conservadores en Antioquia, tras el análisis que he venido haciendo, no es de extrañar que entonces se afirme que la facción que lidera la ex candidata Marta Cecilia Ramírez Orrego apoye al candidato del Centro Democrático a la Alcaldía de Medellín,  Juan Carlos Vélez y tampoco que  la facción de César Eugenio Martínez y su jefe, el senador Juan Diego Gómez, apoye la campaña del CD a la Alcaldía, y la aspiración a la Gobernación de Luis Pérez (Unidad Nacional).

Centro Democrático ¿facción o partido?
Mención aparte merece el partido Centro Democrático, cuyo indiscutible líder y gestor es el senador Alvaro Uribe Vélez. Hay que decir entonces, en nuestro concepto, que el uribismo originalmente sería una facción dentro del Partido de la U, solo que ahora ha devenido en partido político, pero con el comportamiento típico de una facción, pues funciona en torno a la persona y personalidad de Uribe.

De  ahí que en las elecciones parlamentarias de marzo de 2014, Uribe decidiera encabezar una lista cerrada para que su nombre arrastrara a los demás, como efectivamente ocurrió. Sin embargo, lo que en ese entonces fue una fortaleza y una estrategia válida, hoy puede ser el talón de Aquiles del Centro Democrático, en el sentido de que Uribe -en su calidad de Senador- no puede encabezar las listas a concejos municipales y asambleas, y mucho menos hacer campaña con todos sus candidatos a las principales alcaldías y gobernaciones.

Pese a que sus más conspicuos seguidores le atribuyen a Uribe un carácter mesiánico, no tiene el don de la ubicuidad para multiplicarse y estar presente en las campañas de todos sus candidatos y mucho menos en los próximos meses cuando ganan en intensidad. Por otra parte, aunque en la pasada campaña presidencial estuvo muy cerca de Oscar Iván Zuluaga, su candidato debía defenderse solo en muchos escenarios -debates televisivos y entrevistas en medios, por ejemplo- evidenciando ante los electores que definitivamente Zuluaga no era Uribe, como tampoco lo son sus candidatos a las instancias de poder local y regional. Al respecto Natalia Arenas, en la Silla Vacía, dice lo siguiente:

Si Uribe quiere repetir el triunfo del año pasado en las elecciones de octubre tendrá que hacer él mismo campaña junto a sus candidatos. A pesar de que el Centro Democrático lleva más de un año de creado, no ha logrado conseguir fichas fuertes ni siquiera en los 11 departamentos y en Bogotá en los que el uribismo le dio una tunda a Santos en la primera vuelta presidencial. De esos, sólo tiene hoy una ficha propia fuerte para quedarse con una gobernación y otras dos fuertes para alcaldías. De resto, en el panorama regional, doce son candidatos débiles y en otros siete está buscando alianzas, aun cuando en cuatro ya tiene candidatos[5].

La esencia caudillista del Centro Democrático quedó evidenciada el año pasado en la decisión de conformar una lista cerrada para las elecciones parlamentarias y es lo que Bernard Manin[6] llama la “personificación de la opción electoral”, que es cuando los votantes lo hacen más por la persona que por los partidos o programas. Esa es justamente la dificultad que acarrea el Centro Democrático para las elecciones de octubre para autoridades locales, que la gente no va a votar por el hoy senador Alvaro Uribe Vélez, sino por personas que recibieron su guiño y supuestamente representan sus ideales y credo político.

Consideraciones finales
Antes de concluir es pertinente aclarar que con la Constitución Política de 1991, Colombia al perecer estaba dando el salto de un sistema bipartidista a un pluralismo polarizado (muchos partidos con diversidad de posturas ideológicas), pero caracterizado por la aparición de “organizaciones electorales que emergen de forma coyuntural y se esfuman rápidamente sin ninguna pretensión de convertirse en agrupaciones políticas estables”[7]. Es decir, la constitución daba la posibilidad de que se crearan partidos políticos, muchos de ellos provenientes de movimientos sociales con pretensiones políticas, pero sin estructura estable ni jerárquica definida, lo cual los hacía efímeros en el tiempo.

El legislativo trata de corregir esa anomalía del sistema democrático y de partidos en Colombia con las reformas de 2006 y 2010, con lo cual se reduce el número de partidos en competencia y hoy podemos decir que en el país predomina un pluralismo moderado, tomando como referencia el análisis institucionalista de Sartori[8].

En consecuencia, lo que se ha venido observando desde la entrada en vigencia la constitución de 1991, en lo que atañe al sistema de partidos en Colombia, es no sólo la aparición de movimientos políticos originados de movimientos sociales, sino una fragmentación de los partidos tradicionales, dando origen a nuevos partidos que cooptan a parte de sus militantes o la conformación de facciones en permanente disputa al interior de los partidos tradicionales (incluso ocurrió también ya en el Polo).

 De la primera situación es claro que ese es el origen del Partido de la U y del Centro Democrático, cuyas bases originalmente militaron o en el liberalismo o en el conservatismo, y que en el caso del CD, está centrado en la personalidad de un caudillo -el ex presidente Uribe- más que en una ideología claramente definida, a no ser por sus posturas de extrema derecha, es decir, completamente alejadas del nombre de la colectividad. En cuanto a la primera situación, s ilustrativo ver los diferentes grupos dentro del Partido Liberal y del Conservador, como en este último caso se analizó en el presente artículo.




[1] Baste mencionar solamente el Ospinismo y el Laurianismo en el Partido Conservador o el Turbayismo y el Lopismo en el Partido Liberal.
[2] Definición del concejal de Bogotá, Víctor Reyes Morris.
[3] Cárdenas Gracia Jaime (2010). Los partidos políticos y la democracia. Instituto Federal Electoral, México.
[4] Recordemos el movimiento Regenerador de Nuñez, que aglutinaba a liberales y conservadores y logró cambiar la constitución liberal de 1863  e imponer el modelo centralista de la constitución de 1886.
[5] Artículo “No hay Uribe pa´ tanto candidato”, de Natalia Arenas en La Silla Vacía. Disponible en: http://lasillavacia.com/historia/uribe-tendra-que-tener-el-don-de-la-ubicuidad-para-octubre-50404
[6] Manin, Bernard (1998). Los principios del gobierno representativo. Madrid. Alianza Editorial.
[7] Parra Ramírez, Esther (1999). Vicisitudes del bipartidismo en Colombia. Revista Reflexión Política. Año 1, Vol.1. Bucaramanga, marzo de 1999.
[8] Sartori, Giovanni (2009). Partidos y sistemas de partidos. Madrid. Alianza Editorial.