Luego
de tres años de conversaciones, con las vicisitudes propias de dialogar en
medio del conflicto, la mesa de negociaciones entre el gobierno colombiano y
las Farc en La Habana, parece dar muy buenos resultados, especialmente con el anuncio de la semana
pasada sobre la creación de una comisión de la verdad.
Positiva fue también, como resultado del ciclo 36, la
instalación de la Comisión Histórica del Conflicto y sus Víctimas, encargada de
investigar sobre los orígenes y responsabilidades del conflicto colombiano (que
será un gran apoyo para la comisión de la verdad) y la celebración de tres
audiencias con delegaciones de víctimas en La Habana.
No
obstante, el optimismo que genera este importante anuncio, que se produce en
medio de una escalada violenta de las Farc y la consecuente reacción de las
Fuerzas Armadas de Colombia, no deja de tener un alcance parcial, como otros
acuerdos alcanzados hasta el momento.
Comisión de la Verdad
En
los últimos 40 años se han creado comisiones de la verdad en por lo menos 30
países que han vivido serios conflictos y en muchos casos, como El Salvador,
Argentina, Sudáfrica y Perú[1],
han funcionado de manera adecuada.
Por eso no deja de ser esperanzador para el país el
anuncio del gobierno de Colombia y las
Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), el jueves de la semana
pasada, de que acordaron la creación de una comisión de la verdad para ´ esclarecer´
y ´explicar´ el conflicto que padecemos desde hace más de medio siglo.
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| Cortesía CNN Español |
La
comisión -anunciada al final del ciclo 37 de las negociaciones que comenzaron
en 2012- será imparcial, independiente, con plena autonomía; será excepcional y
funcionará durante un tiempo limitado, indica el comunicado conjunto del
gobierno y las Farc. Tendrá
una duración de tres años “incluyendo la elaboración del informe final” y
“contará con 6 meses para preparar todo lo necesario para su funcionamiento”.
Repito, es esperanzador porque hay ejemplos concretos en el mundo de que
estas comisiones funcionan, pese a la ardua tarea que deben desarrollar, pero
no deja de ser un logro parcial en la mesa. Pareciera que dado el incremento de
las acciones ofensivas dentro del conflicto, tras la terminación del cese
unilateral del fuego por parte de las Farc y la reanudación de los bombardeos
por parte del gobierno, las partes se hubiesen puesto de acuerdo en anunciar la
creación de la comisión para tranquilizar a la opinión pública nacional e
internacional, pues la conformación de
dicha comisión está supeditada a que se culmine la negociación de paz.
Es decir, todavía su conformación se
demora ya que debe esperarse el final feliz de las negociaciones de La Habana.
Eso es lo quedó acordado en ese importante
ítem. Demos un vistazo ahora a lo que acordó en otros aspectos, para luego
mirar lo que está pendiente.
Política de Desarrollo Agrario Integral
Este acuerdo tiene cuatro pilares, el primero de los cuales es el acceso
y el uso de la tierra, en el cual se acordó la creación de un Fondo de tierras
de distribución gratuita para los campesinos sin tierra o con tierra
insuficiente. Pero no se trata sólo de entregarle tierra al que no tiene, sino
de darle “acceso integral”: que la tierra esté acompañada de riego, crédito,
asistencia técnica, y apoyo para la comercialización, entre otros.
El acceso a la tierra incluye
también ofrecer un subsidio integral y crédito especial para la compra de
tierra, así como garantizar derechos de propiedad. Se acordó impulsar un plan
masivo de formalización de la pequeña y mediana propiedad, y la creación de una
jurisdicción agraria para asegurar la protección judicial eficaz a los derechos
de propiedad de los campesinos y de todos los habitantes del campo.. El
Gobierno definirá lineamientos generales de uso del suelo que tengan en cuenta
su vocación y pondrá en marcha programas de reconversión.
También se acordó la delimitación la frontera agrícola y la protección
de las áreas de especial interés ambiental, con el fin de avanzar en un plan de
zonificación ambiental que haga compatible el interés de preservación con las
alternativas económicas de las comunidades y de desarrollo del país y promueva
diferentes planes de desarrollo que contribuyan a la preservación ambiental
El segundo pilar es el establecimiento de programas especiales de
desarrollo con enfoque territorial. Se trata de reconstruir las regiones más
afectadas por el conflicto y la pobreza con verdaderos planes de desarrollo que
transformen esos territorios, garanticen derechos y faciliten la
reconciliación. Se construirán de manera participativa planes de acción para la
transformación regional. Un tercer pilar son los planes nacionales que deberán
lograr una reducción radical de la pobreza y la eliminación de la pobreza
extrema. Estos planes están orientados a proveer bienes y servicios públicos en
infraestructura (vías, distritos de riego, electricidad, conectividad),
desarrollo social (planes especiales de salud, educación, vivienda y agua
potable para el campo,) y estímulos de todo tipo a la productividad de la
agricultura familiar (asistencia técnica, promoción del cooperativismo, líneas
especiales de crédito, seguros subsidiados de cosecha, asociaciones solidarias
para la comercialización, entre otros) y a la formalización laboral.
El cuarto y último pilar es un sistema especial de seguridad alimentaria
y nutricional tendiente a fortalecer los mercados locales y regionales, mediante
campañas para un manejo adecuado de alimentos por parte de las familias y se
aplicarán programas especiales contra el hambre. E crearán consejos de
seguridad alimentaria y nutricional en todos los niveles territoriales y se
pondrá en marcha toda una institucionalidad para mejorar la seguridad alimentaria
de las comunidades.
Participación Política
En este aspecto el acuerdo está construido sobre tres pilares. El
primero es una nueva apertura democrática que promueva la inclusión política
como mecanismo para consolidar la paz, luego de la terminación del conflicto. Se
trata de facilitar la creación de nuevos partidos políticos, sin poner en
riesgo los avances en la consolidación del sistema de partidos. Se acordó hacer
los cambios necesarios para desligar la obtención y conservación de la personería
jurídica del requisito de la superación del umbral para elecciones de Congreso,
y facilitar de manera transitoria apoyos por parte del Estado para las nuevas
fuerzas que aparezcan.
Se acordó además, la creación de Circunscripciones Transitorias Especiales
de Paz en las regiones más golpeadas del conflicto. Los habitantes de estas
regiones podrán elegir, durante la fase de transición y de manera temporal,
representantes a la Cámara adicionales con unas reglas especiales. (El número
de regiones, curules y periodos electorales aún no se han acordado). Para ello
se acordaron unas medidas especiales para promover el voto. Esto también exige
el. Por último, se acordó poner en marcha medidas para la participación de la
mujer y promover una cultura democrática de tolerancia en el debate político.
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| Cortesía Revista Semana |
El segundo pilar es una mayor participación ciudadana para consolidar la
paz, en el espíritu de la Constitución del 91. Para ello se acordaron toda una
serie de medidas: el desarrollo de una Ley de Garantías para las organizaciones
y movimientos sociales; medidas para promover una cultura de tolerancia, no
estigmatización y reconciliación; garantías para la protesta social, tanto para
quienes se manifiesten como para los demás ciudadanos; promoción de espacios en
medios de comunicación institucionales, regionales y comunitarios, para dar a
conocer las actividades de las diferentes organizaciones de la sociedad civil;
revisión de todo el sistema de participación ciudadana en los planes de
desarrollo, en particular del funcionamiento de los Consejos Territoriales de
Planeación; fortalecimiento de la participación en la construcción de políticas
públicas y fortalecimiento del control ciudadano a la gestión pública mediante
la promoción de veedurías y observatorios de transparencia en todas las
regiones.
El tercer pilar -y la idea fundamental del fin del conflicto- es
asegurar que se rompa para siempre el vínculo entre política y armas. Es decir,
que nadie nunca más utilice las armas para promover una causa política y que
quienes han dejado las armas para transitar a la política tengan todas las
garantías de que no serán objeto de la violencia.
El objetivo es que quienes ejercen la política tengan la seguridad que
no serán víctimas de las armas y para ello se acordó que el Gobierno
establecerá un Sistema Integral de Seguridad para el ejercicio de la Política
en un marco de garantías de los derechos y libertades. Un sistema similar de
garantías de seguridad para líderes de organizaciones y movimientos sociales y
defensores de derechos humanos en situación de riesgo. Y se promoverá la
discusión con amplia participación y la expedición de un Estatuto para la
Oposición.
Solución al problema de las drogas ilícitas
El acuerdo sobre drogas tiene cuatro componentes básicos. El primero se
centra en la sustitución y erradicación de los cultivos ilícitos. Se fijan las
bases de un Nuevo Programa de Sustitución de Cultivos Ilícitos y Desarrollo
Alternativo de alcance nacional. Se trata de forjar una nueva alianza entre las
comunidades y las autoridades nacionales, departamentales y municipales para
resolver los problemas de las comunidades. También se pondrán en marcha planes
de asistencia inmediata para los cultivadores. En los casos donde algunos
cultivadores incumplan sus compromisos o no quieran participar en el Programa,
el Gobierno erradicará los cultivos de forma manual.
Para lograr eficacia y éxito en este aspecto acordó un programa de
desminado de las áreas del territorio nacional, al que las Farc también
contribuirán con la provisión de información, entre otros. Un plan piloto de
este programa ya se adelanta en los departamentos de Antioquia y Meta.
En el acuerdo se reconoce que el tema del consumo de drogas ilícitas, es
una cuestión de salud pública que requiere un tratamiento prioritario y por eso
se acordó crear por una parte un Programa Nacional de Intervención Integral
frente al Consumo de Drogas Ilícitas que articule a las autoridades para
prevenir y abordar el problema del consumo y manejar las variables en él involucradas,
política que debe ser participativa; y por otra, un “Sistema Nacional de
Atención al Consumidor de Drogas Ilícitas que incluya acciones complementarias
de rehabilitación e inserción social”.
Se acordó una estrategia integral para reforzar y ampliar la lucha
contra el crimen organizado, en especial en las regiones. El Gobierno se
comprometió a “intensificar la lucha contra el crimen organizado y sus redes de
apoyo en el marco del fin del conflicto (…) y en general de desarticular las
redes de estas organizaciones”. Con ese fin pondrá en marcha una estrategia de
política criminal y una nueva estrategia contra los activos involucrados en el
narcotráfico y el lavado de activos en todos los sectores de la economía, así
como contra el tráfico de insumos.
Temas gruesos pendientes
Del más reciente acuerdo en la mesa
negociación de La Habana, es decir, de la Comisión de la Verdad, queda
pendiente saber –lo cual se hará cuando se llegue al acuerdo final- quienes
serán sus once miembros, que serán elegidos,
“por un comité de escogencia compuesto por 9 integrantes”. El Gobierno y
las Farc, de común acuerdo, seleccionarán -a través del mecanismo que definan- a 6 de los integrantes del comité de
escogencia y los 3 restantes serán los delegados de 3 personas u organizaciones
que acuerden en la mesa.
Hay que agregar que para cumplir su
loable labor de conocer la verdad histórica, la comisión deberá hacer un
esfuerzo titánico porque debe abarcar por lo menos medio siglo, así como todo
el territorio nacional y a todos los que participaron en el conflicto, lo cual
hará que su tarea no esté exenta de grandes dificultades.
Además, los comisionados -que deben tener una
conducta moral intachable- escarbarán en la
memoria de las víctimas y combatientes, hurgarán en la historia y rastrearán en
el territorio para intentar esclarecer los hechos de manera profunda y
satisfactoria para todas las partes. Recogerán experiencias, pero no
declaraciones jurídicas; emitirán recomendaciones, pero no juicios e intentarán reconciliar y no
castigar, con el fin de garantizar la no repetición del conflicto. Sin embargo,
no pueden ni deben reemplazar
los mecanismos de justicia que permitan la sanción, aunque no sea proporcional,
de los crímenes de guerra y de lesa humanidad.
Del
punto referente a la Política de Desarrollo Agrario Integral, quedaron en el congelador, pendientes de tratar
los siguientes temas: Latifundio y delimitación de la propiedad, freno a la inversión
extranjera, extracción minero-energética y conflictos de uso del territorio,
regulación de la explotación del territorio para la generación de
agro-combustibles, revisión y renegociación de los Tratados de Libre Comercio
contra la economía, ajustes al Ordenamiento Territorial, financiación de la
política de Desarrollo Rural y Agrario Integral, cuantificación del fondo de
tierras, creación del Consejo Nacional de la Tierra y el Territorio, y
definiciones sobre el derecho real de superficie, aspectos en los cuales ha
sido persistente la delegación de las Farc.
En el punto de la participación política está pendiente la revisión, reforma y democratización del sistema político electoral, la
revisión y reforma de mecanismos de participación ciudadana, así como la
proscripción del tratamiento militar a la movilización y protesta,
desmantelamiento del ESMAD, en lo que han sido insistentes las Farc, como
también en la elección popular del Procurador, el Contralor, el Fiscal General
y el Defensor del Pueblo.
En cuanto a la creación de Circunscripciones Transitorias Especiales de
Paz en las regiones más golpeadas del conflicto, quedó pendiente establecer el
número de regiones, curules y periodos electorales para que los habitantes de
estas regiones elijan, durante la fase de transición y de manera temporal,
representantes a la Cámara adicionales.
Quedó igualmente en el tintero el establecimiento de una política criminal contra las drogas ilícitas y
reparación integral de las víctimas afectadas por las aspersiones aéreas con
glifosato, cuya suspensión se producirá en los próximos meses, según reciente
anuncio del gobierno nacional. Igualmente, están pendientes, la transformación
estructural del sistema de salud pública que permita encuadrar el desarrollo
del programa de prevención y consumo y la realización de una Conferencia
Nacional sobre política de lucha contra las drogas.
El cese bilateral es otro asunto espinoso que no ha
tenido desarrollos concretos. Las Farc han declarado en cuatro ocasiones un
cese unilateral del fuego y en esa dirección, han solicitado la misma respuesta
del gobierno colombiano, pero presidente Juan
Manuel Santos ha insistido en que no habrá un cese bilateral
del fuego hasta que no se firme el acuerdo final.
Entre
los asuntos pendientes con mayor incidencia sobre la agenda pública están el
tratamiento jurídico para los ex combatientes de las Farc y la definición y
trámite del mecanismo para la refrendación ciudadana de los acuerdos.
Sobre
el primer aspecto el gobierno reconoce que serán decisivos los acuerdos en La
Habana, pero que la aprobación de la ley estatutaria respectiva corresponde al
Congreso, mientras que la Corte Constitucional aprobó la inhabilidad para
participar en política de responsables de “crímenes de lesa humanidad y
genocidio, cometidos de manera sistemática”.
Sin
embargo, como lo explicó el Fiscal General y han defendido distintos sectores,
es necesario facilitar la participación política de los ex guerrilleros que se
acojan a los acuerdos de paz. En ese sentido, es de esperarse un marco
jurídico que habilite una especie de amnistía que excluya a algunos
responsables de los más graves crímenes y a los principales responsables
directos, al mismo tiempo que establece exigencias de verdad histórica y
reparación simbólica de las víctimas.
Sobre
la refrendación ciudadana de los acuerdos, el gobierno es partidario de un plebiscito
o un referendo, mientras que los negociadores de las Farc han insistido en la
conformación de una asamblea nacional constituyente, una consulta popular u
otra forma de apelación al constituyente primario.
Tal
vez el gran desafío para los negociadores, a parte de concretar los aspectos
pendientes de los puntos acordados, es precisamente establecer el mecanismo de
refrendación que respalde los acuerdos, les de legitimidad política,
posibilidad de aplicación y seguridad jurídica.
[1] Ver publicación
de las 2 Orillas al respecto. Disponible en http://www.las2orillas.co/cinco-comisiones-de-la-verdad-exitosas/
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