El
otro gran reto que tiene el Gobierno Nacional este año -aparte de la firma de los acuerdos de paz y la refrendación de los
mismos por parte de los colombianos- es la presentación al Congreso del
proyecto de ley para sacar adelante la llamada Reforma Tributaria Estructural, que es urgente para nivelar la
economía dadas las negativas consecuencias de la caída de los precios
internacionales del petróleo, la devaluación del peso y el abultado déficit
fiscal.
El
proyecto sobre la Reforma Tributaria Estructural será presentado en el segundo semestre de 2016 para estudio y discusión en
el Congreso de la República. En consecuencia la reforma quedaría totalmente implementada en el curso
del período 2016-2018.
Desde ya el debate promete ser candente puesto que se han escuchado
voces a favor y en contra. Las primeras
consideran que aunque la situación fiscal es complicada, el tema de la reforma
tributaria es ineludible; mientras que quienes están en contra, sostienen
precisamente que problema fiscal, la problemática social y la caída en la inversión[1],
harían que una reforma tributaria -que contempla entre otros aspectos el
incremento del IVA y el impuesto a las
entidades sin ánimo de lucro- fuese nefasta para el bolsillo de los
colombianos.
Tras la divulgación del reporte de la Comisión de Expertos Tributarios,
los analistas se entregaron a la compleja labor de estimar cuánto podría aportar
una reforma tributaria como la planteada por la comisión. Anif por ejemplo,
estimó en primera instancia que podría aportar cerca de 2% del PIB por año de
nuevo recaudo.
Sin embargo, más allá del cálculo o el análisis
matemático-financiero del recaudo que se puede obtener, es bueno mirar cuáles
son los segmentos productivos y poblacionales sobre cuyos hombros recaerá el
peso de ese recaudo.
En ese sentido, dos mensajes de fondo deja la misión
de expertos. El primero, que el recaudo adicional es mejor conseguirlo por la
vía de impuestos indirectos como el IVA[2], sobretasa a los combustibles
y el Gravamen a los Movimientos
Financieros (4 x 1.000), que por la vía de impuestos directos: como renta y
riqueza, ya que gravar excesivamente el capital puede desestimular aún más la
inversión. Segundo, que los impuestos directos son más eficientes y su efecto
en los sectores menos favorecidos de la población puede ser compensado a través
de una red de protección social.
Claramente se observa el sesgo neoliberal de la Comisión de Expertos, al
considerar prioritaria la protección del capital por encima de eventuales
efectos negativos desde el punto de vista social. Según la propuesta, los
bienes que quedarían excluidos de IVA son: educación y salud; transporte público
de pasajeros; la venta y alquiler de inmuebles con destino residencial;
rendimientos financieros y los consumos mínimos vitales de agua potable,
energía, gas y telefonía fija. Todos los demás que aparecen en el estatuto
tributario, como excluidos, pasarían a pagar IVA de 5% (Allí están, entre
otros, verduras, frutas, miel, granos, medicinas, el asfalto, etc).
Con un IVA del 10% quedarían gravados otros bienes y
servicios como computadores, celulares, servicio de internet para los estratos
1, 2 y 3 y los servicios públicos para consumos más allá del mínimo vital. Y a
la tarifa general de 19% quedarían gravados intangibles como software, compra
de marcas, patentes y franquicias, la medicina prepaga y las comisiones y
cobros por servicios del sector financiero. El mensaje de fondo es que la base
de productos del IVA deberá ampliarse para que aumente el recaudo.
Para enfrentar el debate
político que genera la propuesta de gravar productos y servicios básicos de la
canasta familiar, la comisión considera que el país ha evolucionado de manera
importante en el gasto social, a través de programas como Familias en Acción y
todos los de protección que lidera el Departamento de la Prosperidad Social. Ese es el principal argumento esgrimido
para justificar el aumento en las tarifas y productos gravados con IVA que
afecta a sectores de menor ingreso. Es decir, se supone que ese efecto negativo
será compensado a través de gasto social, lo cual no parece un argumento muy
sólido ante la delicada situación fiscal.
De antemano se sabe que cuando hay recortes presupuestarios[3],
todos los programas sociales se ven afectados, aunque el presidente Santos diga
en sus declaraciones que no. Igualmente, hay que tener presente que no
solamente los sectores más pobres de la población se ven afectados por reformas
tributarias de ese tipo, sino que golpean fortísimo también a la clase media,
que además no tener nutridas fuentes de ingresos (en muchos casos solamente su
salario), generalmente está excluida de los beneficios de los programas
sociales del gobierno.
Mientras el nuevo recaudo
provendrá de los impuestos indirectos, el contemplado revolcón a los tributos
directos para modernizar su estructura, tendrá un efecto neutro sobre el
recaudo, pues éste ni aumentará ni caerá, porque la premisa es que la tributación no debe
desestimular la inversión.
En este sentido, la propuesta de la comisión se centra en eliminar la
estructura del impuesto a la renta, el Cree y sus sobretasas, para reemplazarla
por un Impuesto a las Utilidades de las Empresas (UIE), cuya tasa debe quedar
entre el 30% y el 35%. El argumento de la comisión es que el actual sistema ha
generado muchas inequidades e ineficiencias, pues el esquema vigente
contribuye poco a la redistribución del ingreso y grava mucho la inversión.
Por otro lado, a la clase
media ya golpeada por el aumento del IVA, las sobretasas a los combustibles y
el 4 x 1.000, se le asestaría oro duro golpe, ya que se propone que los colombianos empezarían a pagar el
impuesto de renta no desde los $3 millones, como ocurre hoy, sino a partir de
$1.5 millones mensuales. La comisión señala que
para estos rangos con rentas bajas, la tarifa promedio iría desde 2.5% hasta
4%. El objetivo de esta propuesta es, claramente, aumentar la cantidad de
personas que declaran y pagan el impuesto.
También se propone mantener
la tarifa de 10% para ganancias ocasionales por herencia, y de 20% para
loterías, rifas y juegos de suerte y azar. Sin embargo, se incluiría una nueva
tarifa de 15% para la ganancia por venta de inmuebles y otros activos,
porcentaje que igualmente se aplicaría al impuesto por dividendos.
En Conclusión, si nos atenemos a los tecnicismos de la lógica de la
economía liberal (neoliberal), la propuesta que diseñó la comisión de expertos
parece sensata y, de implementarse, podría significar un avance para el sistema
tributario colombiano, pero si la miramos desde la óptica del impacto social,
se ve que será claramente perjudicial y desventajosa para las personas de
menores ingresos y la clase media
asalariada. Desde ese punto de vista hay que decir que el ambiente político es
desfavorable para sacar adelante la reforma, porque con un gobernante jugando
todo su capital político a la paz, no parece muy viable, ya que el mayor
recaudo que se pretende se sustenta en tributos indirectos como el IVA, con
cuyo aumento sufren más los sectores de menores capacidades de ingresos.
[1]La inversión extranjera directa en Colombia
cayó un 37% en los dos primeros meses de 2016 respecto
al año anterior. Ver artículo en el diario El Colombiano del 29 de marzo de
2016. Disponible en http://www.elcolombiano.com/negocios/economia/inversion-extranjera-directa-cayo-en-primeros-meses-de-2016-HL3827191
[2] El IVA quedaría con cinco grupos definidos: no
gravados (hoy excluidos), categoría de gravados a 0% (hoy exentos), y
categorías de gravados a 5%, a 10% y a 19%.
[3] El año pasado el gobierno Santos
hizo un recorte de $8.5 billones en el presupuesto de esa vigencia y el 22 de
febrero de este año, luego de un Consejo
de Ministros, se anunció otro recorte de $6 billones para la vigencia de 2016.
