Los últimos cinco presidentes de Colombia se han caracterizado por
generar grandes expectativas frente a su mandato, al proponer asuntos
determinantes para la vida del país. Sin embargo, al concentrase en un solo
asunto -que en muchos casos tampoco resuelven debidamente- descuidan otros
aspectos importantes para los colombianos y terminan sus mandatos de manera
deslucida y con su popularidad en declive. Esa ha sido las constante desde
Gaviria hasta Santos, pasando por Samper, Pastrana y Uribe.
“Bienvenidos al futuro” fue la frase lapidaria con la que César Gaviria
Trujillo terminó su discurso de posesión el 7 de agosto de 1990, significando
con ello que con la aplicación del llamado Consenso de Washington[1],
el país saldría de la postración económica y generaría mayor bienestar para
todos. Efectivamente, durante la administración
Gaviria, se promovió el proceso de apertura económica[2], mediante la reducción de
los aranceles y las barreras al comercio y se abrieron las puertas a la
inversión extranjera, que masivamente empezó a llegar al país para apoderarse de
empresas privadas (Coltabaco y Bancoquia, por ejemplo) y estales (Telecom) y
entró al próspero negocio de la Seguridad Social (EPS y fondos de pensiones y cesantías).
Aunque durante el mandato Gaviria se reunió la Asamblea
Nacional Constituyente que dio una nueva carta magna la país y con ella una luz
de esperanza para los colombianos, la aplicación del recetario económico de
Washington no pudo ser más devastador. Las empresas colombianas perdieron competitividad
en el mercado interno, sin estar preparadas para conquistar mercados externos,
la flexibilización laboral aumentó el desempleo y la informalidad, y aunque se
emprendieron planes de modernización de la infraestructura de puertos, vías y
comunicaciones, no fueron suficientes. Todo ello, amén de la época de terror
que sembró Pablo Escobar Gaviria mediante atentados terroristas que parecían
interminables y doblegaban el espíritu de los colombianos, sin que el gobierno
fuera capaz de sortear adecuadamente la situación.
Aunque analistas dicen que Ernesto Samper Pizano tenía uno de los
programas sociales mejor estructurados de los últimos años en Colombia, su
gobierno no pudo desarrollarlos a cabalidad, ya que el mandatario se dedicó a
defenderse de las acusaciones de ingreso de dineros del narcotráfico en su
campaña (Proceso 8.000). Su sucesor, Andrés Pastrana Arango, si bien consolidó
toda la estructura estatal para facilitar el comercio exterior a los
empresarios colombianos, lo más recordado de su gestión es la puesta en marcha del controvertido Plan
Colombia[3] y el fallido proceso de
paz con las Farc, en desarrollo del cual su administración acepta la
desmilitarización 42.000 kilómetros cuadrados en la zona de despeje de El
Caguán, la cual fue aprovechada por la guerrilla para fortalecerse militar y
políticamente, así como para incrementar los secuestros y las extorsiones.
Fue precisamente ese frustrado proceso con las Farc y el
truncado anhelo de paz de los colombianos, lo que hizo que cobrara vitalidad el
discurso guerrerista (Mano fuerte y Corazón grande) de un político regional, de
estirpe campesina, como Alvaro Uribe Vélez, quien con su promesa básica de
acabar con la guerrilla, llega al poder el 7 de agosto de 2002[4].
Si bien durante sus ocho años de gobierno el presidente Uribe
propinó duros golpes a las Farc, como la muerte de Raúl Reyes el 01 de marzo de
2008, no solamente no acabó con esa guerrilla, sino que con la extradición de los
principales jefes paramilitares, se descuadernó la estructura de las
Autodefensas Unidas de Colombia, que devinieron en las hoy conocidas Bacrim
(Bandas Criminales) como los Usúga y Los Urabeños, enfrascadas en continuas
disputas territoriales por el negocio del narco y microtráfico en Colombia.
Pero además, el gobierno de Uribe pasó tristemente a la
historia como el de los falsos positivos, las chuzadas telefónicas a periodistas,
líderes sindicalistas y de izquierda, así como a magistrados de las altas cortes;
el escándalo de la parapolítica y el de Agro Ingreso Seguro. Además durante sus
dos periodos de gobierno, Uribe llevó a cabo impopulares reformas en los campos
laboral, tributario y pensional.
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Santos: caso aparte
Mención aparte merece el actual presidente de los
colombianos, quien se las arregló para hacer parte de los gobiernos anteriores,
con excepción del de Samper. Fue ministro de Comercio con César Gaviria, luego de Hacienda
con Pastrana y fue el ministro de Defensa de Uribe, quien lo nombró en el cargo
en 2006.
Al igual que sus antecesores, pero especialmente Pastrana y
Uribe, Santos ha tenido un asunto prioritario en sus dos mandatos. Pastrana se
jugó todo por la paz, Uribe le apostó a la guerra y al exterminio de las Farc,
y ahora nuevamente Santos le apuesta a la paz, pero descuidando otros aspectos
vitales en la vida del país.
Santos, en su afán de pasar a la historia como el presidente
que firmó la paz con la guerrilla más antigua del mundo, ha cometido incluso la
torpeza de poner fechas tope para la
firma de los acuerdos y en su obstinación por la paz ha descuidado temas
trascendentales como el litigio por la plataforma continental con Nicaragua[5],
sacar adelante la reforma a la educación superior (que tuvo que engavetar ante
la férrea oposición de los estudiantes universitarios), está pendiente una
reforma a fondo del sistema penitenciario y carcelario del país y hace falta un
reforma también de fondo a la justicia en Colombia, pues la reforma del Equilibrio
de Poderes no resultó suficiente. Por otro lado, Santos no ha actuado
diligentemente en el caso de corrupción de la llamada ´Comunidad del anillo´ en
la Policía Nacional.
Como si fuera poco, su gobierno ha manejado de manera desacertada
el sector energético, porque no se sabe a dónde fueron parar US$10 millones de
dólares del cargo por confiabilidad que supuestamente eran para acometer las
obras que permitieran conjurar los efectos adversos del fenómeno climatológico
de El Niño. En este aspecto no solamente estamos ad portas de drásticos racionamientos, sino que para empeorar el
asunto, su gobierno vendió a Isagén y semanas después anunció que Colombia deberá
comprarle energía eléctrica a Ecuador y gas a Venezuela.
Santos tiene pendiente además, llevar al Congreso el proyecto
de la cacareada reforma tributaria estructural para hacer frente a la reducción
de ingresos por la caída de los ingresos petroleros (debido a los bajos precios
internacionales) y la toma de medidas tendientes a frenar la creciente
inflación (en gran parte debida a la devaluación del peso frente al dólar) y reactivar
el crecimiento económico y la generación de empleo.
Pareciera que Santos estuviese aplazando estas medidas en
materia económica, que a todas luces son impopulares -como el aumento del IVA y
la reducción del tope de ingresos para que más colombianos entren a tributar- y
estar apostando todo su capital político a la firma del proceso de paz con las
Farc, esperando que ello le permita recuperar la popularidad perdida en el país
y le de prestigio internacional.
[1]El concepto y nombre del consenso de
Washington fue Presentado por primera vez en 1989 por John Wiliamson,
economista del Instituto Paterson de Economía Internacional. Resume una serie
de temas comunes entre instituciones de asesoramiento político con sede en
Washington, como el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial y
Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, de los cuales se creían
necesarios para la recuperación económica de los países Latinoamericanos
afectados por las crisis económicas y financieras de los 80.
[2]Se creó el Ministerio de Comercio Exterior (ley 07 de enero
16 de 1991).
[3]
Su verdadero nombre es Plan
para la Paz y el Fortalecimiento del Estado. Es un acuerdo bilateral constituido entre los gobiernos de
Colombia y Estados Unidos, con el fin de generar una revitalización social y
económica, terminar el conflicto armado en el país y crear una estrategia de
lucha contra el narcotráfico. Se firmó en 1999 durante las administraciones de los
presidentes Andrés Pastrana y Bill Clinton.
[4]
El 26 de mayo de 2002 fue elegido Presidente
de la República en primera vuelta con el 54.51% de los votos. El 28 de mayo de
2006, luego de que el Congreso de la República aprobara una reforma
constitucional que permite la reelección del Presidente de la República, Álvaro
Uribe es reelegido.
[5]
En sentencia del 19 de noviembre de 2012, la Corte Internacional de
Justicia, resolvió a favor de Nicaragua el caso sobre la disputa territorial y
de delimitación marítima con Colombia, iniciado por el país centroamericano en
2001. La semana pasada la
CIJ se declaró competente para resolver las demandas de Nicaragua sobre
Colombia.
