En el
segundo artículo de esta serie nos ocupamos del desarrollo de las ideas
políticas en el Nordeste antioqueño, las cuales originaron -directa o
indirectamente- la presencia de grupos al margen de la ley en la región (tanto
de izquierda como de extrema derecha), lo que condujo a su vez a una creciente
presencia militar en la zona. En el presente artículo nos ocupamos de los
problemas asociados a la explotación aurífera, empezando por el de la
legalidad/ilegalidad de la actividad minera.
Hay que empezar por explicar que un título minero es un documento que
mediante la figura de la concesión permite extraer minerales de forma exclusiva
y temporal dentro de un área definida y gravar los predios de terceros con las
servidumbres necesarias para ejercer la actividad (Artículo 14, Ley 685 de
2001). (pegar Anexo 4).
Este es justamente uno de los mayores problemas que se presenta en el
Nordeste y específicamente en Segovia, porque es prácticamente imposible
obtener los títulos mineros, ya que el subsuelo es propiedad de la Frontino
Gold Mines, FGM, y gran parte del territorio es reserva forestal. Obviamente,
esto le confiere a la actividad un carácter permanente de ilegalidad, lo que su
vez impide a los mineros beneficiarse de los recursos del Estado y acceder a
créditos.
El gobierno, mediante el decreto 1494 del 3 de junio de 2003, estableció
la zona especial de reserva Doña Teresa, que abarca un territorio de 470
hectáreas, de las cuales el 85% está en Segovia y el 15% en Remedios. El
objetivo es ubicar allí a los mineros informales de forma técnica y
planificada, proyecto del que también hacen parte la Gobernación de Antioquia,
los municipios de Segovia y Remedios, la Dirección Nacional de Minas, el Sena,
Dansocial y la FGM.
Este primer problema, de índole legal y administrativo, se relaciona con
la larga historia de la Frontino Gold Mines en la región, aspecto que tratamos
en detalle a continuación, para luego retomar los demás problemas asociados al
oro en la región.
El caso de la Frontino Gold Mines
Mención aparte en la historia del Nordeste minero merece la presencia de
la compañía Frontino Gold Mines, que ha sido epicentro de la problemática
económica, social y ambiental en la región.
La empresa llegó a nuestro territorio en 1.852, operando con capital
inglés, luego fue propiedad francesa y en la década de los 50 del siglo XX,
norteamericana. En 1887 el gobierno colombiano entregó 12.920 hectáreas a la
compañía, ubicadas en los municipios de Remedios y Segovia (se dice que dos
terceras partes de este municipio pertenecían a la Frontino, o sea, unas 14.000
hectáreas).
Con la ley 20 de 1969, la empresa devolvió a la nación parte de los
derechos adquiridos. Se quedó con 28.071
km2 y cedió el 80%, que el Ministerio de Minas cedió en explotación a
particulares. En la década de 1970 el deterioro del negocio minero-aurífero
desalentó la inversión norteamericana y la empresa pasó a ser colombiana, pero
en avanzado estado de deterioro. En 1977 la empresa se declaró en concordato
preventivo obligatorio, al no ser capaz de asumir la carga prestacional de los
jubilados, en un contexto en el que no tenía reservas de oro exploradas y los
precios internacionales del mineral estaban a la baja.
El concordato -el más largo de la historia empresarial colombiana (27
años)- tenía una cláusula según la cual, en caso de liquidarse la empresa,
cedería los bienes con prioridad a los trabajadores, luego al gobierno y por
último a los particulares. Debido a que el 33% de los gastos estaban representados
por cargas laborales (nóminas, derechos convencionales y pensionales, así como
raciones conquistadas por los trabajadores), en 2004 la Superintendencia de
Sociedades, propone buscar fórmulas para sacar adelante a la empresa, pero
finalmente decreta su liquidación obligatoria.
Estando en ese proceso y operada por el liquidador Fernando Alvarado, el
31 de marzo de 210 se llegó a un acuerdo con la canadiense Medoro Resources
para que ésta, a través de subsidiaria Zandor Capital, adquiriera los activos
de la Frontino por US$380 millones, pese a la férrea oposición del Sindicato de
Trabajadores, quienes alegaban ser los legítimos dueños de la compañía[1].
La
Frontino Gold Mines ha estado en producción durante aproximadamente 155 años,
tiempo durante el cual ha producido más de 4.5 millones de onzas de oro, con
relativamente poco sofisticada tecnología de extracción en muchos de esos años.
De
su propiedad son tres minas de oro subterráneas: El Silencio,
Providencia Sandra K, de las cuales sólo de Providencia se extrae el metal
precioso en la actualidad sobre una base regular. En 2009 produjo
aproximadamente 44.000 onzas de oro a un promedio de 8 gramos por tonelada,
procesando aproximadamente 450 toneladas de mineral por día, de acuerdo con
registros de la compañía.
El
área de licencia cubre 2.871 hectáreas entre los municipios de Segovia y
Remedios en Antioquia. Medoro considera que existe un importante
potencial para ampliar el depósito y la producción de las minas, pero adelanta
un estudio de viabilidad para determinar la potencialidad económica.
Históricamente,
el promedio de calificaciones del oro extraído en El Silencio, Providencia y
Sandra K, ha sido de 8 gramos por tonelada de oro, 12 gramos por tonelada y 6 gramos por
tonelada, respectivamente.
En este ambiente de disputa permanente entre los
dueños del capital y los medios de producción de un lado y los trabajadores
mineros de otro, las huelgas en la Frontino Gold Mines han tenido cierta
regularidad, con la consecuente repercusión en todo el nordeste minero, porque
la actividad de la mina tiene gran impacto en la actividad económica y social
de los municipios de Segovia y Remedios.
En 1919 se efectúa la primera huelga en la Frontino, con proyección
nacional. Luego se da otra en 1926 y una tercera en 1935, cuando nace el sindicato
de trabajadores, Sinfromines. El sindicato organiza otras dos huelgas (1.939 y
1958).
Minería ilegal
Hecho este paréntesis con la referencia a la historia de la Frontino
Gold Mines, retomemos el tema de la legalidad/ilegalidad y otros problemas relacionados
en la producción aurífera.
En declaraciones de prensa, el 23 de febrero de 2011, el Presidente Juan
Manuel Santos calificó la minería ilegal como “un cáncer que debemos
extirpar” y que representa daños no solo para este sector económico
sino para el ambiente.
“Esta práctica criminal no sólo ha generado presiones y
extorsiones para los mineros que trabajan en la legalidad, sino que también ha
significado daños nefastos para nuestro medio ambiente”, precisó el Jefe de Estado, tras
asegurar que detrás de esa actividad ilegal estaban las Farc y las llamadas Bacrim
(Bandas Criminales), que han encontrado en este negocio una
alternativa para financiar sus actividades.
Por eso no extraña el balance que presentara a comienzos de octubre de
2010, el coronel Jorge Andrés Rodríguez, comandante en ese entonces de la
Policía Antioquia, cuando anunció que en
cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 332 (Contaminación Ambiental) y
338 (Explotación ilícita de yacimiento minero y materiales) del Código Penal,
de la Ley 99 de 1993 (utilización de recursos hídricos), de la Ley 1333 de 2009
(procedimiento sancionatorio ambiental), las autoridades cerraron en el
Nordeste cerca de 40 minas, capturaron 39 personas dedicadas a la extracción
ilícita e inmovilizaron e incautaron 16 retroexcavadoras y otros elementos.
Sin embargo, otra cosa piensan los mineros informales. “Se nos está aplicando la normatividad penal
y administrativa, cuando la misma ley lo prohíbe”, dijo en ese entonces Diego
Armando Ruiz, minero de Briceño y presidente de la Confederación Nacional de
Mineros Medianos, Pequeños y Artesanales de Colombia, que agrupa a 80
organizaciones, entre ellas las del Bajo Cauca y Nordeste antioqueño.
Ruíz afirmó enfáticamente que los mineros no son
delincuentes y que, por el contrario, “somos
víctimas de los ilegales. Somos el motor de la productividad en el Bajo Cauca y
Nordeste antioqueño. No tenemos cultivos ilícitos, no robamos, no
extorsionamos, trabajamos honradamente. Que nos permitan trabajar de acuerdo a
las leyes establecidas por el mismo Gobierno. Eso es lo que pedimos”[2].
Invasión de minas y orden público
La minería ilegal es entonces el primer problema asociado a la actividad
extractiva del oro. El segundo problema se asocia con la invasión de las minas,
lo cual genera un conflicto social.
Apogeo significa en el Nordeste, buena producción de oro y por ende atracción
desmedida de población. Segovia es sinónimo de desorden e incapacidad
administrativa para proveer los servicios que demanda la afluencia de población
(pueden llegar hasta 8.000 personas y una vez termina el apogeo se queda el
30%). Hay proliferación de enfermedades, aumento del consumo de licor y de
mercancías en general, aumentan las invasiones en busca de vivienda.
El tercer problema se refiere al orden público, relacionado en parte con
el número de invasores a los predios de la Frontino Gold Mines y el incremento
en el número de informales que acceden a las minas.
En esta situación, el Estado no ha podido ejercer un adecuado papel de
árbitro, es decir, atender en forma cabal a los derechos privados de la
compañía y por otro lado, ofrecer una solución que satisfaga a los mineros
informales, que no ven opciones para acceder al recurso del oro, monopolizado
por la FGM que tiene título a perpetuidad del subsuelo, argumento que esgrimen los
mineros informales para invadir sus predios.
El cuarto problema es la presencia de grupos armados al margen de la
ley, que bajo diferentes modalidades de extorsión usufructúan los yacimientos.
Por ejemplo, en su momento fue bien conocido que los paramilitares respaldaron
la mina El Silencio con la condición de hacerse partícipes del 50% del material
extraído.
Sin
embargo, también hay que reconocer, que pese a toda esta problemática, la
actividad minera en el nordeste -teniendo como eje a la FGM- ha servido de
incentivo para que los mineros informales se organicen mediante la creación de
asociaciones, que en últimas pretenden legitimar y visibilizar su actividad. De
eso nos ocuparemos en el cuarto y último artículo de esta serie.
[1] Ver publicación
del diario El Colombiano “Sindicato rechaza venta de la Frontino Gold” del 27 de abril de 2010.
[2]“Minería
Informal, en una encrucijada” en INFORMACIÓN MINERA DE COLOMBIA: www.imcportal.com
