Con el liderazgo del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y la
Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres, se lanzó la semana pasada la
campaña para el
ahorro de agua, energía y la prevención de incendios, Todos Contra el Derroche. El Ministro, Gabriel Vallejo López, fue
enfático en decir que de los hábitos que asuman los colombianos dependerá que
el país pueda atender las consecuencias del este fenómeno climático.
El Gobierno Nacional, por medio de “Todos Contra el Derroche”,
busca generar conciencia frente a la importancia del ahorro de agua y energía,
especialmente por el fenómeno climático por el que atraviesa el país. Esta
campaña tiene el propósito de convertirse en un movimiento nacional que
contribuya a enfrentar los efectos de la sequía que se está viviendo en gran
parte del territorio nacional, especialmente en las regiones Andina y Caribe.
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Bañarse en 3 minutos, usar las luces de Navidad solo cuando realmente
las estemos disfrutando y prevenir los incendios forestales no prendiendo
fogatas, son algunas de las acciones recomendadas para esta época en la que el
país enfrenta una fuerte temporada de sequía que se extenderá hasta los
primeros meses del 2016.
En general son recomendaciones válidas que pueden ser acatadas y
asumidas por todos los colombianos, debido a que ya se están sintiendo los
efectos negativos del fenómeno climático en la economía colombiana, según lo
advirtió recientemente, el titular de la carteara de Hacienda, Mauricio
Cárdenas Santamaría, siendo la inflación en el precio de los alimentos la más
afectada[1].
Pero el gobierno no se ha limitado
hacer este tipo de recomendaciones tendientes a que los colombianos tomen
conciencia de la situación, sino que anunció que desde diciembre aumentarán las tarifas de la energía, lo cual de
inmediato generó rechazos por parte de gremios económicos, usuarios y entes de
control. Estos entes, como la Personería del Pueblo, hicieron fuertes
cuestionamientos al gobierno por la decisión y a las empresas generadoras -y
especialmente las que tienen plantas termoeléctricas[2]-
que han recibido durante nueve años una especie de seguro para garantizar su
operación, llamado cargo por
confiabilidad, cuyo objetivo era precisamente garantizar
la disponibilidad de la energía en época de escasez de agua.
Acolgen -la asociación de compañías
generadoras- salió al paso a explicar que lo que se pagará no es el cargo por confiabilidad, sino el
diferencial de la pérdida, porque estuvo mal calculado por la Creg (Comisión
Reguladora de Energía y Gas). “Ese cargo
no se puede ver como un valor agregado, lo que está tratando hacer el
Ministerio es asumir ese diferencial, el porcentaje que no quedó cubierto por
el cargo de confiabilidad”, dijo la agremiación de las generadoras en un
comunicado.
Lo que está claro es que esos recursos
debían ser utilizados para que las térmicas incrementaran su producción de
energía cuando se presentara la baja hidrología como consecuencia del fenómeno
climático. Normalmente, Colombia consume 190 gigavatios hora-día de energía, de
los cuales el 70% proviene del parque hidráulico y el restante 30% del térmico.
Cuando hay fenómeno de El Niño, como ahora, las térmicas deben aumentar su producción al 50%, o sea, generar
85 gigavatios hora-día, pero no lo están haciendo porque no tienen la capacidad
instalada y por eso el gobierno debe emprender campañas de uso eficiente del
agua (lo cual está bien) para que el país nos se vea abocado a un racionamiento
del líquido y de energía.
Sin embargo, además de cargarle la responsabilidad de ahorrar agua a los
colombianos que durante nueve años pagamos el cargo por confiabilidad para que las térmicas estuvieran preparadas
por a suplir la baja hidrología, el gobierno no solamente no se está buscando
los culpables o responsables en esas compañías, sino que nos van poner a pagar
esos faltantes a todos los consumidores, que aun así, seguiremos avocados a eventuales
racionamientos, si no tomamos conciencia del uso racional del agua y la
energía.
Lo cierto del caso es que los más de 10
millones de usuarios del sistema interconectado nacional que veníamos pagando
el cargo por confiabilidad, vamos
a resultar pagando las imprevisiones, malos cálculos e ineficiencias del
gobierno, ya que de las las pérdidas por $3 billones, los generadores sólo
asumirán $2 billones y el $1 billón restante, lo asume la demanda, es decir los
consumidores.
Los recursos que servirían de seguro ante una
contingencia, hoy no hay claridad de dónde están. La contingencia se presentó y
lo lógico es que los usuarios estuviéramos cubiertos por la ´póliza´ que pagamos, y que quienes
asumieron el riesgo le respondieran al país. Sin embargo, las
termoeléctricas (que para el ejemplo serían las aseguradoras) dicen que se
gastaron la plata y que no tienen con qué pagar el siniestro.
En declaraciones radiales esta semana, el senador Alexander
López afirmó que los 9.000 millones de dólares
que “pagamos los colombianos por el cargo
de confiabilidad se perdieron” y que ahora el ministro de Minas quiere
solucionar el problema con un aumento en las tarifas de energía.
La explicación que da el gobierno para tratar de justificar
lo injustificable (que se perdió la plata) es que el cargo por
confiabilidad estaba mal diseñado, pero la falla se detecta 9 años después de
estarse pagando dicho cargo, ¿Raro no?
El ministro de Minas y Energía, Tomás González,
diligentemente salió en los medios a anunciar cómo serán los aumentos en las
tarifas, pero no ha explicado en donde están los recursos del cargo de confiabilidad.
Si bien es cierto que el aumento mensual
en la tarifa es mínimo ($400 mensuales para un usuario del estrato 1 y menos de
$3.000 para uno del 6), en el global implica el recaudo adicional de $1 billón
de pesos. Se trata pues de un ´salvavidas´
injustificado para el sector, pues cuando hubo mucha agua no nos devolvieron lo
pagado por el cargo de confiabilidad.
Como si esto fuera poco, la Superintendencia de Servicios Públicos tampoco ha
estado del lado de los usuarios del sistema interconectado nacional y en vez de
ejercer una estricta vigilancia a esos recursos, se ha dedicado a defender la
tesis del gobierno y las generadoras de energía.
Lo más paradójico -y
delicado- es que la Contraloría General de la República había advertido de los
enormes riesgos de darles recursos a los generadores por concepto del cargo de confiabilidad. En el 2013 la
entidad cuestionó la eficacia del esquema al advertir que ese cargo era
ineficaz y que incidía en el precio de la energía en el mercado
mayorista y en el costo de las tarifas finales del servicio de energía
eléctrica a los usuarios.
Seguimos a la espera
de que se señale quiénes fueron los responsables de este desajuste, que se
explique qué pasó con las garantías de los contratos y por qué tenemos que
pagar los colombianos después de que nadie responde por los recursos del cargo
por confiabilidad.
Al igual que muchos
colombianos, aunque soy consciente de que debe haber un uso racional del agua y
la energía, no comparto las acciones que ha tomado el gobierno para conjurar la
crisis y por esa razón estoy de acuerdo con la acción legal que pretende revocar
la decisión del Gobierno de aumentar las tarifas de energía.
