Además de tener el respaldo ciudadano expresado en más de 150.000 firmas
y el aval de varios partidos políticos (Conservador, Partido de la U, Cambio Radical
y parte del Liberalismo) la campaña de Gabriel Jaime Rico a la Alcaldía de
Medellín ofrece a los medellinenses un plus que las otras no tienen: los pactos
de gobernanza.
Estos pactos los firma el candidato con la comunidad, que se organiza
para hacer parte de su programa de gobierno. Grupos comunales, juntas de vecinos,
clubes de vida, clubes deportivos, gremios de comerciantes, redes de emprendedores,
comunidades religiosas, asociaciones de discapacitados, comunidades afrodescendientes,
participan de estos pactos, que el candidato concibe como espacios abiertos
para construir desde abajo.
Son varios temas de interés los que convocan a las comunidades: movilidad,
educación, oportunidades, seguridad, recreación, convivencia, espacio público y
disfrute de la ciudad, entre otros.
“Una Administración Pública de Medellín
basada en el modelo de gobernanza, es, pues, el primer motor del desarrollo del
principio de participación y a la vez el soporte de nuestra óptica de
relacionamiento público-privado”, dice textualmente Rico en su programa de gobierno.
Conveniente es hora tratar de precisar desde lo conceptual, y en
contexto histórico, que es la gobernanza.
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Fotos: Gabriel Jaime Salazar |
¿Qué es la gobernanza?
De acuerdo con el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española,
la gobernanza se entiende como el “Arte o manera de gobernar que se
propone como objetivo el logro de un desarrollo económico, social e
institucional duradero, promoviendo un sano equilibrio entre el Estado, la
sociedad civil y el mercado de la economía”.[1]
Desde 1990, con el profesor valenciano,
Joan Prats I Catalá, surge un creciente consenso en el sentido de que el actuar
público fundamente su legitimidad y eficacia en la calidad de la interacción
entre los distintos niveles del gobierno, pero sobre todo entre éstos y las diferentes organizaciones, tanto de la
sociedad civil como empresariales.
La tesis del profesor Prats[2]
(quien fuera Director del Instituto Internacional de Gobernabilidad de
Catalunya) es sencilla: de la burocracia como paradigma de la racionalidad
administrativa se pasó a la Nueva Gestión Pública y de ésta se está transitando
a la gobernanza -que coexiste con la burocracia y la gerencia pública-, la cual
tiene formas de expresión extraordinariamente plurales.
En definitiva la gobernanza
(llamada por algunos gobierno relacional) es el modo de gobierno característico
de una sociedad compleja, diversa, interdependiente y dinámica en la que el
Estado (en sus diferentes instancias administrativas) actúa con racionalidad
limitada, y en la cual el conocimiento está fragmentado entre diversos actores
y la realización de los intereses generales depende de la calidad de la
interacción entre las Administraciones Públicas.
Se trata entonces de una especie de gobierno multinivel, en el cual, las
relaciones entre los niveles es trascendental, pero también entre éste y las
organizaciones de la sociedad civil y del sector privado. La gobernanza es una
noción que busca describir una transformación sistémica compleja, que se
produce en distintos niveles -de lo local a lo mundial- y en distintos sectores
-público, privado y civil-.
La rápida difusión del término gobernanza desde la década del 90
está relacionada con la intención de tomar conciencia sobre un cambio de
paradigma en las relaciones de poder, ante una insuficiencia del concepto
clásico de gobierno para describir las transformaciones que se han ido
produciendo en el contexto de la globalización.
En el complejo mundo globalizado, que articula lo local con lo global
(glocal), el gobierno -que no pierde sus funciones tradicionales- se percibe
más como coordinador y facilitador. Así la gobernanza se visualiza como un proceso de interacción entre los
diferentes actores sociales y políticos y las crecientes interdependencias[3] entre
los dos, en las sociedades modernas, que son cada vez más complejas, dinámicas
y diversas.
Es
claro entonces, que desde el nuevo concepto de gobernanza, los gobiernos no son
los únicos actores que deben enfrentar los grandes problemas sociales, sino que
éstos constituyen también retos para las organizaciones sociales y
empresariales.
Sin
embargo, no hay un modelo único de gobernanza, sino que su estructura varía
según el gobierno y el nivel administrativo considerados, según advierte el
profesor Prats I Catalá, pues debe ser multifacética y plural, orientada a
buscar la eficiencia adaptativa y por tanto exige flexibilidad y
experimentación.
Los
roles de la administración pública alineada con el modelo de gobernanza
democrática, apuntan no sólo al desarrollo de la función legal y normativa
(cumplir y hacer cumplir la ley), sino también a la función de gestión de
servicios orientada a generar protección o bienestar a los ciudadanos, y a la
función relacional expresada en el diálogo, la consulta, la participación, la
colaboración y cooperación con la sociedad civil.
Lo que no es la gobernanza
Pese
a que en general hoy existe consenso en que la gobernanza es una nueva forma de
gobernar en la que la eficacia y legitimidad de los gobiernos democráticos se
fundamenta en la calidad de la interacción entre éstos y las
organizaciones económicas y sociales,
según Josep Pascual y Xavier Godás[4], es
necesario no confundirla con otros conceptos como gobernabilidad.
Explican
los autores que la gobernabilidad es
la capacidad de un gobierno para formular y llevar a la práctica decisiones
públicas mediante los cauces institucionales vigentes. Es un atributo del
sistema político, de su resultado operativo.
Por
su parte, el buen gobierno, se
refiere a gobernar bien, a que el gobernante sea capaz de tomar decisiones, de
hacer que se cumplan y que ellas tengan algún impacto sobre la comunidad gobernada.
Los modos de actuación pueden ser el burocrático, el gerencial o la misma
gobernanza.
La evaluación de impacto,
aplicada a la gestión de las políticas públicas, examina la dinámica operativa
y finalista del gobierno, pero no el proceso político de la gobernanza como
modo de gobernar.
Tampoco debe confundirse la gobernanza con la dimensión participativa promovida por el gobierno, en la cual la
participación ciudadana tiene un carácter instrumental en beneficio de los
objetivos previamente definidos por el gobierno para maximizar la productividad
de la administración pública.
Cómo analizar o estudiar la gobernanza
El Instituto de Gobernanza Empresarial y
Pública[5]
(IGEP) de Argentina, propone que el estudio de la
gobernanza debe centrarse en todos los mecanismos, procesos y reglas a través de
los cuales se ejerce la autoridad económica, política y administrativa de una
organización, tanto empresarial como estatal o del tercer sector (ONGs). Busca
comprender cómo queda determinada la conducta de las instituciones por todo el
variado conjunto de agentes y reglas que influyen sobre ella.
Este moderno enfoque multidisciplinario analiza,
entre otras cosas:
· Cuál es el diseño
interno de una estructura organizacional.
· Cómo opera el
sistema de incentivos que regula las relaciones entre sus miembros.
· Cómo impactan las
normas legales que rigen sus acciones.
· Cuáles son las
restricciones morales y sociales que pesan sobre la conducta de sus
funcionarios, directivos o gerentes.
· Cómo influyen en
la organización los distintos actores (stakeholders), con intereses
potencialmente afectados por ella.
De acuerdo con el IGEP, los
principales grupos de disciplinas académicas involucrados en el estudio de la
gobernanza, son: las teorías del comportamiento de las organizaciones
y los aspectos sociales del management, las teorías económicas de los costos
transaccionales y la economía institucional, las teorías jurídicas sobre la
personalidad de las sociedades y el derecho laboral, las teorías financieras
sobre corporate governance y su regulación legal, las nuevas teorías
sobre recursos humanos y liderazgo, la filosofía de la economía, la ética en
los negocios, la ciudadanía corporativa y la responsabilidad social empresarial
(RSE), los estudios de políticas públicas y las regulaciones de las relaciones
entre el Estado, las empresas y las ONGs.
[1] Diccionario de la lengua española (22.ª edición), Real Academia Española,
2001.
[2] Prats I Catalá, Joan (2005). De la burocracia al management, del
management a la gobernanza, las transformaciones de las administraciones
públicas de nuestro tiempo. Instituto Nacional de Administración Pública.
Madrid.
[3]
Kooiman, Jan (2003). Consejo de gobierno. Sage.
[4]
Pascual, Josep y Godás, Javier. El buen
gobierno 2.0: La gobernanza Democrática Territorial. Ciudades y regiones por la
cohesión social y una democracia de calidad. Valencia. Tirant Lo Blanch,
2010. P.p. 20-21.
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