Esta semana el Consejo de Estado anunció que la
decisión sobre la legalidad o ilegalidad del proceso de enajenación de la
participación del Estado en Isagén será notificada a las partes en
aproximadamente un mes, luego de que tanto el Gobierno como los demandantes
presenten sus alegatos frente a más de 50 pruebas que fueron incluidas dentro
del proceso.
Según el magistrado Hugo Bastidas, las solicitudes
hechas a la Contraloría para determinar el impacto de la venta sobre la
estructura patrimonial del Estado, los estados de pérdidas y ganancias de los
últimos cinco años y el histórico del valor de la acción de la firma, entre
otros, fueron entregadas y serán tenidos en cuenta para la decisión final.
Lo que esperamos todos los colombianos es que -en
una sensata decisión- la sentencia final Consejo de Estado sea un fallo
favorablemente a las demandas presentadas contra el decreto 1609 de 2013, que
autoriza al Estado la enajenación del porcentaje de acciones que tiene la
Nación en Isagén (57%).
Cabe recordar que la Sección Cuarta del Consejo de Estado -que
lleva el proceso-suspendió provisionalmente desde marzo
la venta de la generadora de energía, al estimar que se trata
de un tema de trascendencia nacional por involucrar importantes recursos de la
Nación.
El gobierno colombiano ha justificado la venta de
la compañía en la necesidad de recursos para financiar las autopistas de cuarta
generación (4G), que son consideradas trascendentales para la competitividad
del comercio exterior. La necesidad de estas vías nadie la discute, lo que se
pone en entredicho es que los recursos tengan que provenir de la venta de una
empresa estatal exitosa.
Una generadora con muy
buenos resultados
No se explica uno como el Estado, con criterios
meramente fiscalistas, quiere salir de una empresa que ha mostrado niveles de
utilidades superiores a los $400 mil millones de pesos durante todos los años
de esta década y tiene enormes expectativas de crecimiento, sobre todo con la
puesta en marcha de HidroSogamoso desde el año pasado.
Los ingresos del primer trimestre de 2015 aumentaron un
26% y las utilidades antes de impuestos un 33%, pese a que la utilidad neta
disminuyó un 27%, pero debido fundamentalmente al impacto negativo que tuvo la
reforma tributaria del año pasado sobre sus finanzas.
Entre abril y junio pasado la segunda generadora de
energía del país, incrementó un 47% la producción de energía (3.549
gigavatios-hora), lo que se reflejó en un aumento de 7% en los ingresos, que
sumaron $656.325 millones.
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| HidroSogsamoso durante la fase de construcción |
En este lapso, el Ebitda (flujo de caja operativo)
se incrementó el 146% al totalizar los $323.454 millones. La utilidad neta de
Isagén cerró en $115.175 millones, es decir $33.389 millones más que en el
segundo trimestre de 2014, con un incremento de 41%.
El buen desempeño entre abril y junio ayudó a
compensar el impacto en los estados financieros del nuevo Impuesto a la Riqueza
del primer trimestre. De esa manera, entre enero y junio, Isagén acumuló
ingresos por $1.3 billones, un 16% más que en la primera mitad de 2014.
Por eso, Isagén está
entre las 25 primeras empresas en Colombia. El Gobierno colombiano, que posee el 57% , entre 2014 y 2020 podría
recibir dividendos por más de $1.1 billones.
Además, en sí misma Isagén, es un mecanismo natural con
el que cuenta el Estado colombiano para hacer un control de precios en la
generación y comercialización de energía, pues actualmente maneja el 23% de la
demanda energética del país.
Actualmente la empresa estatal tiene una capacidad instalada es de 3.032
MW distribuida en 2.732 MW hidráulicos y 300 MW térmicos por la entrada en
operación de la Central Hidroeléctrica Sogamoso en 2014. Opera siete centrales
de generación de energía ubicadas en los departamentos de Antioquia, Tolima,
Santander y Caldas.
Es la segunda generadora más grande de
Colombia, lo cual la consolida como agente fundamental en el desarrollo de la
industria de energía del país. Su participación en la generación en el Sistema Interconectado
Nacional (SIN) es de alrededor del 16%.
Empresas corruptas
quieren quedarse con Isagén
Las tres empresas que
están en la puja: Colbún de Chile, el fondo financiero Brookfield de Canadá
y la francesa GDF Suez, cargan con escándalos de corrupción.
Colbún de Chile, privatizada
en 1999, pertenece a los grupos Matte y Angelini, y a administradoras de
pensiones de firmas como Principal Finnancial, MetLife y Sura.
Fue forzada a
suspender en 2014 el proyecto HydroAysén, que quería ejecutar a toda costa en
contra del ambientalismo austral. Colbún tiene comprometido el 64% de su capital y debe endeudarse para una
eventual adquisición de la firma colombiana.
La austral Colbún fue
acusada por haber dado coimas al Partido Socialista y al Partido por la
Democracia, para que el gobierno chileno privilegiara a la alemana Siemens en
la compra de turbinas hidroeléctricas que no cumplían con las especificaciones
requeridas, todo lo cual derivó en la
crisis energética que sufrió Chile en 1999.
La canadiense
Brookfield. Por su parte, es un fondo de capital que ya tiene presencia en el
sector energético colombiano, pues a finales de 2011 se hizo a la propiedad de la Empresa de
Energía de Boyacá (EBSA), aportando solo el 25% de los recursos de la compra;
el 75% restante corrió por cuenta de los ahorros de los colombianos en los
fondos de pensiones.
El fondo Brookfield
Asset Managment tiene en activos en energía, infraestructura y propiedades, con
títulos listados en las bolsas de Nueva York, Toronto y Ámsterdam. Sus dueños son
bancos canadienses, como Nova Scotia, Toronto-Dominion y el Royal Bank of
Canada, así como fondos institucionales. Maneja activos por US$200.000 millones
de dólares, el 70% de ellos en Estados Unidos, en Norte y Suramérica, Europa,
Asia y Australia.
La francesa GDF Suez
también ha protagonizado casos de corrupción en España que involucran al
gobierno de Mariano Rajoy, hechos que derivaron en el arresto del secretario
del Partido Popular, Francisco Granados.
GDF Suez -ahora ENGIE-
es una compañía de electricidad, gas y servicios cuyo mayor accionista es el
Estado de Francia. Sus activos suman 165.300 millones de euros y su deuda
financiera es de 27.500 millones. Para apalancarse financieramente acaba de
emitir este año bonos en Europa por 500 millones de euros a 20 años. Los
prestamistas son Bank of America, Barclays, Crédit Agricole y BNP Paribas.
El atractivo mercado eléctrico colombiano
El mercado de
electricidad en Colombia es bastante atractivo para las multinacionales, puesto
que el costo de la energía para los usuarios está muy por encima del costo de
vida, con la complacencia del gobierno, que a través de la Comisión de Regulación de Energía y
Gas, CREG, hace las veces de regulador. Entre 2002 y 2015, el costo de
generación en la tarifa subió el 108%, mientras que el IPC creció 58.5% y un
oligopolio –incluida Isagén– maneja el 75% de este componente.
Además, el consumo, con
cobertura del 96%, puede ampliarse más, puesto que el promedio por habitante es
1.123 KW-h/año, menos que Ecuador y Costa Rica y la mitad de Brasil, pero -según
la UPME- crecerá a futuro al 3.9%.
Por eso está previsto
que a partir del año 2018 aumentarán las exportaciones anuales, al despachar a
Panamá 173 Gw-h., que se sumarán a las ventas actuales a Venezuela y Ecuador,
de más de 700 Gw-h.
Como si fuera poco, la
multinacional extrajera que se quede con el 57% de Isagén, pagando el precio
base de $5.2 billones, gozará de otros beneficios e incentivos ocultos, pues tomará
el control sobre $8.5 billones de activos. Además, como lo explica Aurelio
Suárez Montoya en su columna de El Tiempo:
Al valorarse la empresa
por flujos futuros, los activos sin incidencia directa en los ingresos
(vehículos, lotes, etc.) se liquidan prontamente para recuperar la inversión
por vía de descapitalizaciones, como pasó con Codensa. Esto sin descontar que
en la tarifa, la variable WACC que remunera el capital invertido, se retribuye
al doble que en otros países[1].
En consecuencia, el
interés de los compradores –empresas fachadas del capital especulativo global- no
es transmitir bajos precios ni su know-how al sector energético nacional, tampoco
reemplazar al Estado como regulador natural.
Para terminar, es
preciso recordar que esa tendencia privatizadora no es nueva, el proceso de venta de activos estatales inició a
finales de la década de los 80´s, cuando los gobernantes nacionales (Virgilio
Barco y sobre todo César Gaviria Trujillo) decidieron subordinar a Colombia a
los mandatos del Consenso de Washington, que es un listado de políticas económicas consideradas durante
los años 90 por los organismos financieros internacionales y centros
económicos, con sede en Washington D.C[2]
como el modelo económico a seguir por los llamados países en desarrollo.
Las fórmulas abarcaban políticas en áreas tales
como la estabilización macroecónomica, la liberación económica con respecto tanto
al comercio como a la inversión, la expansión de las fuerzas del mercado dentro
de la economía doméstica y la enajenación de activos estatales, entre otras.
Tras el apagón de 1992, en 1993 Gaviria anunció la
reestructuración del sector eléctrico colombiano y un año después se publicó la
Ley 143 de 1994[3]
que abrió la puerta a la privatización de los servicios públicos. También
siguieron por esta línea como política de Estado, Andrés Pastrana, Alvaro Uribe
-aunque hoy diga que está en contra de las privatizaciones- y ahora Juan Manuel
Santos con su intención de poner a Isagén en poder del capital especulativo
internacional, so pretexto de necesitar esos recursos para construir las carreteras
en doble calzada que tanto necesita Colombia.
[1]
“Isagén como commodity, ganga para el capital especulativo”, Aurelio Suárez Montoya,
El Tiempo, mayo 18 de 2015. Disponible en: http://www.eltiempo.com/opinion/columnistas/isagen-como-commodity-ganga-para-el-capital-especulativo-aurelio-suarez-montoya-columnista-el-tiempo/15772982 (Consultado el 31 de julio de 2015).
[2]
El término Consenso de Washington fue acuñado en 1989 por el economista
John Williamson para describir un
conjunto de diez fórmulas relativamente específicas dentro de un paquete de
reformas "estándar" para los países en desarrollo azotados por la
crisis.
[3] Por la cual se establece el régimen para la generación, interconexión,
trasmisión, distribución y comercialización de electricidad en el territorio
nacional, se conceden unas autorizaciones y se dictan otras disposiciones en
materia energética.
Completamente de acuerdo. Es de recordar que ese interés privatizador ha alcanzado a los sectores sociales como la educación y la salud. siendo en este ultimo campo donde más se ha visto lo nefasto de dejar que sea el libre comercio quien regule las condiciones de prestación de este tipo de servicios que en realidad son derechos de los ciudadanos. El interés de privatizar a Isagen se encuentra en la misma línea de lo sucedido con UNE y lo que podría suceder en un corto plazo con EPM si ciertos personajes llegan a la alcaldía de Medellín.Han sido ya varias las intentonas por colocar el tema de EPM en la palestra pero el fracaso hasta ahora non garantiza que retornen los esfuerzos por hacerlo, y que decir de los intentos sobre la FLA? Todo bajo el supuesto paraguas de la globalización.
ResponderEliminarPor cierto muy buen blog. Siempre lo leo
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