En materia de paz el presidente Juan Manuel Santos, dio un paso
trascendental al reconocer la existencia del
conflicto armado interno y abrir de esta manera la posibilidad de una salida
negociada, producto de lo cual son las conversaciones de La Habana con las Farc
y los acercamientos con el ELN.
Sin
embargo, no puso ninguna condición a las Farc y con esta organización
guerrillera decidió el tortuoso y sinuoso camino de negociar en medio del
conflicto, lo que implica -ni más ni menos- que la guerrilla seguiría con sus
actividades ´normales´, es decir, atacando la infraestructura vial y energética
del país, custodiando cultivos ilícitos, reclutando menores, extorsionando y
secuestrando; la contraparte, es decir, el gobierno, debería seguir -como es
apenas obvio- obedeciendo el mandato constitucional de preservar el orden,
brindar seguridad a los ciudadanos manteniendo el monopolio legítimo de la
fuerza, podía seguir bombardeando y atacando por tierra a las trincheras y
escondrijos de los frentes guerrilleros de las Farc.
En
repetidas ocasiones -en desarrollo de los diálogos- el grupo insurgente
insistió en el cese al fuego bilateral, a lo que el gobierno dijo enfáticamente
que no, que esta decisión está reservada para el final del proceso, o sea,
cuando la firma del convenio de paz se
produzca o sea inminente. Como muestra de su voluntad de paz, las Farc declararon en cuatro ocasiones el cese unilateral del fuego -en una de ellas de
manera conjunta con el ELN-. En términos generales la guerrilla cumplió, por lo
cual por breve tiempo -y también como muestra de buena voluntad- el gobierno
suspendió los bombardeos aéreos.
Sin
embargo, la misma guerrilla incumplió su decisión y el 14 de abril atacó un
campamento militar en el Cauca, el cual dejó 11 militares muertos. La reacción
del gobierno no se hizo esperar y tras reanudar los bombardeos, entre la
presente semana y la pasada, abatió a por lo menos 40 guerrilleros, en
diferentes acciones, la más significativa en Guapi (Cauca), donde murieron 26
subversivos. La reacción de las Farc fue la suspensión del cese unilateral del fuego. Además, esta semana, en
sendas acciones ofensivas, el ejército colombiano abatió a Pedro
Nel Daza Martínez, alias “Jairo Martínez” jefe militar del Bloque
Sur (comandante del frente 14 con presencia en Caquetá y Guaviare) y a Adán de Jesús Jiménez, tercero al mando
del frente 36 (Antioquia).
Estas decisiones y acciones son claro ejemplo de lo
que puede suceder cuando se decide negociar en medio del conflicto, que
definitivamente es tensionante para las partes sentadas a la mesa, porque en
cualquier momento se registran situaciones como las señaladas, que pueden
conducir no sólo a suspensiones temporales de las negociaciones, sino también a la terminación abrupta de los diálogos.
Algunos sectores, como el Centro Democrático, han
criticado la decisión de Santos de sentarse a negociar en medio del conflicto y
sostienen que el gobierno debió poner como condición la entrega de las armas por
parte de la guerrilla para poder iniciar las conversaciones de paz, olvidando
que desde el lado de las Farc, eso equivaldría a una rendición. Recordemos que,
en su momento el M-19 entregó las armas, pero luego de la firma del tratado de
paz.[1]
Olvida el Centro Democrático que la promesa de su
líder Alvaro Uribe, durante su mandato
inicial, fue derrotar militarmente a la guerrilla, para lo cual contó con el
apoyo del sector privado que proveyó los recursos para dotar de equipos e
inteligencia a las fuerzas armadas colombianas, a parte de la cuantiosa tajada que
se tomó del presupuesto nacional.
Con Santos como su ministro de Defensa, Uribe dio
contundentes golpes a las Farc, siendo una de las más significativas la baja de
uno de sus cabecillas, Raúl Reyes, el 1 de marzo de 2008 en territorio
ecuatoriano. También hay que reconocer que Santos como presidente propinó
golpes fuertes a las Farc, como la muerte de Víctor
Julio Suárez Rojas, alias Jorge Briceño Suárez o “Mono Jojoy", abatido en la Operación Sodoma el 22 de septiembre del 2010 en un bombardeo a uno de sus
campamentos en La Macarena (Meta)- recién llegado Santos a la Presidencia- y la
de Guillermo León Sáenz Vargas, alias ‘Alfonso Cano’, abatido el 4 de noviembre
del año 2011, en un bombardeo de la Fuerza Aérea y con un gran despliegue del
Ejército Nacional, en el sur del país.
Lo cierto del caso es que Uribe no derrotó a la
guerrilla de las Farc, pero -hay que reconocerlo- la sacó de las goteras de
Bogotá y las principales ciudades, la arrinconó en los sitios más alejados y
selváticos, debilitó sus estructuras operativas, logísticas y financieras. De
tal suerte, que ese grupo
guerrillero decidió posponer su objetivo de lograr el control territorial para concentrase,
en cambio, en el control de posiciones estratégicas que garantizaran su
supervivencia y la continuidad de la guerra.[2]
En otras palabras, Uribe diezmó a las Farc,
guerrilla que entonces decidió cambiar de estrategia.
Al no estar derrotada (al comienzo del gobierno
Santos), no se podía esperar que esa
guerrilla entregase las armas como fase previa a las conversaciones. Sin
embargo, es de reconocer que con las contundentes acciones emprendidas durante
su prolongado gobierno, Uribe puso a la guerrilla en posición de negociar, ya
que cuando el enemigo está derrotado no negocia, se entrega; y cuando está
fortalecido tampoco, sino que trata de imponerse por la fuerza. Claramente con
las Farc no ocurría ni lo uno ni lo otro, ni estaba fortalecida ni estaba
acabada, más sí de alguna manera diezmada.
Al llegar Juan Manuel Santos a la Presidencia de la
República de Colombia, parece haberse dado cuenta de esa situación, es decir,
de que ni la guerrilla tenía tanto poder para hacer daño pese a no estar
derrotada y que el gobierno, aunque destinaba gran cantidad de recursos y había
mejorado ostensiblemente la capacidad operativa de las fuerzas militares,
tampoco estaba en capacidad de derrotar a las Farc. Conclusión, la negociación
parecía entonces la única salida posible al dilatado y sangriento conflicto
colombiano de casi seis décadas. Y era preciso hacerlo en medio del conflicto,
y así lo entendieron y convinieron las partes.
Para que el gobierno pudiese negociar, debía, además
de reconocer la existencia de un conflicto interno, dar reconocimiento político al adversario (las Farc) para poder que las conversaciones -desde el punto de
vista político (no jurídico o legal) -se produjeran entre iguales y al mismo
nivel.
El ejemplo más reciente de negociación en medio del conflicto se
registró en Birmania, país del sudeste asiático, donde en mayo de 2013, el gobierno firmó un alto el fuego con la
guerrilla kachin. Aunque se alcanzaron compromisos para la mayoría de los
puntos, algunas de las cuestiones más conflictivas fueron retiradas para
permitir por fin la firma de este proyecto y el cese definitivo de las
hostilidades.
En el caso colombiano, el cese bilateral es un asunto espinoso que no ha tenido
desarrollos concretos y sería deseable, dadas las vicisitudes
de adelantar un una negociación en medio del conflicto, que se llegase a él lo
más pronto posible. Sin embargo, al juzgar por la evidencia del poco avance que
registran las negociaciones, quizás no sea la mejor alternativa en este momento,
pues lo más aconsejable -como en el caso birmano- es que sea un punto al que se
llegue al final del acuerdo.
Si se mira en
perspectiva el avance del proceso en estos casi tres años, podría pensarse que
es significativo, pero más allá del afán del presidente Santos de alcanzar un
acuerdo antes de que termine su mandato -con la íntima intención quizás de
ganarse el Premio Nobel de paz-, es lógico lo que plantea en el sentido de
darle celeridad al proceso, que es lo que permitiría poner punto final a los
enfrentamientos.
En este aspecto es bueno
mirar otros ejemplos en el mundo, en los cuales se ha llegado a un acuerdo
relativamente rápido y se ha logrado el cese bilateral al fuego. Para no salir
del ámbito latinoamericano, se pueden mencionar solamente dos casos, los de El
Salvador y Guatemala en Centroamérica.
En el primer caso, en 1992, en Chapultepec (México) se dio por terminado
el conflicto por la mediación de la ONU. Después
de los Acuerdos de Paz en la década de los 90, el grupo revolucionario
salvadoreño pasó a ser un partido político legal.
Guatemala, que padeció un conflicto armado por 36 años, con más de
150.000 muertos y unos 200.000 desaparecidos, inició el proceso de negociación en 1991 en Querétaro (México). Sin embargo, fue
durante el gobierno de Ramiro de León Carpio, en 1994, que se estableció una
mesa firme con la mediación de las Naciones Unidas y se suscribieron los
acuerdos de paz. El acuerdo final se firmó en 1996.
La gran diferencia entre el caso colombiano y esos dos conflictos
-y otros internacionales- es que en nuestro país el narcotráfico sirve de
combustible, lo que hace más compleja la negociación. Además de que en los últimos
años la minería ilegal ha sido otra fuente de ingresos económicos y le sirve a la guerrilla como recurso de
control territorial.
Sin embargo, como hecho positivo en el caso colombiano
frente a los dos casos de Centroamérica, es que en ellos no se pensó en las
víctimas, mientras que en el proceso con las Farc si se está tratando ese tema,
es el punto 5 de la agenda, pero quizás debió ser el primero. Ojalá en este
aspecto se pueda además
de garantizar la verdad, también la justicia y la reparación.
[1] Este grupo-celebre
por acciones audaces como la toma la Palacio de Justicia- entregó
sus armas el
8 de marzo de 1990 en
Santo Domingo, Cauca.
[2]
Entre el periodo 2002-2010, el gobierno Uribe Vélez
presenta cifras cercanas a las 40 mil capturas, a las 17 mil desmovilizaciones
individuales y a los 8 millones de unidades de munición incautadas a las
guerrillas. La cifra oficial de guerrilleros muertos en combate llega a los 16
mil entre 2002 y 2010. Publicado originalmente en Vanguardia.com en la siguiente dirección: http://www.vanguardia.com/historico/70932-las-victorias-y-derrotas-de-uribe-velez.
